Un juez agroambiental dispuso la paralización temporal de las actividades de Petrobras en el proyecto de perforación exploratoria del pozo Domo Oso X-3, ubicado en la comunidad de Tariquía, en el departamento de Tarija. La medida cautelar tendrá una vigencia de 30 días y fue adoptada con carácter preventivo y precautorio, mientras se desarrolla el proceso judicial de fondo.

La resolución judicial establece un total de 17 disposiciones y ordena que, durante el plazo fijado, todas las partes involucradas presenten pruebas y documentación que respalden sus posiciones, tanto sobre la legalidad de la exploración petrolera como sobre posibles impedimentos ambientales o territoriales. Concluido ese periodo, el juzgado deberá emitir una decisión definitiva sobre el caso.

El fallo surge tras el ingreso de la empresa petrolera a la reserva, hecho que generó rechazo y protestas de comunidades locales, especialmente por la presencia policial que acompañó las operaciones. Ante este escenario, el Defensor del Pueblo acudió a la justicia agroambiental solicitando la suspensión de los trabajos en una zona considerada de alta sensibilidad ambiental.

En el proceso están demandadas varias autoridades del área de hidrocarburos, planificación y medio ambiente, así como la estatal petrolera, mientras que Petrobras figura como parte involucrada. Las comunidades indígenas afectadas participan como terceros interesados y se convocó a dirigentes de distintas comunidades para que expongan sus argumentos. El tribunal también solicitó documentación oficial sobre los contratos y autorizaciones de exploración, en un conflicto que continúa abierto y sin resolución definitiva.

La Cámara de Senadores aprobó, con respaldo de más de dos tercios, la creación de una comisión integrada encargada de analizar y socializar el proyecto de Ley Antibloqueos, con el objetivo de frenar el impacto económico que generan los cierres de carreteras en el país. La iniciativa contempla un proceso de hasta 90 días de mesas técnicas y diálogo con organizaciones sociales, sectores empresariales, agropecuarios y otros actores involucrados, con la meta de consensuar una sola propuesta normativa.

La senadora impulsora del proyecto explicó que la norma no busca eliminar ni criminalizar la protesta social, derecho reconocido por la Constitución, sino regular prácticas que, según señaló, han sido “institucionalizadas” y terminan asfixiando la economía nacional. Afirmó que los bloqueos recurrentes profundizan la crisis económica, afectan al turismo, deterioran la imagen internacional del país y golpean directamente a comerciantes informales y familias de menores ingresos.

Durante el debate, se remarcó que la futura ley deberá aplicarse sin privilegios ni excepciones, independientemente del sector, región o afinidad política de quienes incumplan la norma. También se respondió a las críticas de algunas organizaciones sindicales, reiterando la invitación al diálogo, pero subrayando que la ley debe ser de cumplimiento obligatorio para todos.

La comisión, integrada por instancias legislativas clave, tendrá la tarea de unificar las distintas iniciativas existentes y presentar un texto consensuado en un plazo máximo de tres meses. Desde el Senado se destacó que este proceso busca enviar una señal de madurez política, estabilidad institucional y respuesta a una demanda ciudadana que exige soluciones frente a los bloqueos y sus consecuencias económicas y sociales.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decidió cancelar su participación en un foro económico internacional previsto en Europa para concentrarse en la agenda nacional y la atención directa de los asuntos internos. Según un comunicado oficial, la determinación responde a la necesidad de garantizar la estabilidad del país y dar seguimiento permanente a las demandas de la población.

Desde el Gobierno se remarcó que la conducción del Estado se mantiene con responsabilidad, claridad y presencia, priorizando en todo momento el interés nacional. La decisión también evita la cesión temporal del mando presidencial, en un contexto de tensiones políticas con la Vicepresidencia.

Hasta ahora no se informó si el mandatario reprogramará su participación en encuentros multilaterales ni si mantiene otros viajes internacionales previstos para los próximos meses.

La Fiscalía imputó a los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani y pidió su detención preventiva al considerar que existe riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación en el caso de presuntas irregularidades en la compra de harina subvencionada a través de Emapa. Según la imputación fiscal, ambas exautoridades conocían con detalle hechos de corrupción identificados con nombres y montos, pero no realizaron acciones para frenarlos.

El fiscal del caso señaló en el documento de imputación que están acreditados los elementos necesarios para solicitar la detención preventiva con el fin de garantizar las investigaciones. Los exministros fueron aprehendidos luego de declarar ante el Ministerio Público y quedaron a la espera de una audiencia de medidas cautelares.

La investigación establece que un dirigente habría favorecido a familiares en la distribución de harina subvencionada, además de alquilar terrenos y servicios de transporte a la estatal, y beneficiarse de un esquema en el que vendía harina a precio comercial y luego accedía a la misma a precio subvencionado. También se identificó que varios familiares fueron incluidos como supuestos panificadores para recibir el producto, ampliando el beneficio a todo un clan familiar.