El escándalo por el ingreso irregular de 32 maletas presuntamente con droga en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru continúa creciendo y ya involucra repercusiones judiciales, diplomáticas y políticas de gran alcance. La Cancillería confirmó la anulación del pasaporte diplomático de la exdiputada suplente y actual candidata a concejal Laura Rojas Ayala, documento que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para evadir controles aduaneros en el arribo de un vuelo chárter procedente de Estados Unidos.
El pasaporte diplomático N° DE01266, otorgado a Rojas en septiembre de 2022 por solicitud de la Cámara de Diputados, fue anulado de oficio el 13 de noviembre de 2025 luego de que la exlegisladora no devolviera el documento tras concluir su mandato, a pesar de los compromisos y gestiones formales para su devolución. La medida fue comunicada a Interpol y a la Dirección General de Migración, quedando el documento inválido para cualquier tránsito fronterizo o uso oficial. La Cancillería advirtió que el uso de pasaportes diplomáticos anulados o invocar prerrogativas inexistentes para evadir controles constituye un hecho que será investigado y sancionado penalmente.
En paralelo, el caso genera tensiones en el ámbito electoral municipal. Gary Añez, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la alianza Primero Santa Cruz, confirmó que se espera una reunión con Rojas Ayala para definir su situación política, ante la posibilidad de que se retire de la candidatura debido a la magnitud del escándalo y las implicaciones judiciales.
El Gobierno, a través del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, rompió el silencio y aseguró que “no hay intocables” y que cualquier irregularidad será sancionada conforme a la ley. Justiniano explicó que la demora en pronunciarse se debió a la necesidad de no interferir en la investigación en curso, enfatizando que “lo que afecta a un Gobierno es encubrir; actuar conforme a la ley fortalece la institucionalidad”.
El caso también tiene derivaciones judiciales directas: fue aprehendido el juez Heberth Zeballos, acusado por tráfico de sustancias controladas. Según la investigación, Zeballos sería propietario del galpón donde se secuestraron varias maletas con 79 kilos de marihuana, presuntamente parte del mismo cargamento que ingresó por el aeropuerto Viru Viru.
Laura Rojas Ayala fue citada a declarar como testigo el lunes próximo, mientras la Fiscalía y la Policía profundizan las investigaciones para determinar si existe una conexión directa entre el ingreso del equipaje, el uso del pasaporte diplomático y la actuación del juez implicado. Autoridades enfatizaron que no habrá encubrimiento de ninguna irregularidad, independientemente de la jerarquía o cargo de los involucrados, y que todas las responsabilidades serán establecidas conforme a la ley.
Especialistas en derecho y seguridad aeroportuaria indicaron que este caso evidencia fallas en los controles del aeropuerto, la necesidad de reforzar los protocolos de revisión de equipaje y la importancia de mantener mecanismos de fiscalización eficientes para evitar que documentos oficiales sean usados indebidamente. El Gobierno reiteró que se tomarán medidas correctivas y preventivas para garantizar que hechos similares no se repitan y que la investigación avance con total transparencia y sin interferencias políticas o institucionales.
El escándalo de las 32 maletas ha generado repercusión nacional e internacional, poniendo a prueba la capacidad del sistema judicial, la fiscalización aduanera y la supervisión de pasaportes diplomáticos, mientras ciudadanos y autoridades esperan que se esclarezcan todos los hechos y se sancione a los responsables.
