La Aduana Nacional inició una investigación interna exhaustiva sobre los procedimientos de control aplicados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, luego del polémico ingreso de 32 maletas el pasado 29 de noviembre de 2025. Estas maletas estarían vinculadas a una exdiputada y actual candidata a concejal, y su aparición se produce en el marco de una investigación más amplia por presunto tráfico de sustancias controladas, que se desató tras el hallazgo de droga en un galpón cercano al aeropuerto.

El principal objetivo de la investigación aduanera es determinar si se presentaron irregularidades, negligencias u omisiones en los procesos de revisión del equipaje que permitieron que las maletas salieran del aeropuerto sin cumplir con los controles establecidos por ley. Autoridades aduaneras destacaron que la acción busca colaborar estrechamente con las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía, asegurando que todos los procedimientos se lleven a cabo de manera transparente y bajo la supervisión de los organismos competentes.

El presidente de la Aduana Nacional subrayó que “no se encubrirá ningún acto de corrupción, sea quien sea”, y aseguró que cualquier irregularidad que sea detectada en los procedimientos será sancionada conforme a la normativa vigente. Además, indicó que la institución está reforzando los controles en todas las áreas del aeropuerto, con especial atención a los procedimientos de revisión de equipaje y a la cadena de custodia de los bienes que ingresan y salen del país.

En el marco de las pesquisas, la exdiputada vinculada al caso fue citada a declarar como testigo. Su abogado aclaró que ella solo viajó en el vuelo investigado con dos maletas personales y que no es propietaria de las 32 maletas en cuestión. Testimonios y documentos preliminares muestran que las investigaciones continúan avanzando con la participación activa de la Fiscalía y de la Policía, quienes buscan esclarecer la procedencia exacta de las maletas, las posibles conexiones con el hallazgo de sustancias controladas y si existen responsabilidades penales asociadas.

Especialistas en control aduanero y seguridad aeroportuaria señalan que casos como este evidencian la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de supervisión y fiscalización, así como la capacitación del personal encargado de la revisión de equipaje, para prevenir que incidentes similares puedan repetirse en el futuro. La Aduana indicó que se revisarán los registros, cámaras de seguridad, reportes de supervisión y toda la documentación relacionada con el ingreso de las maletas para garantizar la transparencia y responsabilidad en las actuaciones de sus funcionarios.

Las autoridades aseguraron que la investigación no solo busca sancionar posibles irregularidades, sino también establecer medidas preventivas y correctivas que refuercen los mecanismos de control en aeropuertos y fronteras. El caso de las 32 maletas ha puesto en evidencia vulnerabilidades en la cadena de revisión de equipaje y ha generado una coordinación más estrecha entre Aduana, Fiscalía y Policía, con el fin de garantizar que los procedimientos se ajusten estrictamente a la ley y que los responsables de cualquier irregularidad sean llevados ante la justicia.

El Gobierno nacional se pronunció de manera oficial este miércoles en relación con el denominado caso de las 32 maletas, un hecho que ha generado amplia repercusión y cuestionamientos públicos por el presunto ingreso irregular de equipaje que no habría sido sometido a los controles establecidos. Desde el Órgano Ejecutivo se aseguró de forma categórica que ninguna persona está por encima de la ley y que no existirá protección para ningún implicado, independientemente del cargo o la función que desempeñe.

Las autoridades informaron que el caso ya se encuentra en conocimiento de las instancias competentes, las cuales llevan adelante las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el ingreso de las maletas, qué procedimientos fueron vulnerados y si existieron fallas, omisiones o actos deliberados que permitieron eludir los controles. En ese marco, se instruyó a todas las entidades y funcionarios involucrados a brindar plena colaboración, facilitando el acceso a documentación, registros y toda la información que sea requerida.

Desde el Ejecutivo se remarcó que el objetivo central de las investigaciones es establecer responsabilidades claras, tanto en el ámbito administrativo como en el penal, sin considerar jerarquías ni vínculos institucionales. “No hay intocables y se llegará hasta las últimas consecuencias”, señalaron autoridades, subrayando que el Estado tiene la obligación de actuar con transparencia y firmeza ante hechos que puedan vulnerar la normativa vigente y la confianza ciudadana.

Asimismo, se indicó que el proceso se desarrollará respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero con un enfoque riguroso orientado a esclarecer los hechos en su totalidad. Las autoridades explicaron que, una vez concluidas las investigaciones, los resultados serán comunicados de manera oficial a la población y se adoptarán las medidas correctivas necesarias para fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.

El Gobierno sostuvo que este caso pone a prueba los sistemas de control del Estado y reiteró su compromiso de evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. En ese sentido, no se descarta la revisión de protocolos y procedimientos internos, así como la aplicación de sanciones ejemplares en caso de confirmarse irregularidades.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes en el municipio de Cuatro Cañadas, cuando un bus interprovincial que cubría la ruta entre Santa Cruz y Guarayos volcó a la altura de una empresa agrícola, en la carretera con dirección a San Julián. El siniestro provocó la muerte de una mujer y dejó a varios pasajeros heridos, algunos de ellos con lesiones de gravedad.

Según la información preliminar, el vehículo transportaba aproximadamente a 60 pasajeros y, por causas que aún son materia de investigación, terminó volcado a un costado de la vía. La víctima fatal fue identificada como Barbarita Aracu Figueroa, de 26 años, oriunda de Guarayos, quien quedó atrapada bajo la estructura del bus y perdió la vida en el lugar del accidente.

Equipos de emergencia y personal de salud acudieron rápidamente a la zona para auxiliar a los heridos. La mayoría de los afectados fue trasladada al Hospital Municipal de Cuatro Cañadas, mientras que los pacientes con lesiones más graves fueron derivados a centros médicos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Testigos relataron momentos de desesperación y confusión tras el vuelco, así como la rápida intervención de ambulancias y rescatistas para socorrer a los pasajeros.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades. El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos en las rutas interdepartamentales del país y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial.

El Senado aprobó un proyecto de ley que busca garantizar la seguridad jurídica de los pequeños productores del país, permitiéndoles avanzar hacia la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad y acceder de manera más fácil a créditos productivos. La normativa, impulsada por la Comisión de Tierra del Senado, tiene como objetivo ordenar la tenencia agraria, promover un campo más competitivo y brindar reglas claras con respeto al derecho de propiedad. Ahora, el proyecto deberá ser refrendado por la Cámara de Diputados antes de entrar en vigor.

Según la legislación aprobada, la conversión a mediana propiedad se aplicará exclusivamente a pequeñas propiedades que ya estén tituladas y saneadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La norma no crea nuevos derechos ni modifica la tenencia de la tierra, sino que otorga certeza jurídica a quienes ya son propietarios legales. Esta medida permitirá que los productores se integren al sistema financiero formal, accedan a créditos productivos, respalden inversiones en maquinaria y tecnología, y planifiquen la ampliación de su producción de manera sostenible.

Branko Marinkovic, presidente de la Comisión de Tierra, destacó la importancia de la ley para el desarrollo del sector agrícola: “El productor que trabaja la tierra, invierte y apuesta por el país necesita reglas claras y libertad para crecer. Mi misión es defender ese derecho: producir sin trabas, con seguridad jurídica y con visión de futuro”. La normativa se proyecta como un impulso para generar más empleo rural, aumentar la productividad y consolidar un campo con capacidad real de crecimiento sostenible, beneficiando a miles de familias dedicadas a la agricultura en el país.

Con esta ley, el Senado busca respaldar el trabajo diario de los productores, garantizar el respeto a sus derechos y crear un marco que incentive la inversión y el desarrollo del sector agrícola nacional.