El presidente del pais , Rodrigo Paz Pereira, afirmó que el Decreto Supremo 5503 fue determinante para evitar el colapso económico del país, en un contexto que calificó como crítico debido al peso de la subvención a los combustibles y al impacto del contrabando en las finanzas públicas. En ese marco, anunció el inicio de una nueva etapa de evaluación y ajustes, que podría derivar en la emisión de un nuevo decreto.

“El DS 5503 permitió estabilizar al país en un momento límite. Sin esta decisión, Bolivia enfrentaba un colapso económico”, sostuvo el mandatario, al señalar que la norma marcó un punto de inflexión en la política económica nacional tras más de dos décadas de un modelo basado en la subvención.

Paz explicó que el Gobierno abrió espacios de diálogo técnico y político con diversos sectores sociales para revisar los artículos observados del decreto, aclarando que el objetivo no es retroceder en las decisiones estructurales, sino perfeccionar la normativa y corregir aspectos que puedan generar distorsiones o afectar a sectores específicos.

“El diálogo nos lleva a una nueva etapa, una etapa que dará lugar a un nuevo decreto, producto del consenso y de la evaluación responsable”, remarcó el presidente, al destacar el trabajo de las mesas técnicas instaladas con organizaciones sociales, sectores productivos y autoridades nacionales.

El Jefe de Estado reiteró que su Gobierno mantendrá una postura firme frente a la eliminación de la subvención, pero aseguró que se analizarán mecanismos de transición y ajustes para reducir el impacto social y económico, especialmente en los sectores más vulnerables.

El exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro, en el marco de una investigación por presunto daño económico al Estado relacionado con la construcción de la Doble Vía El Sillar, carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

Según la Fiscalía, durante su gestión se habrían cometido irregularidades en la administración y ejecución del contrato de esta obra, cuyo monto supera los 400 millones de dólares. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la aplicación de un tipo de cambio distinto al oficial en pagos realizados a la empresa constructora, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 2,4 millones de dólares.

Por estos hechos, Montaño fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. En audiencia cautelar, la autoridad judicial determinó su detención preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

El exministro, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que el proceso tiene un trasfondo político, afirmando que actuó conforme a la normativa vigente durante su gestión. Mientras tanto, el Ministerio Público continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades en este caso.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el número de puntos de bloqueo en vías nacionales aumentó a 50, generando interrupciones en rutas estratégicas y afectando la circulación de transporte de pasajeros, carga y productos esenciales.

Según la ABC, los bloqueos se concentran en departamentos del eje central, occidente y oriente, dificultando la conexión entre ciudades y complicando la distribución de alimentos, combustible y otros insumos. La institución actualizó su mapa de transitabilidad, indicando los tramos habilitados parcialmente y aquellos completamente cerrados, además de recomendar rutas alternas a los conductores.

Autoridades de transporte y seguridad pidieron a la población planificar sus viajes y tomar precauciones, mientras continúan las negociaciones para habilitar el paso en las vías afectadas. Transportistas y comerciantes alertan sobre retrasos y mayores costos por los desvíos obligatorios.

El departamento de Cochabamba se encuentra prácticamente aislado del resto del país debido a los bloqueos instalados en las principales rutas interdepartamentales, una situación que afecta de manera directa la transitabilidad, el transporte de pasajeros y el traslado de productos de primera necesidad. Las medidas de presión se concentran en tramos estratégicos que conectan al eje central con el occidente y el oriente del país, impidiendo el paso de vehículos livianos y pesados.

La interrupción de las carreteras ha provocado la suspensión de viajes desde la terminal terrestre, dejando a cientos de pasajeros varados y generando pérdidas económicas para el sector del transporte. Empresas de buses y transportistas denunciaron que no existen condiciones de seguridad para circular, mientras que los choferes permanecen a la espera de una solución que permita restablecer el tránsito.

El bloqueo también impacta en el abastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos esenciales. Comerciantes y productores alertaron sobre retrasos en la llegada de mercadería a los mercados, lo que podría derivar en alzas de precios si la medida se prolonga. Sectores productivos advirtieron que la imposibilidad de sacar sus productos hacia otros departamentos genera pérdidas diarias y pone en riesgo la cadena de distribución.

Desde las comunidades movilizadas se ratificó la continuidad de los bloqueos hasta que sus demandas sean atendidas, mientras que autoridades locales expresaron preocupación por el aislamiento del departamento y sus consecuencias económicas y sociales. La Policía mantiene presencia en algunos puntos conflictivos, aunque la situación sigue siendo tensa y variable.

Cochabamba, considerada el eje de integración vial del país, enfrenta así un escenario crítico, ya que su aislamiento repercute no solo a nivel regional, sino también en la conexión nacional entre occidente y oriente, afectando el normal desarrollo de actividades comerciales, productivas y de transporte.

Momentos de alta tensión se vivieron en el municipio de Huanuni, en el departamento de Oruro, luego de que se denunciaran enfrentamientos violentos entre grupos de jukus y trabajadores mineros, en los que presuntamente se utilizó dinamita y armas de fuego. Los hechos generaron alarma entre la población, que reportó fuertes explosiones y disparos en inmediaciones de zonas mineras y barrios cercanos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conflicto se habría originado por disputas relacionadas con el control de áreas de trabajo y el robo de mineral. Los jukus, dedicados a la extracción ilegal, habrían intentado ingresar a sectores explotados por trabajadores mineros, lo que derivó en una confrontación directa. Vecinos señalaron que la situación se tornó peligrosa debido al uso de explosivos, lo que obligó a muchas familias a resguardarse en sus viviendas.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Boliviana activó operativos de control y desplazó efectivos a los puntos conflictivos con el objetivo de restablecer el orden y evitar una escalada mayor de violencia. Se informó también del refuerzo de la seguridad en accesos estratégicos y en áreas consideradas de alto riesgo. Centros de salud de la zona fueron puestos en alerta ante la posibilidad de personas heridas.

Autoridades locales expresaron su preocupación por la reiteración de este tipo de hechos y advirtieron que la presencia de jukus representa un riesgo permanente para la seguridad de los trabajadores y de la población. Asimismo, se anunció que se coordinarán acciones con instancias departamentales y nacionales para intensificar los controles, frenar la actividad ilegal y garantizar la seguridad en el distrito minero.