Mediante Decreto Presidencial, el presidente Rodrigo Paz designó a cuatro vocales electorales departamentales en representación del Ejecutivo para los Tribunales Departamentales Electorales de Pando, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz, en el marco de la organización de las elecciones subnacionales previstas para este domingo 22 de marzo.

En el departamento de La Paz fue designado Juan Carlos Berrios, quien anteriormente se desempeñó como decano del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena en la ciudad de Sucre. Para el departamento de Santa Cruz fue nombrada Yajaira San Martín, quien hasta diciembre de 2025 ejerció funciones como vocal del Tribunal Supremo Electoral.

En Chuquisaca fue designado Jhonny Heredia, quien anteriormente postuló al Consejo de la Magistratura, mientras que en Pando fue posesionada Giovanna Mabel Sangueza, quien ya ocupó el cargo de vocal departamental durante el proceso electoral de 2019.

La normativa vigente establece que el Presidente del Estado tiene la facultad de designar a uno de los cinco vocales que conforman cada Tribunal Departamental Electoral, mientras que los restantes miembros son elegidos por el Órgano Legislativo, en el marco de la Constitución Política del Estado.

El Decreto Presidencial señala que esta atribución responde a la legitimidad otorgada por el voto popular, destacando que la designación busca garantizar la institucionalidad y el normal desarrollo del proceso electoral subnacional.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostuvo un encuentro con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), con el objetivo de coordinar el acompañamiento internacional a las elecciones subnacionales que se desarrollarán este domingo 22 de marzo en el país.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que durante la reunión se intercambiaron criterios técnicos sobre la organización del proceso electoral y se recibieron sugerencias consideradas valiosas para fortalecer la transparencia y confiabilidad de los comicios.

Según el ente electoral, la misión de la OEA está encabezada por Cindy Quesada y está conformada por 25 especialistas y observadores de 14 nacionalidades, quienes harán seguimiento al desarrollo de la jornada electoral en Bolivia.

Ávila también confirmó que se desplegarán 17 misiones de observación electoral, con aproximadamente 2.000 observadores distribuidos en los nueve departamentos del país, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los procedimientos y reforzar la confianza ciudadana en los resultados.

La presencia de organismos internacionales forma parte de los mecanismos de control y verificación que acompañan el proceso democrático, contribuyendo a dar mayor legitimidad a la jornada electoral.

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, fue trasladado al penal de Palmasola para cumplir 140 días de detención preventiva, tras la determinación emitida por la Justicia en audiencia cautelar realizada este viernes en Santa Cruz.

La audiencia se desarrolló durante aproximadamente cuatro horas, luego de las cuales el juez dispuso la medida mientras continúan las investigaciones por presunta legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos vinculados a corrupción.

Antes de ingresar a la audiencia, Arce Mosqueira sostuvo un breve contacto con la prensa y calificó el proceso judicial en su contra como de carácter político. Posteriormente, tras conocerse la determinación, su defensa anunció que presentará una apelación, argumentando que el Ministerio Público no habría demostrado los elementos suficientes para justificar la detención preventiva.

Desde la Fiscalía se informó que las investigaciones no solo involucran a Marcelo Arce, sino también a su padre y a otros integrantes del entorno familiar, quienes son indagados por presuntos movimientos económicos irregulares y adquisición de bienes en distintas ciudades del país.

El Ministerio Público adelantó que se realizará una auditoría financiera y jurídica para establecer la existencia de posibles hechos de corrupción y definir responsabilidades, dentro de un plazo estimado de seis meses para el avance de la investigación.

El Gobierno nacional determinó la abrogación del Decreto Supremo 5547, en respuesta a la principal demanda de los productores de arroz y soya, en el marco de los acuerdos alcanzados en las recientes mesas de diálogo con el sector agropecuario.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, Karel Rivero, quien informó que la decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES), instancia que dio luz verde para dejar sin efecto la normativa cuestionada.

Según explicó la autoridad, la medida busca destrabar el conflicto con los productores y reafirma la voluntad del Gobierno de atender las demandas del sector mediante el diálogo.

No obstante, Rivero aclaró que la abrogación no se concreta de manera inmediata, ya que debe seguir un proceso técnico-administrativo hasta su publicación oficial en la Gaceta del Estado.

Este procedimiento, señaló, es fundamental para garantizar la seguridad jurídica tanto para el Estado como para los productores, asegurando que la anulación de la norma tenga plena validez legal.

La decisión se da en un contexto de movilizaciones y protestas del sector productivo, que cuestionaba el impacto del decreto en la economía agrícola y en la competitividad de la producción nacional.

La Policía Boliviana logró la aprehensión de 15 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en una serie de operativos ejecutados en distintas zonas del departamento de Santa Cruz, informó el inspector general Lionel Valenzuela.

De acuerdo con el reporte oficial, el primer operativo permitió la captura de siete extranjeros (cinco colombianos y dos ecuatorianos), quienes serían parte del entorno cercano del grupo delictivo. A partir del análisis de los dispositivos móviles incautados —que contenían conversaciones, audios y ubicaciones— se obtuvieron datos clave que permitieron ampliar las investigaciones.

Entre los hallazgos, se identificaron incluso amenazas contra autoridades policiales, lo que derivó en nuevas acciones operativas en zonas estratégicas.

Posteriormente, se realizaron intervenciones en el noroeste de Portachuelo, donde se descubrió un depósito con dimensiones aproximadas de dos metros y medio de ancho por seis metros de largo, con capacidad para almacenar hasta tres toneladas de sustancias controladas, lo que evidencia la magnitud logística de la organización.

En un segundo operativo, ejecutado en Montero, efectivos policiales interceptaron a cinco personas —tres colombianos y dos bolivianos— que intentaban darse a la fuga en un vehículo, siendo inmediatamente aprehendidos.

Las investigaciones continuaron y permitieron identificar a otros implicados, elevando el número total de detenidos a 15, quienes habrían cumplido diferentes funciones dentro de la estructura criminal, principalmente en tareas de seguridad, resguardo y apoyo logístico.

Valenzuela destacó que estos resultados representan un avance importante en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que se logró desarticular operativa y estructuralmente parte de la red vinculada a Marset.

Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones en los próximos días, mientras continúan las investigaciones para desmantelar completamente esta organización criminal con alcance internacional.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó a Marcelo Arce Mosqueira como presunto operador clave en los negociados vinculados a la empresa Botrading S.A., en el marco de las investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas que siguen en curso.

De acuerdo con el presidente de la estatal, Yussef Akly Flores, la empresa Botrading logró posicionarse como un proveedor relevante de combustibles, alcanzando ventas superiores a los 800 millones de dólares y representando más del 20% de las importaciones realizadas por YPFB.

Las investigaciones preliminares señalan que los procesos de facturación, cierre de operaciones y pagos se realizaban en plazos considerablemente reducidos, entre cuatro y menos de 30 días, cuando habitualmente estos procedimientos toman varios meses. Según la estatal, esto permitió a la empresa beneficiarse de márgenes significativos mediante la compra de combustible a menor costo y su reventa a precios más altos.

Flores también indicó que Botrading no solo operaba con crudo, sino que proveía gasolina y diésel con condiciones económicas elevadas, lo que incrementaba el impacto financiero para la estatal.

En el marco de estas indagaciones, YPFB desplegó un equipo de auditores especializados en revisiones forenses y legales que inspeccionaron las oficinas de Botrading en Asunción, Paraguay. Durante estas acciones se revisaron contratos, documentación financiera, procesos operativos y el cumplimiento normativo de la empresa.

La información recolectada será remitida al Ministerio Público y a instancias correspondientes para profundizar las investigaciones, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades y determinar responsabilidades.