El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural , Oscar Mario Justiniano, afirmó que el nuevo decreto que prepara el Gobierno tiene como objetivo central preservar la estabilidad económica y social del país, en un contexto marcado por conflictos, movilizaciones y presiones de distintos sectores.

Justiniano explicó que la norma surge como una respuesta técnica y política a la coyuntura actual, y aseguró que no se trata de una imposición, sino de un instrumento orientado a ordenar la economía, garantizar el abastecimiento y proteger a los sectores más vulnerables. En ese marco, sostuvo que el Ejecutivo evalúa los efectos del Decreto Supremo 5503 y los ajustes necesarios para evitar un mayor impacto social.

“El nuevo decreto nace con un espíritu de estabilidad económica y social, pensando en el país y no en intereses particulares”, señaló la autoridad, al remarcar que el Gobierno busca equilibrar las finanzas públicas sin provocar un quiebre social.

El ministro también indicó que el Ejecutivo mantiene abierta la convocatoria al diálogo con organizaciones sociales y sectores productivos, con el fin de explicar los alcances de la nueva normativa y recoger observaciones que permitan mejorar su aplicación.

Finalmente, Justiniano reiteró que cualquier decisión se tomará priorizando la gobernabilidad, la paz social y la reactivación económica, en medio de un escenario complejo para el país.

Un ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó de manera enfática cualquier versión que señale que dirigentes sindicales hayan recibido dinero a cambio de movilizaciones o decisiones políticas, y expresó su preocupación por el discurso del presidente Rodrigo Paz, al considerar que puede generar mayor tensión social en un contexto ya conflictivo.

El dirigente aseguró que la COB actúa de forma orgánica y transparente, en función de las resoluciones asumidas por sus bases, y afirmó que las acusaciones difundidas en redes sociales y algunos espacios políticos buscan desprestigiar al movimiento obrero y dividir a las organizaciones sociales.

“Nosotros no hemos recibido ni un solo peso. Las decisiones que se toman son producto del debate interno y del mandato de las bases”, sostuvo, al tiempo de advertir que criminalizar la protesta social solo profundiza el conflicto y aleja las posibilidades de diálogo.

Respecto a las declaraciones del mandatario, el ejecutivo sindical señaló que existe inquietud porque el tono utilizado podría escalar la confrontación, cuando lo que el país necesita es abrir espacios de negociación para atender las demandas sociales y económicas planteadas por distintos sectores.

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que altos líderes de Irán se habrían comunicado con Washington con la intención de abrir un proceso de negociación, en un contexto marcado por sanciones económicas y tensiones políticas entre ambos países.

“Ellos llamaron. Quieren negociar”, aseguró Trump durante una intervención pública, al señalar que la presión económica y diplomática aplicada contra Irán habría obligado a su dirigencia a buscar una salida mediante el diálogo. Según el exmandatario, estas acciones debilitaron al régimen iraní y lo llevaron a reconsiderar su postura.

Trump no precisó cuándo ni por qué canales se habría producido el contacto, pero insistió en que Teherán estaría dispuesto a sentarse a negociar bajo nuevas condiciones. También reiteró que, en caso de retornar al poder, promovería un acuerdo más estricto que los anteriores.

Hasta el momento, el Gobierno iraní no confirmó oficialmente estas declaraciones. Analistas internacionales señalan que, más allá del discurso político, las sanciones han tenido un impacto económico significativo en Irán y continúan influyendo en el escenario geopolítico de Medio Oriente.

El presidente del pais , Rodrigo Paz Pereira, afirmó que el Decreto Supremo 5503 fue determinante para evitar el colapso económico del país, en un contexto que calificó como crítico debido al peso de la subvención a los combustibles y al impacto del contrabando en las finanzas públicas. En ese marco, anunció el inicio de una nueva etapa de evaluación y ajustes, que podría derivar en la emisión de un nuevo decreto.

“El DS 5503 permitió estabilizar al país en un momento límite. Sin esta decisión, Bolivia enfrentaba un colapso económico”, sostuvo el mandatario, al señalar que la norma marcó un punto de inflexión en la política económica nacional tras más de dos décadas de un modelo basado en la subvención.

Paz explicó que el Gobierno abrió espacios de diálogo técnico y político con diversos sectores sociales para revisar los artículos observados del decreto, aclarando que el objetivo no es retroceder en las decisiones estructurales, sino perfeccionar la normativa y corregir aspectos que puedan generar distorsiones o afectar a sectores específicos.

“El diálogo nos lleva a una nueva etapa, una etapa que dará lugar a un nuevo decreto, producto del consenso y de la evaluación responsable”, remarcó el presidente, al destacar el trabajo de las mesas técnicas instaladas con organizaciones sociales, sectores productivos y autoridades nacionales.

El Jefe de Estado reiteró que su Gobierno mantendrá una postura firme frente a la eliminación de la subvención, pero aseguró que se analizarán mecanismos de transición y ajustes para reducir el impacto social y económico, especialmente en los sectores más vulnerables.

El exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro, en el marco de una investigación por presunto daño económico al Estado relacionado con la construcción de la Doble Vía El Sillar, carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

Según la Fiscalía, durante su gestión se habrían cometido irregularidades en la administración y ejecución del contrato de esta obra, cuyo monto supera los 400 millones de dólares. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la aplicación de un tipo de cambio distinto al oficial en pagos realizados a la empresa constructora, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 2,4 millones de dólares.

Por estos hechos, Montaño fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. En audiencia cautelar, la autoridad judicial determinó su detención preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

El exministro, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que el proceso tiene un trasfondo político, afirmando que actuó conforme a la normativa vigente durante su gestión. Mientras tanto, el Ministerio Público continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades en este caso.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el número de puntos de bloqueo en vías nacionales aumentó a 50, generando interrupciones en rutas estratégicas y afectando la circulación de transporte de pasajeros, carga y productos esenciales.

Según la ABC, los bloqueos se concentran en departamentos del eje central, occidente y oriente, dificultando la conexión entre ciudades y complicando la distribución de alimentos, combustible y otros insumos. La institución actualizó su mapa de transitabilidad, indicando los tramos habilitados parcialmente y aquellos completamente cerrados, además de recomendar rutas alternas a los conductores.

Autoridades de transporte y seguridad pidieron a la población planificar sus viajes y tomar precauciones, mientras continúan las negociaciones para habilitar el paso en las vías afectadas. Transportistas y comerciantes alertan sobre retrasos y mayores costos por los desvíos obligatorios.