El Gobierno informó que dentro del caso Emapa, las primeras evaluaciones indican un daño económico al Estado de Bs 6,6 millones, derivado de presuntas irregularidades en la gestión de la empresa estatal. La Fiscalía señaló que se están recopilando pruebas para determinar responsabilidades, y no se descarta incluir en la investigación al hijo del expresidente Luis Arce, quien habría estado vinculado a algunas decisiones administrativas cuestionadas.

Autoridades resaltaron que el proceso busca garantizar la transparencia y esclarecer la posible afectación a los recursos públicos. Además, se esperan nuevas citaciones y audiencias en los próximos días, mientras los exministros y otros funcionarios involucrados podrían enfrentar medidas cautelares.

El caso continúa generando expectativa en la opinión pública, ya que involucra a altos exfuncionarios y podría derivar en sanciones penales si se confirman los indicios de daño económico.

El vicepresidente del Estado, Lara, cuestionó la decisión asumida por el presidente Rodrigo Paz de implementar la firma digital para la suscripción de decretos, proyectos y otros actos oficiales, incluso cuando el mandatario se encuentre fuera del país. La autoridad consideró que esta medida vulnera el orden constitucional y altera el mecanismo de sucesión previsto en la normativa vigente.

Lara señaló que la disposición concentra funciones en la figura presidencial y limita el rol que corresponde al Vicepresidente durante las ausencias temporales del jefe de Estado. En ese sentido, afirmó que gobernar mediante herramientas digitales no puede estar por encima de la Constitución ni reemplazar los procedimientos establecidos para la conducción del Ejecutivo.

Asimismo, advirtió que este tipo de decisiones deben ser ampliamente debatidas y consensuadas, ya que —según su criterio— podrían sentar precedentes peligrosos en la forma de ejercer el poder. El Vicepresidente insistió en que cualquier modernización del Estado debe realizarse respetando la legalidad y el equilibrio de funciones entre las autoridades.

La medida generó nuevas tensiones al interior del Ejecutivo y reavivó el debate político sobre los alcances de la firma digital y su impacto en la estructura institucional del país.

El Gobierno nacional anunció sus proyecciones económicas de cara a los próximos feriados, esperando duplicar el movimiento económico respecto a periodos anteriores gracias a la reactivación del turismo interno y medidas de incentivo al consumo. Autoridades del Ministerio de Economía detallaron que los sectores de comercio, transporte y alojamiento son los que podrían experimentar un mayor dinamismo si se cumplen las expectativas oficiales.

Según el reporte preliminar, la activación de ferias culturales, la extensión de horarios comerciales y paquetes promocionales en servicios turísticos —sumados a campañas publicitarias dirigidas a movilizar al público nacional— son factores que podrían impulsar significativamente la circulación de bienes y servicios durante los días festivos. El ejecutivo también confía en el impacto de mayores reservas hoteleras, incremento en ventas minoristas y una demanda sostenida en restaurantes, mercados y actividades recreativas.

Representantes de cámaras empresariales y del sector turístico expresaron optimismo frente a las proyecciones del Gobierno, aunque advirtieron que este potencial crecimiento dependerá de factores como el clima, la estabilidad del transporte terrestre y aéreo, así como del nivel de gasto de los visitantes. En tanto, organizaciones de trabajadores resaltaron la importancia de que este movimiento económico se traduzca en generación de empleo y mejores ingresos para las familias.

El Gobierno señaló que dará seguimiento a los indicadores económicos durante y después de los feriados para evaluar el cumplimiento de las metas planteadas y ajustar estrategias si fuese necesario.

La Fiscalía informó que este sábado se llevará a cabo la audiencia cautelar dentro del denominado caso Emapa en contra de los exministros Wilfredo Mamani y Remmy Huanca, investigados por presuntas irregularidades en la gestión de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El Ministerio Público anticipó que solicitará medidas cautelares, luego de avanzar en la recolección de elementos que sustentan la investigación.

De acuerdo con la investigación preliminar, el proceso se centra en supuestos hechos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, relacionados con decisiones administrativas y operativas asumidas durante su gestión. La Fiscalía señaló que existen indicios suficientes para instalar la audiencia y exponer los argumentos que, a su criterio, demuestran responsabilidad penal.

Desde el Ministerio Público se aclaró que el caso continúa en etapa investigativa, pero que la audiencia permitirá definir la situación jurídica de los exministros, además de establecer si corresponde su detención preventiva u otras medidas sustitutivas. También se indicó que se tomó en cuenta el riesgo procesal y la necesidad de garantizar la continuidad de las indagaciones.

El caso Emapa ha generado repercusión política y social, debido a la importancia estratégica de la empresa estatal en el abastecimiento de alimentos y apoyo al sector productivo. Se prevé que la audiencia del sábado sea clave para el rumbo del proceso y marque un nuevo capítulo en uno de los casos más sensibles de los últimos meses.

Los primeros días de Luis Arce en prisión han estado marcados por un clima de atención permanente, estrictas medidas de seguridad y una fuerte carga simbólica. Su reclusión no ha pasado desapercibida, especialmente por las comparaciones que surgieron con la situación que años atrás vivió el exministro Arturo Murillo, también privado de libertad y convertido en una figura central del discurso político de su momento.

Según información conocida en el entorno penitenciario, Arce cuenta con custodia reforzada y controles constantes, debido a su perfil público y a la sensibilidad política del caso. En medio de este escenario, se reportaron visitas, mensajes de apoyo e incluso la entrega de algunos obsequios simbólicos, gestos que han sido interpretados por distintos sectores como intentos de mostrar respaldo político y personal.

La ironía no ha pasado inadvertida en redes sociales ni en el debate público. Analistas y usuarios recuerdan que, durante su gestión y la de su entorno político, Arce fue crítico con antiguos procesos judiciales y encarcelamientos de exautoridades. Hoy, su situación es leída por muchos como una muestra del giro que ha dado el tablero político y judicial del país.

Mientras tanto, el caso continúa su curso legal y la atención se centra en las próximas decisiones judiciales, que definirán si la detención se mantiene o se modifica. En paralelo, el impacto político del encarcelamiento sigue creciendo, alimentando discursos, comparaciones y tensiones en un escenario nacional ya marcado por la polarización.

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aseguró que el principal reto del Gobierno en este momento es garantizar el abastecimiento normal de gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado interno y cortar de raíz el contrabando, que se ha intensificado debido a la diferencia de precios con países vecinos.

La autoridad explicó que las filas registradas en varias ciudades del país responden a una combinación de factores, entre ellos la sobredemanda generada por el acopio, el desvío ilegal del producto hacia el contrabando y los bloqueos de carreteras que afectan la distribución. Según Medinaceli, el bajo precio del GLP en Bolivia —que se mantiene subvencionado— lo convierte en un producto atractivo para redes ilegales que buscan sacarlo del país.

En ese marco, el ministro informó que se están coordinando acciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras instancias del Estado para reforzar los controles, optimizar la logística de distribución y evitar que el GLP destinado a las familias bolivianas termine en el mercado ilegal.

Medinaceli reiteró que el Gobierno garantiza el abastecimiento de GLP a nivel nacional y pidió a la población no dejarse llevar por rumores ni campañas de desinformación que generan zozobra. Asimismo, remarcó que las medidas adoptadas son temporales y buscan normalizar la provisión del carburante mientras se enfrentan los problemas de contrabando y bloqueo de rutas.

El Gobierno aclaró que la medida de “arancel cero” para la importación de celulares, computadoras y otros dispositivos tecnológicos rige desde la publicación oficial del decreto supremo, por lo que su aplicación ya está vigente y no requiere ningún trámite adicional para entrar en efecto.

Las autoridades explicaron que esta decisión busca reducir los costos de acceso a la tecnología, aliviar el gasto de las familias y apoyar a estudiantes, profesionales y pequeños emprendimientos que dependen de equipos tecnológicos para su formación y trabajo. Asimismo, se señaló que la eliminación del arancel permitirá combatir el contrabando, ya que disminuye la brecha de precios con productos ingresados ilegalmente al país.

Desde el Ejecutivo se remarcó que la Aduana Nacional ya fue instruida para aplicar de manera inmediata el beneficio, y se advirtió que cualquier cobro posterior al decreto constituiría una irregularidad. El Gobierno también anticipó que realizará controles para verificar que la rebaja impositiva se refleje en los precios finales al consumidor y no quede solo en beneficio de intermediarios.

Finalmente, se reiteró que el “arancel cero” forma parte de un paquete de medidas orientadas a dinamizar la economía, fomentar la digitalización y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas, en un contexto de ajustes y transición económica en el país.