El Comité Cívico de Tarija anunció que podría apoyar la exploración del pozo Domo Oso X3 siempre que se confirme que se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (RNFFT). Jesús Gira, presidente del comité, indicó que la decisión se tomará en una audiencia con el viceministro de Exploración y Explotación, Caleb Montes, y representantes de YPFB y Petrobras, donde se analizará la ubicación exacta del proyecto.

El proyecto enfrenta resistencia de pobladores locales por su cercanía a áreas protegidas, aunque las autoridades aseguran que está dentro de la zona de manejo integral de la Cuenca de Saicán. La audiencia se realizará en el Patio del Cabildo y permitirá que todas las partes expongan sus argumentos.

El Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) retomaron este miércoles el diálogo luego de confirmarse la liberación de los 12 mineros que fueron aprehendidos durante las movilizaciones registradas en La Paz. La reunión se reinstaló tras varias horas de tensión y la paralización previa de las conversaciones entre ambas partes.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que “ya se dan las condiciones para arrancar la reunión”, declaración que fue respaldada por representantes sindicales, quienes confirmaron que el juzgado dispuso la libertad de los detenidos. Desde la dirigencia de la COB señalaron que la detención de los mineros impedía cualquier negociación y que su liberación era una condición indispensable para retomar el diálogo.

Según la información oficial, nueve de los mineros fueron liberados de manera inmediata, uno ya cumplía detención domiciliaria y los dos restantes aguardaban la conclusión de trámites judiciales para acogerse al mismo beneficio. Con ello, los dirigentes sindicales afirmaron que “se dan las condiciones para iniciar la reunión” y avanzar en las mesas de negociación.

El diálogo se reanuda luego de más de dos semanas de movilizaciones continuas y bloqueos impulsados por la COB en rechazo al Decreto Supremo 5503, en un escenario marcado por la conflictividad social y la exigencia de respuestas concretas por parte del Ejecutivo.

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, anunció la presentación de un proyecto de ley para frenar el Decreto Supremo 5503, norma que entró en vigencia en diciembre de 2025 con el objetivo de garantizar la provisión de combustibles en el país. La iniciativa generó una inmediata reacción política, ya que desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue calificada como un “sabotaje” a la estabilidad nacional.

Lara sostuvo que, si bien reconoce que la subvención a los combustibles debía revisarse en algún momento, cuestionó la forma y el contexto en que se aprobó el decreto. Afirmó que varios artículos del D.S. 5503 y también del D.S. 5515 serían contrarios a la Constitución Política del Estado, al considerar que usurpan atribuciones de la Asamblea Legislativa, comprometen los recursos naturales del país, habilitan mayor endeudamiento a través del Banco Central y favorecen a empresas transnacionales sin control legislativo. Por ello, convocó a senadores, diputados y bancadas opositoras a respaldar el proyecto de ley “pensando en el país”.

Desde el PDC, el diputado Ricardo Rada rechazó la propuesta y aseguró que el país no tiene otra salida que respaldar las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, a quien atribuyó la intención de dar estabilidad económica. Según Rada, la iniciativa anunciada por Lara constituye un “sabotaje” y, además, es políticamente inviable, ya que anteriores intentos legislativos similares no lograron apoyo suficiente en la Asamblea.

El debate se da en un contexto de creciente conflictividad social. Este miércoles, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz confirmó la admisión de una Acción Popular contra el D.S. 5503, mientras que desde hace más de dos semanas se registran movilizaciones y bloqueos de caminos, principalmente en el departamento de La Paz, impulsados por sectores sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la abrogación del decreto. Paralelamente, el Gobierno instaló mesas de diálogo con ministros y dirigentes para analizar las observaciones a la norma.

El diputado Juan José Torrez denunció que Diana Romero, legisladora y esposa del vicepresidente Edmand Lara, escribió en un chat de parlamentarios que el presidente Rodrigo Paz “está cavando su propia tumba”, frase que Torrez calificó como una amenaza política en un contexto de crecientes fricciones dentro del Gobierno. Según el legislador, el mensaje circuló en un grupo con más de 100 diputados y refleja una postura agresiva contra el primer mandatario.

Torrez también acusó al vicepresidente de buscar aprovechar la crisis política para quedarse con el poder Ejecutivo, sugiriendo que Lara podría estar impulsando una aspiración personal más allá de sus funciones constitucionales. En ese sentido, afirmó que se evalúan acciones legislativas para frenar lo que consideró “difamaciones y calumnias” provenientes del binomio vicepresidencial.
Durante su intervención, Torrez compartió capturas del mensaje de Romero y dijo que también circulan grabaciones en las que se ve a Lara instruyendo a legisladores para obstaculizar iniciativas del Gobierno de Paz, como la aprobación de créditos o debates clave. El diputado llamó a que cualquier observación al Ejecutivo se haga “de manera formal y técnica” en lugar de a través de expresiones con carga política intensa.

Este episodio se da en un contexto de tensiones públicas entre el presidente y el vicepresidente, con Lara criticando varias decisiones del Gobierno y que las diferencias estratégicas, lo que ha generado alertas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la estabilidad de la relación entre ambas autoridades.