Bolivia está presente en el Foro Económico Mundial 2026, que se realiza en Davos, Suiza, con el objetivo de reconectarse con la comunidad internacional, atraer inversiones y mejorar su imagen económica global. La delegación boliviana está encabezada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y el canciller Fernando Aramayo, mientras que el presidente priorizó asuntos internos en el país.

En sus intervenciones, Espinoza destacó que Bolivia enfrenta “una imagen internacional equivocada” que ha limitado oportunidades de inversión y crecimiento. Subrayó que la participación en Davos busca revertir esa percepción mediante reglas claras, coherencia económica y resultados visibles que puedan atraer capitales y generar desarrollo con impacto social. “Vivimos un momento extraordinario… hay que volver a conectarnos con el mundo, atraer inversión y crecer sin dejar a nadie atrás”, afirmó el ministro en sus redes sociales, explicando que la estrategia busca posicionar a Bolivia como un socio confiable y mostrar el potencial productivo del país.

La agenda de Bolivia en el Foro incluye la promoción de proyectos para impulsar la transición energética, fortalecer alianzas público-privadas, reactivar cadenas de valor con transferencia tecnológica y buscar financiamiento climático y económico para iniciativas sostenibles. Espinoza señaló que estas acciones son clave para que Bolivia pueda consolidar su posición en la economía global, atraer inversión extranjera directa y generar empleos de calidad, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería y agricultura sostenible.

Expertos internacionales consultados destacan que la participación activa de Bolivia en foros como Davos puede mejorar la percepción del país ante inversionistas y organismos multilaterales, siempre que se mantenga un compromiso sólido con la estabilidad económica, la transparencia y la implementación de reformas estructurales que fortalezcan la productividad y la competitividad.

Con su presencia en Davos, Bolivia busca proyectar un mensaje de apertura, confianza y cooperación internacional, reforzando la idea de que el país está dispuesto a integrarse al comercio global y atraer recursos que impulsen su desarrollo económico y social de manera inclusiva.

La Sala Constitucional Tercera de El Alto rechazó este martes la acción popular presentada contra el Decreto Supremo 5515, norma que faculta al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus funciones desde el exterior mediante medios tecnológicos sin delegar el mando al vicepresidente durante sus viajes internacionales. La resolución da plena vigencia a esta disposición legal, consolidando la continuidad administrativa del Ejecutivo aunque el mandatario se encuentre fuera del país.

El juez Ricardo Limachi declaró improcedente el recurso interpuesto por el abogado Wilmer Juan Vásquez Flores, señalando que la acción popular no era el mecanismo adecuado para impugnar una norma de carácter constitucional y que, por esta razón, no era necesario entrar al fondo del asunto. “Se mantiene el decreto en vigencia y se confirma que el presidente puede ejercer sus funciones sin interrupciones durante desplazamientos internacionales”, indicó el magistrado durante la audiencia.

El Decreto Supremo 5515, aprobado en diciembre de 2025, modifica normas anteriores para permitir que el mandatario continúe gobernando a través de herramientas digitales durante viajes oficiales o personales al extranjero, asegurando que sus atribuciones ejecutivas no se vean interrumpidas ni transferidas temporalmente. La norma busca garantizar la operatividad del Estado y la continuidad de la toma de decisiones, incluso en situaciones en que el presidente no esté físicamente presente en territorio nacional.

Durante la audiencia, que se desarrolló entre la tarde y noche del martes, participaron representantes del presidente, la Vicepresidencia, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, quienes respaldaron la constitucionalidad del decreto y subrayaron la importancia de mantener la administración del país en pleno funcionamiento. “Esta decisión garantiza que el Ejecutivo pueda actuar con normalidad, cumpliendo con la ley y manteniendo contacto constante con las instituciones estatales”, señaló un representante oficial.

La decisión judicial marca un precedente sobre el uso de medios tecnológicos para el ejercicio de funciones presidenciales, un tema que ha generado debate sobre la gobernabilidad a distancia, la delegación de poder y la transparencia en la administración pública. Sectores críticos del país habían cuestionado que el presidente pudiera ejercer sus funciones sin supervisión presencial, pero la sala constitucional reafirmó que el decreto respeta los lineamientos de la Constitución Política del Estado.

Con la resolución, el Gobierno asegura que Paz podrá continuar gobernando desde cualquier lugar del mundo de manera temporal, garantizando que la toma de decisiones, la coordinación con instituciones y la implementación de políticas públicas no se vean interrumpidas durante sus viajes internacionales.

El Gobierno boliviano presentó sus metas económicas para 2026 en un contexto marcado por un fuerte desequilibrio fiscal y una alta inflación heredada del año anterior. Según el informe del Ministerio de Economía, se proyecta que el déficit fiscal —la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa— se reducirá a aproximadamente el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), frente a niveles significativamente más altos registrados en 2025. Esta disminución se atribuye a ajustes en el gasto público, incluyendo la reducción de subvenciones a combustibles y recortes de planillas de entre 25 % y 30 %.

En cuanto a la inflación, el Ejecutivo estima que la variación anualizada de precios se ubicará entre el 12 % y 17 %, una cifra inferior al 20 % registrado en 2025. Esto indicaría una moderación en el ritmo de alza de precios, siempre que se mantengan las políticas de control fiscal y ajustes económicos actualmente en curso.

El ministro de Economía señaló que estas proyecciones reflejan una mejora en la estabilidad de los precios y de las cuentas públicas, aunque advirtió que el proceso de recuperación será gradual y dependerá de la continuidad de las reformas destinadas a ordenar las finanzas del Estado. “Estamos trabajando para garantizar que la reactivación económica llegue a sectores clave, manteniendo el equilibrio fiscal y fortaleciendo la estabilidad de la economía”, indicó el funcionario.

Analistas económicos consultados destacan que los ajustes en subvenciones y planillas representan decisiones difíciles pero necesarias para reducir la presión sobre las cuentas públicas, y que el éxito de estas medidas dependerá del cumplimiento efectivo de la política fiscal y de la capacidad del Gobierno para mantener la inversión en áreas estratégicas que impulsen la producción y el empleo.

El informe subraya que, si se cumplen las proyecciones, Bolivia podría cerrar 2026 con una economía más equilibrada, con menores presiones inflacionarias y con un déficit fiscal contenido, aunque los expertos advierten que la evolución dependerá de factores internos y externos, incluidos los precios internacionales de materias primas y la dinámica del comercio regional.

El Gobierno anunció la creación de una comisión especial destinada a erradicar la impunidad judicial en casos de delitos sexuales, con el objetivo de garantizar justicia efectiva para las víctimas y fortalecer la respuesta del sistema judicial frente a estos crímenes. La medida busca atender la creciente preocupación de la sociedad ante los altos niveles de denuncias sin resolución y la lentitud de los procesos.

La comisión, integrada por autoridades judiciales, representantes de ministerios y expertos en derechos humanos, tendrá la responsabilidad de revisar casos pendientes, evaluar protocolos de investigación y proponer mecanismos que agilicen los juicios y aseguren sanciones efectivas. Además, se contempla la implementación de programas de prevención, capacitación para operadores de justicia y acompañamiento a víctimas.

Las autoridades indicaron que esta iniciativa no solo pretende sancionar a los responsables, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, garantizando un proceso transparente y accesible. “La impunidad en delitos sexuales afecta directamente a las víctimas y a la sociedad en su conjunto; esta comisión trabajará para que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho”, señaló una fuente oficial.

Asimismo, se informó que se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de los avances, con el objetivo de medir el impacto real de las acciones y proponer ajustes necesarios para mejorar la efectividad del sistema. La creación de esta comisión refleja el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El precio del kilo de pollo registró una disminución significativa en los mercados de Santa Cruz, ubicándose hasta en Bs 12,50, según reportes de comerciantes locales. Esta baja se produce tras la llegada de nuevas partidas de producción nacional y la estabilización de los costos de transporte y provisión de alimentos.

Autoridades municipales destacaron que la reducción del precio busca beneficiar a las familias, especialmente en el inicio del año, cuando los productos básicos suelen aumentar por la alta demanda. Los vendedores informaron que esta tendencia podría mantenerse en los próximos días, siempre y cuando la oferta continúe siendo suficiente y no se presenten problemas de distribución.

Los consumidores aprovecharon la disminución y acudieron a los principales mercados de la ciudad para abastecerse, generando mayor movimiento comercial. Desde la Alcaldía y sectores productivos se recordó la importancia de comprar en mercados regulados y evitar intermediarios que eleven artificialmente los precios, garantizando así el acceso a alimentos a precios justos.

Bolivia y Estados Unidos avanzan en el proceso de normalización de sus relaciones bilaterales y buscan reponer embajadores en ambos países, luego del restablecimiento formal de vínculos diplomáticos. El acercamiento marca un nuevo paso en la relación entre ambas naciones, tras años de relaciones limitadas y sin representación diplomática a nivel de embajador.

Autoridades de ambos países señalaron que el diálogo se ha retomado de manera progresiva, con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas de interés común como comercio, lucha contra el narcotráfico, migración, medio ambiente y desarrollo económico. La reposición de embajadores es vista como una señal política clave para profundizar la confianza mutua y mejorar los canales de comunicación.

Desde el ámbito diplomático se indicó que el proceso aún requiere cumplir procedimientos internos y consensos, pero existe voluntad de ambas partes para concretar los nombramientos. Asimismo, se destacó que la normalización de relaciones podría abrir nuevas oportunidades de cooperación y beneficios para ambos Estados.

El restablecimiento de embajadores también es interpretado como un intento de dejar atrás tensiones del pasado y construir una agenda bilateral basada en el respeto mutuo y el diálogo, en un contexto regional marcado por cambios políticos y desafíos comunes.

Un desastre provocado por intensos deslizamientos de tierra golpeó a la zona sur de la ciudad de Cochabamba, dejando a más de 80 familias afectadas, varias viviendas dañadas y un alto riesgo para otros sectores aledaños. Las lluvias persistentes debilitaron los suelos, ocasionando el colapso de taludes y la evacuación preventiva de decenas de personas.

Autoridades municipales y equipos de emergencia se desplazaron al lugar para evaluar los daños y brindar asistencia a las familias damnificadas. Se reportó la pérdida parcial y total de algunas viviendas, además de calles y servicios básicos afectados, lo que complica la movilidad y el acceso a las zonas impactadas. Varias familias tuvieron que abandonar sus hogares ante el peligro de nuevos deslizamientos.

Desde la Alcaldía se informó que se activaron planes de contingencia y se coordina con Defensa Civil para el traslado de ayuda humanitaria, como alimentos, agua y materiales de abrigo. Asimismo, se realizan trabajos de monitoreo constante en áreas consideradas de alto riesgo, mientras se analiza la reubicación temporal o definitiva de las familias más afectadas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta, evitar zonas inestables y reportar cualquier signo de movimiento de tierra, ya que las lluvias continúan y el riesgo persiste. El municipio no descarta declarar emergencia en el sector para acelerar la atención y la reconstrucción.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reafirmó este martes el respaldo del Gobierno a un proyecto de ley antibloqueos, con el objetivo de garantizar la libre circulación, el abastecimiento de productos básicos y el normal desarrollo de las actividades económicas en el país. La autoridad señaló que la iniciativa busca proteger los derechos de la mayoría de la población frente a medidas de presión que afectan a sectores estratégicos.

Lupo explicó que el proyecto apunta a establecer mecanismos legales claros para prevenir y sancionar bloqueos que generen perjuicios económicos, sociales y humanitarios, especialmente cuando se ven afectados el transporte de alimentos, combustibles y el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. En ese sentido, remarcó que la propuesta no busca criminalizar la protesta social, sino evitar excesos que vulneren derechos fundamentales.

Asimismo, el ministro sostuvo que el Gobierno está abierto al debate y al tratamiento del proyecto en la Asamblea Legislativa, con el fin de recoger aportes y garantizar que la norma respete el marco constitucional. “La prioridad es cuidar la estabilidad del país y el bienestar de la población”, afirmó, al señalar que los bloqueos reiterados generan pérdidas millonarias y afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

Finalmente, Lupo indicó que el Ejecutivo continuará impulsando medidas que permitan preservar el orden, el diálogo y la convivencia pacífica, sin afectar el derecho a la protesta, pero asegurando que el país no vuelva a ser paralizado por acciones que perjudiquen a la ciudadanía.