El Gobierno anunció la creación de una comisión especial destinada a erradicar la impunidad judicial en casos de delitos sexuales, con el objetivo de garantizar justicia efectiva para las víctimas y fortalecer la respuesta del sistema judicial frente a estos crímenes. La medida busca atender la creciente preocupación de la sociedad ante los altos niveles de denuncias sin resolución y la lentitud de los procesos.

La comisión, integrada por autoridades judiciales, representantes de ministerios y expertos en derechos humanos, tendrá la responsabilidad de revisar casos pendientes, evaluar protocolos de investigación y proponer mecanismos que agilicen los juicios y aseguren sanciones efectivas. Además, se contempla la implementación de programas de prevención, capacitación para operadores de justicia y acompañamiento a víctimas.

Las autoridades indicaron que esta iniciativa no solo pretende sancionar a los responsables, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, garantizando un proceso transparente y accesible. “La impunidad en delitos sexuales afecta directamente a las víctimas y a la sociedad en su conjunto; esta comisión trabajará para que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho”, señaló una fuente oficial.

Asimismo, se informó que se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de los avances, con el objetivo de medir el impacto real de las acciones y proponer ajustes necesarios para mejorar la efectividad del sistema. La creación de esta comisión refleja el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El precio del kilo de pollo registró una disminución significativa en los mercados de Santa Cruz, ubicándose hasta en Bs 12,50, según reportes de comerciantes locales. Esta baja se produce tras la llegada de nuevas partidas de producción nacional y la estabilización de los costos de transporte y provisión de alimentos.

Autoridades municipales destacaron que la reducción del precio busca beneficiar a las familias, especialmente en el inicio del año, cuando los productos básicos suelen aumentar por la alta demanda. Los vendedores informaron que esta tendencia podría mantenerse en los próximos días, siempre y cuando la oferta continúe siendo suficiente y no se presenten problemas de distribución.

Los consumidores aprovecharon la disminución y acudieron a los principales mercados de la ciudad para abastecerse, generando mayor movimiento comercial. Desde la Alcaldía y sectores productivos se recordó la importancia de comprar en mercados regulados y evitar intermediarios que eleven artificialmente los precios, garantizando así el acceso a alimentos a precios justos.

Bolivia y Estados Unidos avanzan en el proceso de normalización de sus relaciones bilaterales y buscan reponer embajadores en ambos países, luego del restablecimiento formal de vínculos diplomáticos. El acercamiento marca un nuevo paso en la relación entre ambas naciones, tras años de relaciones limitadas y sin representación diplomática a nivel de embajador.

Autoridades de ambos países señalaron que el diálogo se ha retomado de manera progresiva, con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas de interés común como comercio, lucha contra el narcotráfico, migración, medio ambiente y desarrollo económico. La reposición de embajadores es vista como una señal política clave para profundizar la confianza mutua y mejorar los canales de comunicación.

Desde el ámbito diplomático se indicó que el proceso aún requiere cumplir procedimientos internos y consensos, pero existe voluntad de ambas partes para concretar los nombramientos. Asimismo, se destacó que la normalización de relaciones podría abrir nuevas oportunidades de cooperación y beneficios para ambos Estados.

El restablecimiento de embajadores también es interpretado como un intento de dejar atrás tensiones del pasado y construir una agenda bilateral basada en el respeto mutuo y el diálogo, en un contexto regional marcado por cambios políticos y desafíos comunes.

Un desastre provocado por intensos deslizamientos de tierra golpeó a la zona sur de la ciudad de Cochabamba, dejando a más de 80 familias afectadas, varias viviendas dañadas y un alto riesgo para otros sectores aledaños. Las lluvias persistentes debilitaron los suelos, ocasionando el colapso de taludes y la evacuación preventiva de decenas de personas.

Autoridades municipales y equipos de emergencia se desplazaron al lugar para evaluar los daños y brindar asistencia a las familias damnificadas. Se reportó la pérdida parcial y total de algunas viviendas, además de calles y servicios básicos afectados, lo que complica la movilidad y el acceso a las zonas impactadas. Varias familias tuvieron que abandonar sus hogares ante el peligro de nuevos deslizamientos.

Desde la Alcaldía se informó que se activaron planes de contingencia y se coordina con Defensa Civil para el traslado de ayuda humanitaria, como alimentos, agua y materiales de abrigo. Asimismo, se realizan trabajos de monitoreo constante en áreas consideradas de alto riesgo, mientras se analiza la reubicación temporal o definitiva de las familias más afectadas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta, evitar zonas inestables y reportar cualquier signo de movimiento de tierra, ya que las lluvias continúan y el riesgo persiste. El municipio no descarta declarar emergencia en el sector para acelerar la atención y la reconstrucción.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reafirmó este martes el respaldo del Gobierno a un proyecto de ley antibloqueos, con el objetivo de garantizar la libre circulación, el abastecimiento de productos básicos y el normal desarrollo de las actividades económicas en el país. La autoridad señaló que la iniciativa busca proteger los derechos de la mayoría de la población frente a medidas de presión que afectan a sectores estratégicos.

Lupo explicó que el proyecto apunta a establecer mecanismos legales claros para prevenir y sancionar bloqueos que generen perjuicios económicos, sociales y humanitarios, especialmente cuando se ven afectados el transporte de alimentos, combustibles y el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. En ese sentido, remarcó que la propuesta no busca criminalizar la protesta social, sino evitar excesos que vulneren derechos fundamentales.

Asimismo, el ministro sostuvo que el Gobierno está abierto al debate y al tratamiento del proyecto en la Asamblea Legislativa, con el fin de recoger aportes y garantizar que la norma respete el marco constitucional. “La prioridad es cuidar la estabilidad del país y el bienestar de la población”, afirmó, al señalar que los bloqueos reiterados generan pérdidas millonarias y afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

Finalmente, Lupo indicó que el Ejecutivo continuará impulsando medidas que permitan preservar el orden, el diálogo y la convivencia pacífica, sin afectar el derecho a la protesta, pero asegurando que el país no vuelva a ser paralizado por acciones que perjudiquen a la ciudadanía.

Este martes vence el plazo establecido para que las ciudadanas y ciudadanos que figuran como inhabilitados en el padrón electoral puedan solicitar su rehabilitación y así ejercer su derecho al voto en el próximo proceso electoral. La medida alcanza principalmente a quienes no sufragaron en anteriores elecciones o no cumplieron con su deber como jurados electorales.

El trámite debe realizarse de manera presencial en los puntos habilitados por el Órgano Electoral, donde los interesados deben presentar su cédula de identidad y completar el formulario correspondiente. Las autoridades recordaron que este procedimiento es personal y gratuito, y que solo puede realizarse dentro del plazo fijado, que concluye hoy.

Desde el ente electoral se advirtió que, una vez vencido el plazo, no se aceptarán nuevas solicitudes de rehabilitación, por lo que las personas que no regularicen su situación quedarán impedidas de votar. En ese sentido, se instó a la población a verificar su estado en el padrón y acudir oportunamente para evitar quedar fuera de la jornada electoral.

El voto en Bolivia es un derecho y una obligación ciudadana, por lo que se remarcó la importancia de cumplir con este trámite y participar activamente en el proceso democrático.

El Gobierno informó que se inició una investigación por un presunto desfalco que superaría los Bs 1.000 millones en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Las irregularidades habrían sido detectadas tras auditorías internas y revisiones administrativas que alertaron sobre posibles malos manejos de recursos públicos, contratos y operaciones vinculadas a la compra y comercialización de alimentos.

Desde el Ejecutivo se informó que la indagación busca establecer cómo se habrían producido las irregularidades, durante qué periodos y quiénes serían los presuntos responsables. “No se va a encubrir a nadie y se llegará hasta las últimas consecuencias”, afirmó una autoridad gubernamental, al señalar que ya se coordinan acciones con instancias de control y la justicia para determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Asimismo, se aseguró que el funcionamiento de Emapa continúa con normalidad y que el abastecimiento de alimentos estratégicos para la población está garantizado. “La prioridad es proteger los recursos del Estado y asegurar que las familias no se vean afectadas”, sostuvo otro funcionario, quien remarcó que también se trabajará en mecanismos para recuperar los recursos que eventualmente hubieran sido desviados.