El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó este lunes que el 71% de los postulantes que buscaban candidaturas para las elecciones subnacionales fueron inhabilitados debido a incumplimientos de requisitos legales y técnicos. La autoridad electoral indicó que los principales motivos incluyen falta de documentación, inconsistencias en las planillas de apoyo ciudadano y omisiones en la presentación de informes de transparencia.

El TED explicó que este proceso de revisión busca garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral, asegurando que los candidatos cumplan con las normativas vigentes. “Estamos actuando con estricto apego a la ley para que solo quienes cumplan los requisitos puedan participar”, señalaron las autoridades.

Dirigentes políticos y postulantes inhabilitados han expresado su malestar y algunos anunciaron que podrían presentar recursos de reconsideración o apelaciones, mientras que la población observa con atención el avance de la depuración de candidaturas, que influirá directamente en la competencia electoral y la oferta política disponible para las próximas votaciones.

El TED reiteró que las medidas buscan proteger la legitimidad del proceso y garantizar elecciones limpias, haciendo un llamado a los partidos y postulantes a respetar los plazos y cumplir con todos los requisitos establecidos.

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia emitió un comunicado este lunes alertando sobre la circulación de versiones malintencionadas y desinformación que buscan generar conflicto social y alarma entre la población. Según las autoridades, estas versiones, difundidas principalmente a través de redes sociales y cadenas de mensajería, pretenden distorsionar la realidad, incrementar la tensión ciudadana y desestabilizar la percepción sobre la gestión pública.

El Ejecutivo señaló que estas acciones buscan, deliberadamente, crear un ambiente de incertidumbre y zozobra, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y en las políticas implementadas para garantizar la estabilidad social y económica del país. Por ello, se hace un llamado a la población para verificar la información antes de difundirla y basarse únicamente en datos oficiales.

Además, el Gobierno enfatizó su compromiso con la transparencia, la seguridad y la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la tranquilidad de los bolivianos, asegurando que cualquier noticia falsa será desmentida de manera inmediata. “La desinformación y los rumores no deben convertirse en un instrumento de división ni de alarma social”, indicaron las autoridades.

El comunicado también subraya que, en momentos de alta circulación de información, la cooperación ciudadana es clave para mantener la cohesión social, instando a todos los ciudadanos a actuar con responsabilidad al compartir contenidos y a no dejarse llevar por versiones no verificadas que puedan generar pánico o desconfianza.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, rechazó este miércoles la radicalización de las medidas de presión anunciadas por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503. Antelo señaló que los bloqueos y protestas paralizan la producción, elevan los costos y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo, afectando tanto a empresas como a familias en todo el país.

El dirigente empresarial advirtió que la paralización de carreteras y otras acciones de presión generan impactos negativos en la economía, retrasan el abastecimiento de insumos y productos, y dificultan la operación de las pequeñas y medianas empresas, sectores clave para la generación de empleo. “Bloquear nunca es legítimo y las demandas deben resolverse mediante el diálogo y la concertación, no afectando a la población”, enfatizó Antelo.

Asimismo, Cainco hizo un llamado a los sectores movilizados a buscar soluciones a través de espacios de negociación y diálogo constructivo, destacando que las medidas radicales podrían agravar la crisis económica y social que atraviesa el país. La institución también subrayó la necesidad de proteger la estabilidad laboral y económica mientras se buscan alternativas para atender las demandas del movimiento obrero.

El ministro Marco Antonio Oviedo anuncia la convocatoria a una nueva reunión con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) este martes a horas 12 :30 pm en instalaciones del Ministerio de Gobierno en la ciudad de La Paz, dicha reunión el objetivo de avanzar en el diálogo respecto al Decreto Supremo 5503 y otras medidas económicas que han generado tensiones sociales. La cita busca generar un espacio de negociación y evitar la profundización de los bloqueos y protestas que afectan a distintas regiones del país.

La convocatoria se da en un contexto de conflicto profundo entre el Ejecutivo y el movimiento obrero. A principios de semana, la COB rompió las mesas de diálogo tras la negativa del Gobierno a abrogar el DS 5503, que el sector sindical considera perjudicial para los trabajadores y la economía popular. Tras esa ruptura, la entidad ratificó un bloqueo nacional de carreteras que comenzó a medianoche y que afecta el transporte, la producción y el abastecimiento en varias regiones del país.

Autoridades del Ejecutivo reiteraron que la reunión busca abrir un espacio de negociación responsable y constructivo, en el que se puedan escuchar las demandas de la COB sin que las protestas y la violencia limiten el proceso. Voceros oficiales han defendido la necesidad de explicar los alcances de la norma y han expresado su disposición a revisar y “mejorar” aspectos de la misma, aunque sin comprometerse a una abrogación total del decreto.

Desde la COB, los dirigentes sindicales mantienen firme su postura de exigir la abrogación del decreto y han advertido que las bases decidirán las próximas medidas si no hay avances concretos en los acuerdos. La tensión social sigue al alza, con sindicatos, federaciones mineras y otros sectores movilizados en La Paz y otros departamentos, mientras organizaciones productivas también han manifestado su preocupación por el impacto de los bloqueos en la economía nacional.