El hijo del expresidente Luis Arce, Marcelo Arce Mosqueira, fue presentado la tarde de este viernes ante un juez en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, en el marco de su audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica dentro de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

El imputado llegó bajo fuerte resguardo policial, enmanillado y a bordo de un vehículo oficial. Antes del inicio de la audiencia, se limitó a declarar ante los medios: “No voy a declarar nada”, ratificando la postura que ha mantenido desde su aprehensión, ocurrida el pasado miércoles en la zona de Equipetrol.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones preliminares han permitido identificar al menos 18 bienes inmuebles y 20 vehículos, además de movimientos financieros considerados sospechosos, los cuales están siendo analizados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

En ese contexto, la Fiscalía solicitó la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, argumentando riesgos procesales como posible fuga y obstaculización de la investigación, además de la existencia de indicios de responsabilidad penal.

La audiencia cautelar será determinante para definir si el imputado afrontará el proceso en libertad o bajo detención preventiva, en un caso que ha generado amplia repercusión por su impacto político y judicial en el país.

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, se presentó este viernes ante la Fiscalía de El Alto para prestar su declaración informativa en calidad de testigo, en el marco de la investigación por el accidente aéreo ocurrido el 27 de febrero, que dejó varios fallecidos y heridos.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó que el proceso investigativo se centra en la presunta destrucción de bienes del Estado, además de esclarecer aspectos clave como el traslado de valores, la cantidad de dinero que transportaba la aeronave y las autorizaciones relacionadas con la quema de los billetes.

Espinoza llegó a dependencias del Ministerio Público poco después de las 14:00, donde respondió a las consultas de los investigadores en torno al manejo y traslado del dinero. La autoridad fue citada únicamente como testigo, sin que hasta el momento existan indicios en su contra.

De acuerdo con información oficial del Gobierno, en el avión siniestrado se transportaban más de 17 millones de piezas de billetes, equivalentes a cerca de 50 millones de bolivianos, lo que convierte el caso en un hecho de alta relevancia para el Estado.

En ese contexto, la Fiscalía no descarta convocar a otros funcionarios del BCB, así como a altos jefes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con el objetivo de recabar mayor información que permita reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se amplíen las declaraciones dentro de un proceso que busca esclarecer completamente las circunstancias del accidente.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dio a conocer nuevos detalles sobre los siete ciudadanos extranjeros aprehendidos en un operativo ejecutado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, quienes estarían vinculados al entorno de seguridad del narcotraficante Sebastián Marset.

De acuerdo con la autoridad, los detenidos —cinco colombianos y dos ecuatorianos— formarían parte de los cordones de seguridad de la organización criminal. “Se procedió a la aprehensión de siete personas que tendrían indicios de ser parte de la organización o de los cordones de seguridad”, explicó.

Mariaca señaló que los investigados no serían actores secundarios, sino que habrían cumplido funciones específicas dentro de la estructura que protegía a Marset, actualmente procesado en Estados Unidos.

Entre los delitos que se investigan se encuentran tráfico de armas y tenencia de munición de grueso calibre, además de otros cargos que podrían surgir conforme avance la investigación.

Uno de los elementos que refuerza esta hipótesis es el secuestro de uniformes de tipo militar, lo que, según el fiscal, evidencia un nivel de organización dentro del grupo.

Los aprehendidos permanecen en dependencias policiales mientras se desarrollan las declaraciones informativas y el análisis de pruebas, en un caso que continúa ampliándose y que busca desarticular completamente la red vinculada a Marset.

La Policía Boliviana inició una investigación contra siete efectivos por la presunta captura y posterior liberación de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, un día antes de su aprehensión oficial en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con reportes preliminares del Ministerio de Gobierno de Bolivia, el hecho habría ocurrido el martes en la zona de Río Seco, donde el investigado fue interceptado por un grupo de uniformados, pero liberado minutos después por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Posteriormente, un equipo de inteligencia realizó seguimiento al implicado, lo que derivó en su aprehensión formal el miércoles en la zona de Equipetrol, en cumplimiento de una orden fiscal dentro de una investigación por presuntos delitos económicos.

Tras su captura, Arce Mosqueira fue puesto a disposición del Ministerio Público para prestar declaración informativa; sin embargo, hizo uso de su derecho constitucional al silencio.

La Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva del investigado, mientras se amplían las indagaciones no solo sobre el caso principal, sino también sobre la actuación de los efectivos policiales involucrados en la presunta liberación.

Las autoridades no descartan sanciones si se comprueba alguna irregularidad en el procedimiento.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) llevó a cabo en Santa Cruz el segundo encuentro denominado “Diálogo para las Elecciones Subnacionales”, con la participación de delegados de organizaciones políticas, vocales electorales y representantes de distintas instituciones.

Durante la jornada, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, expuso los principales componentes técnicos del proceso electoral, incluyendo la cadena de custodia del material electoral, el padrón biométrico y los sistemas de control y verificación.

La autoridad enfatizó la importancia del voto como expresión de la soberanía popular y advirtió que denuncias de fraude sin pruebas o el desconocimiento de resultados pueden afectar la estabilidad democrática y la paz social en el país.

“Un ciudadano, cuando deposita su voto, espera que este sea respetado, protegido y correctamente contabilizado”, señaló Ávila, al destacar la necesidad de garantizar la transparencia del proceso.

El encuentro incluyó además un simulacro de votación, con el objetivo de despejar dudas sobre la jornada electoral prevista para el 22 de marzo. También se explicó el procedimiento posterior al cierre de mesas, como el registro de actas mediante el sistema de Sirepre y el traslado del material a los centros de cómputo.

Con este tipo de actividades, el Órgano Electoral busca fortalecer la confianza de los actores políticos y la ciudadanía en el proceso electoral.