viernes, abril 10, 2026
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Diputado acusa a la esposa del vicepresidente de amenazar al presidente y plantea que Lara busca quedarse con el Ejecutivo en medio de tensiones políticas

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El diputado Juan José Torrez denunció que Diana Romero, legisladora y esposa del vicepresidente Edmand Lara, escribió en un chat de parlamentarios que el presidente Rodrigo Paz “está cavando su propia tumba”, frase que Torrez calificó como una amenaza política en un contexto de crecientes fricciones dentro del Gobierno. Según el legislador, el mensaje circuló en un grupo con más de 100 diputados y refleja una postura agresiva contra el primer mandatario.

Torrez también acusó al vicepresidente de buscar aprovechar la crisis política para quedarse con el poder Ejecutivo, sugiriendo que Lara podría estar impulsando una aspiración personal más allá de sus funciones constitucionales. En ese sentido, afirmó que se evalúan acciones legislativas para frenar lo que consideró “difamaciones y calumnias” provenientes del binomio vicepresidencial.
Durante su intervención, Torrez compartió capturas del mensaje de Romero y dijo que también circulan grabaciones en las que se ve a Lara instruyendo a legisladores para obstaculizar iniciativas del Gobierno de Paz, como la aprobación de créditos o debates clave. El diputado llamó a que cualquier observación al Ejecutivo se haga “de manera formal y técnica” en lugar de a través de expresiones con carga política intensa.

Este episodio se da en un contexto de tensiones públicas entre el presidente y el vicepresidente, con Lara criticando varias decisiones del Gobierno y que las diferencias estratégicas, lo que ha generado alertas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la estabilidad de la relación entre ambas autoridades.

TSE advierte que partidos inscriben candidatos sin requisitos para luego sustituirlos

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó que varias organizaciones políticas estarían inscribiendo candidatos que no cumplen con los requisitos legales, con el objetivo de sustituirlos posteriormente dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. Esta práctica fue observada durante el proceso de revisión y depuración de listas de postulantes a cargos subnacionales.

Desde el ente electoral se señaló que esta situación distorsiona el espíritu del proceso democrático y genera incertidumbre en la ciudadanía, además de sobrecargar el trabajo de verificación de requisitos. La advertencia surge en un contexto marcado por un elevado número de candidaturas inhabilitadas a nivel nacional.

El TSE recordó que las organizaciones políticas son responsables de verificar previamente que sus postulantes cumplan con todas las condiciones exigidas por ley y advirtió que se aplicará la normativa vigente para garantizar transparencia y legalidad en el proceso electoral.

Gobierno responderá a la Acción Popular contra el DS 5503 en audiencia el día viernes

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El Gobierno anunció que presentará sus argumentos en la audiencia prevista para este viernes, en respuesta a la Acción Popular interpuesta contra el Decreto Supremo 5503. Autoridades señalaron que la defensa se realizará en el marco legal correspondiente y que se expondrán los fundamentos técnicos y jurídicos que respaldan la norma cuestionada.

Desde el Ejecutivo se afirmó que el DS 5503 fue emitido conforme a la Constitución y a la normativa vigente, y que su objetivo responde a medidas económicas consideradas necesarias en el actual contexto. “Vamos a argumentar donde corresponda”, señalaron autoridades, remarcando que se respetará plenamente el desarrollo del proceso judicial.

La Acción Popular fue presentada por sectores que consideran que el decreto vulnera derechos y afecta a distintos grupos sociales, lo que ha generado debate y movilizaciones en el país. La audiencia del viernes será clave para definir si la norma continúa vigente o si se dispone alguna medida provisional.

Mientras tanto, el tema mantiene expectativa tanto en sectores sociales como en el ámbito político, en un escenario marcado por la tensión y la demanda de definiciones sobre el futuro del decreto.

El 80% de los más de 34.000 candidatos subnacionales fueron inhabilitados para las elecciones

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Un alto porcentaje de los postulantes a cargos subnacionales quedó fuera del proceso electoral, luego de que se confirmara la inhabilitación de aproximadamente el 80% de los más de 34.000 candidatos inscritos a nivel nacional. Entre los afectados se encuentran aspirantes a alcaldías, concejalías, gobernaciones y asambleas departamentales.

Las inhabilitaciones responden principalmente al incumplimiento de requisitos establecidos en la normativa electoral, como observaciones en la documentación presentada, faltas en el registro de datos personales, incompatibilidades legales y el no cumplimiento de condiciones exigidas para la postulación. Esta situación redujo de manera significativa el número de candidatos habilitados para participar en la contienda.

El elevado número de postulantes inhabilitados genera repercusiones en el escenario político local, ya que varias organizaciones y agrupaciones deberán reorganizar sus listas y redefinir estrategias de cara al proceso electoral. En algunos municipios, la depuración de candidaturas podría limitar la oferta electoral y modificar el equilibrio de fuerzas políticas.

El proceso de revisión y depuración de listas forma parte del calendario electoral y busca garantizar que los candidatos que participen cumplan con los requisitos legales vigentes. Mientras tanto, el panorama subnacional queda marcado por una fuerte reducción de aspirantes y un reordenamiento político en distintas regiones del país.

Conflictos sociales activan 15 bloqueos en carreteras del país y afectan la circulación

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Al menos 15 puntos de bloqueo fueron registrados en distintas carreteras del país a causa de conflictos sociales que continúan sin solución. Las medidas de presión se concentran en rutas estratégicas que conectan el occidente, valles y oriente, afectando de manera directa la circulación de vehículos particulares, transporte interdepartamental y carga pesada.

Los bloqueos generan demoras prolongadas para pasajeros y transportistas, además de dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos de primera necesidad en varias ciudades. Sectores productivos advierten que la interrupción de las vías provoca pérdidas económicas diarias, especialmente en el traslado de productos agrícolas y mercancías destinadas a los mercados internos.

Las movilizaciones responden a demandas sociales y económicas de distintos sectores, que exigen atención inmediata a sus pliegos petitorios. Mientras tanto, la situación en las carreteras se mantiene tensa, con filas de vehículos varados y restricciones intermitentes al paso en algunos tramos.

La continuidad de los bloqueos incrementa la preocupación de la población ante un posible desabastecimiento y mayores afectaciones al comercio y la actividad económica. Autoridades realizan seguimiento al conflicto, en un contexto marcado por la presión social y la demanda de soluciones urgentes para restablecer la transitabilidad en la red vial del país.

Más de 400 reclusos podrán recuperar su libertad por decreto de indulto

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia publicó este martes la lista oficial de reclusos que recibirán las certificaciones de indulto, en el marco del Decreto Supremo 5460 de octubre de 2025. La medida busca beneficiar a 3.500 privados de libertad en todo el país, aunque este primer listado incluye a más de 400 personas.

El indulto está dirigido a quienes no hayan sido condenados por asesinatos, delitos sexuales o narcotráfico y que hayan mostrado buena conducta durante su reclusión. La medida permitirá que los beneficiarios puedan recuperar su libertad en las próximas horas, según informó el TSJ a través de sus redes sociales.

Productores alertan sobre impactos de bloqueos de la COB en abastecimiento e inflación

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Diversos sectores productivos en Bolivia rechazaron los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), señalando que estas medidas afectan directamente la economía y el abastecimiento de alimentos. Desde este martes, la COB mantiene nueve puntos de bloqueo en Pando, La Paz, Oruro y Chuquisaca en rechazo al Decreto Supremo 5503.

El presidente de Confeagro, Klaus Frerking, advirtió que los bloqueos significan “corte de abastecimiento a mercados y unidades productivas, aumento de precios e imposibilidad de trabajar normalmente”. Por su parte, Oswaldo Barriga, presidente de Caneb, llamó a los dirigentes sindicales a evitar la política de confrontación, señalando que algunos buscan mantener un modelo económico que, según él, generó empobrecimiento, contrabando y burocracia.

Asimismo, Walter Ruiz, de Congabol, enfatizó que la producción interna y las exportaciones requieren que las carreteras estén libres, y exhortó a agotar los mecanismos de diálogo con el Gobierno. Este mismo martes, los ministros Oscar Mario Justiniano y Mauricio Zamora se reunieron con más de 40 sectores sociales para socializar el decreto y recoger propuestas de mejora.

Dólar paralelo cierra con leve baja este martes 6 de enero en Bolivia

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La cotización del dólar paralelo en Bolivia registró ligeras variaciones este martes 6 de enero de 2026. la divisa se vende a 9,61 BOB y se compra a 9,62 BOB, mostrando una leve disminución respecto al cierre del lunes, cuando se ubicaba en 9,64 BOB para la venta y 9,66 BOB para la compra.

El denominado dólar Blue, refleja un comportamiento similar, cotizándose a la compra en 9,62 BOB y a la venta en 9,60 BOB. Esta dinámica del mercado paralelo es observada de cerca por la población, dado que las restricciones para adquirir dólares por canales oficiales limitan la disponibilidad de la moneda estadounidense en el país.

TSE inhabilita a la mayoría de candidatos por presentar solo fotocopias de carnet

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a la mayoría de los candidatos inscritos para las elecciones subnacionales de 2026 en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, tras detectar que muchas organizaciones políticas presentaron únicamente fotocopias de carnet, buscando dejar espacios para sustituciones posteriores.

En La Paz, de 9.828 candidatos, fueron habilitados 2.038 y 7.790 inhabilitados. En Oruro, 433 habilitados y 2.677 inhabilitados; en Potosí, 829 habilitados y 3.685 inhabilitados; y en Chuquisaca, 475 habilitados y 1.423 inhabilitados. El presidente del TSE, Gustavo Ávila, señaló que esta práctica se ha repetido en otras regiones del país, incluida Santa Cruz, donde más del 60% de candidatos quedaron inhabilitados.

El TSE convocó a una reunión nacional en Santa Cruz para los días 7 y 8 de enero, con el objetivo de definir plazos para que las organizaciones políticas sustituyan a los candidatos inhabilitados y garantizar la transparencia en el proceso electoral.

Comunarios toman estación clave de YPFB y paralizan operaciones en Oconi en rechazo al DS 5503

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YPFB Transporte S.A. informó que comunarios tomaron la Estación de Compresión y Bombeo Oconi, una infraestructura estratégica que forma parte del Gasoducto al Altiplano y del oleoducto Santa Cruz–Cochabamba, lo que provocó la paralización total de operaciones y la activación inmediata de un plan de emergencia. La estatal advirtió que la medida genera riesgos para la seguridad del personal y de las personas que se encuentran en el lugar, además de poner en riesgo la continuidad del servicio.

Según el comunicado oficial, la toma es una acción externa a la empresa, pero con impacto directo en la operación. YPFB señaló que se activaron protocolos de seguridad para resguardar la integridad física de trabajadores y manifestantes, y que se mantiene coordinación con autoridades competentes para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. Hasta el momento, no se precisó si existen afectaciones concretas al transporte de gas o combustibles hacia otras regiones del país.

Por su parte, productores campesinos que participan en la protesta explicaron que la ocupación de la estación responde al rechazo al Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los combustibles. Dirigentes del sector aseguraron que esta medida duplicó los costos de producción, especialmente por el encarecimiento del uso de maquinaria e insumos agrícolas, afectando seriamente la economía de las comunidades rurales.