El Senado aprobó un proyecto de ley que busca garantizar la seguridad jurídica de los pequeños productores del país, permitiéndoles avanzar hacia la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad y acceder de manera más fácil a créditos productivos. La normativa, impulsada por la Comisión de Tierra del Senado, tiene como objetivo ordenar la tenencia agraria, promover un campo más competitivo y brindar reglas claras con respeto al derecho de propiedad. Ahora, el proyecto deberá ser refrendado por la Cámara de Diputados antes de entrar en vigor.

Según la legislación aprobada, la conversión a mediana propiedad se aplicará exclusivamente a pequeñas propiedades que ya estén tituladas y saneadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La norma no crea nuevos derechos ni modifica la tenencia de la tierra, sino que otorga certeza jurídica a quienes ya son propietarios legales. Esta medida permitirá que los productores se integren al sistema financiero formal, accedan a créditos productivos, respalden inversiones en maquinaria y tecnología, y planifiquen la ampliación de su producción de manera sostenible.

Branko Marinkovic, presidente de la Comisión de Tierra, destacó la importancia de la ley para el desarrollo del sector agrícola: “El productor que trabaja la tierra, invierte y apuesta por el país necesita reglas claras y libertad para crecer. Mi misión es defender ese derecho: producir sin trabas, con seguridad jurídica y con visión de futuro”. La normativa se proyecta como un impulso para generar más empleo rural, aumentar la productividad y consolidar un campo con capacidad real de crecimiento sostenible, beneficiando a miles de familias dedicadas a la agricultura en el país.

Con esta ley, el Senado busca respaldar el trabajo diario de los productores, garantizar el respeto a sus derechos y crear un marco que incentive la inversión y el desarrollo del sector agrícola nacional.

Representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur) se reunieron este miércoles en Santa Cruz para establecer un acuerdo de coordinación operativa destinado a optimizar el despacho y abastecimiento de combustibles líquidos en todo el país.

Durante el encuentro, Nelson Mendoza Torres, gerente de Comercialización de YPFB, señaló que se definieron acciones concretas para agilizar los procesos y reducir los tiempos de facturación. “Se determinó mejorar la coordinación operativa y optimizar los tiempos de facturación. De manera recíproca, las estaciones de servicio se comprometen a agilizar el abastecimiento de combustibles a la población”, afirmó Mendoza, destacando la importancia de esta colaboración para garantizar un suministro ordenado y continuo.

El acuerdo contempla reforzar la relación entre YPFB y las estaciones de servicio mediante el personal de los Distritos Comerciales, así como el uso de canales institucionales para denunciar cualquier irregularidad. Además, se precisó que, en situaciones extraordinarias, podrán establecerse horarios especiales de apertura de plantas, los cuales serán comunicados oportunamente a los usuarios.

Este trabajo conjunto busca asegurar la eficiencia de toda la cadena de abastecimiento de combustibles, beneficiando tanto a los consumidores como al desarrollo normal de las actividades económicas en el país. Con esta coordinación, YPFB y Asosur pretenden garantizar que la distribución de combustibles sea más ágil, transparente y organizada, evitando desabastecimientos y mejorando la atención a la población en todo el territorio nacional.

Dirigentes del transporte terrestre del país, encabezados por Víctor Tarqui, secretario de Relaciones de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, denunciaron que cerca del 85 % de las carreteras nacionales se encuentran en condiciones críticas, afectadas por baches, deslizamientos y otros daños severos que dificultan el tránsito de personas y mercancías, especialmente durante la temporada de lluvias. “No se puede transitar con seguridad, hay tramos prácticamente intransitables”, afirmó Tarqui, señalando que esta situación impacta negativamente en la economía y aumenta los riesgos para los usuarios de la vía.

Según los dirigentes del sector, el mal estado de la infraestructura vial provoca retrasos en el transporte de productos y encarece los costos del traslado, afectando directamente al comercio y a la población que depende del transporte terrestre para sus actividades diarias. Tarqui destacó que los tramos más críticos requieren atención inmediata para evitar accidentes y garantizar la movilidad segura de los ciudadanos.

En respuesta a esta situación, choferes y transportistas exigieron a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) la aprobación urgente del presupuesto destinado al ‘plan de lluvias’, un fondo de emergencia que permitiría reparar los tramos más dañados y atender contingencias provocadas por las lluvias intensas. “Sin estas acciones, la movilidad y el comercio seguirán afectados, con mayores costos y riesgos para la población”, advirtió el dirigente sindical.

El sector del transporte insiste en que la situación de las carreteras no puede seguir postergándose, ya que la falta de inversión y mantenimiento pone en peligro la seguridad vial y limita la eficiencia del transporte nacional. Los dirigentes señalaron que esperan una pronta respuesta de la ABC para implementar las obras necesarias antes de que los daños se agraven aún más durante los meses de mayor precipitación.