El exministro de Economía Marcelo Montenegro fue convocado por la Fiscalía a declarar en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la asignación y uso de recursos públicos vinculados a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). La diligencia busca esclarecer posibles fallas en la etapa de preinversión y autorizaciones de recursos del Banco Central que podrían haber comprometido las reservas del Estado, según explicó el viceministro de Transparencia. “Esta convocatoria obedece a una diligencia del Ministerio Público, Emapa tiene todavía muchísimo por investigar”, indicó la autoridad, sin precisar si Montenegro declarará como testigo o como sindicado.

El caso Emapa ya ha generado medidas judiciales contra otros implicados, incluyendo la detención preventiva de exautoridades como el exgerente de la estatal y el exministro de Desarrollo Productivo. Las investigaciones apuntan a ampliar la pesquisa a más exfuncionarios que podrían haber ocasionado daños económicos al Estado, mientras se revisa detalladamente la gestión de los recursos públicos en el organismo.

Las autoridades señalan que la convocatoria de Montenegro forma parte de un proceso más amplio para esclarecer la responsabilidad de quienes ocuparon cargos estratégicos durante la gestión de Emapa y garantizar que se sancione cualquier irregularidad en el manejo de fondos estatales. La Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para determinar la extensión de los posibles daños económicos y la implicación de los exfuncionarios en decisiones que habrían afectado la eficiencia y transparencia en la empresa pública.

El ministro Justiniano presentó formalmente una acción de privacidad en contra del Vicepresidente Edmand Lara, argumentando que se habrían vulnerado derechos personales y confidencialidad en la difusión de información relacionada con su gestión. La medida legal busca que se determine si se transgredieron normas sobre protección de datos, intimidad y buena reputación, conforme a la legislación vigente.

Según el ministro, la acción no tiene carácter de censura, sino que pretende garantizar el respeto a los límites legales en la divulgación de información pública y privada, evitando que se difundan contenidos que puedan ser inexactos, descontextualizados o dañinos.

Por su parte, el periodista implicado aún no se ha pronunciado públicamente sobre la acción, pero se espera que la situación genere un debate sobre el equilibrio entre la libertad de prensa y los derechos de privacidad de las autoridades estatales. Las instancias judiciales serán las encargadas de evaluar la admisibilidad y el alcance de la acción presentada.

Desde la ciudad de Oruro, el presidente Rodrigo Paz Pereira lanzó duras declaraciones en contra de exautoridades y actuales funcionarios a nivel nacional, a quienes acusó de haber malversado recursos públicos. “Vamos a corretear a algunas autoridades a nivel nacional que se robaron la plata”, afirmó durante un acto público, en el que se refirió a la lucha contra la corrupción como una de sus prioridades.

Paz señaló que su gestión no tolerará hechos de corrupción ni impunidad, y aseguró que se impulsarán auditorías, procesos legales y acciones judiciales para identificar responsabilidades y recuperar recursos del Estado. Remarcó que la población exige respuestas claras y sanciones para quienes hayan hecho un uso indebido del dinero público.

Asimismo, el mandatario indicó que estas acciones se realizarán respetando el debido proceso y la independencia de la justicia, pero con firmeza, para evitar que los casos queden en la impunidad. Añadió que el país necesita recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos se destinen a salud, educación y desarrollo.

Las declaraciones generaron repercusión política, mientras distintos sectores esperan que las denuncias se traduzcan en acciones concretas y resultados visibles en el corto plazo.

La Magistratura de Bolivia se encuentra revisando el expediente del juez de Cuatro Cañadas que admitió la denuncia presentada contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en relación al denominado caso ADN, que investiga presuntas irregularidades en procedimientos electorales.

El análisis del expediente busca determinar la legalidad de la admisión de la denuncia, así como verificar si el juez actuó conforme a la normativa vigente y a los principios de competencia y jurisdicción. La decisión que adopte la Magistratura será clave para definir si el proceso continúa, se revoca la resolución o se toma alguna otra medida disciplinaria.

El caso ha generado atención política y mediática, debido a que involucra al órgano electoral más importante del país y cuestiona la actuación de un juez en un tema sensible que afecta la confianza ciudadana en los procesos electorales. Las autoridades señalaron que se garantizará la transparencia y el respeto a los procedimientos legales, mientras se desarrolla la revisión del expediente.