El Ministerio de Educación aprobó la Resolución Ministerial 0001/2026, que regula el calendario escolar y fija nuevas disposiciones para la gestión educativa 2026. Entre las medidas más relevantes se encuentra la prohibición del uso de teléfonos celulares dentro del aula, norma que alcanza tanto a estudiantes como a docentes, con el objetivo de mejorar la concentración y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La autoridad educativa departamental informó que el periodo de inscripciones se realizará del 19 al 23 de enero y que el inicio de clases está programado para el 2 de febrero. El calendario escolar concluirá el 2 de diciembre y podrá ser ajustado en caso de contingencias, siempre que se garantice el cumplimiento de los 200 días hábiles establecidos por norma.
En relación con los colegios privados, se aclaró que las pensiones se mantienen congeladas al momento de la inscripción y que recién en el mes de abril se evaluará la posibilidad de un ajuste, tras una reunión con representantes del sector educativo particular.
El ministerio de educación establecen la prohibición del uso de celulares en aulas para estudiantes y docentes durante la gestion 2026
un juez federal de estados unidos fija para el 17 de marzo la próxima audiencia de Nicolás Maduro y Cilia flores
Un juez federal de Estados Unidos determinó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, deberán volver a comparecer ante una corte el próximo 17 de marzo, como parte del proceso judicial que se sigue en su contra. La decisión se tomó luego de que ambos concluyeran su primera audiencia preliminar ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un acto de carácter principalmente procedimental.
Durante esta primera comparecencia, que se extendió por menos de una hora, tanto Maduro como Flores se declararon inocentes de los cargos presentados, que incluyen acusaciones por conspiración vinculada al narcoterrorismo y posesión de artefactos destructivos. Según la acusación, la investigación se inició en 2020 y fue ampliada recientemente para incluir a la primera dama, señalada por una presunta participación en la coordinación y logística de la red investigada.
El caso continuará su curso en una de las cortes federales con mayor peso en Estados Unidos, mientras se avanza hacia la etapa previa al juicio y se definen los próximos pasos del proceso legal.
Nicolas Maduro es juzgado en la corte de Estados Unidos
Este Lunes Maduro enfrento un juicio en una corte federal acusado de narcotráfico y vínculos con grupos terroristas. Su llegada marca un hecho histórico, ya que se trata del primer mandatario en ejercicio juzgado en EE.UU. por delitos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala y la financiación de organizaciones armadas.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos que incluyen tráfico de toneladas de drogas hacia Estados Unidos, lavado de dinero y colaboración con grupos terroristas internacionales. Autoridades estadounidenses afirman que estas acciones habrían desestabilizado la región y generado violencia y corrupción a gran escala.
El arribo del mandatario generó fuertes medidas de seguridad en torno al tribunal, con control total de acceso y presencia de agentes federales y fuerzas especiales. La defensa de Maduro anunció que impugnará los cargos y buscará garantizar un juicio justo, mientras que la fiscalía prepara un dossier con pruebas y testimonios de involucrados en las operaciones de narcotráfico.
El juicio será observado de cerca por la comunidad internacional, que alerta sobre las posibles repercusiones diplomáticas y políticas para Venezuela y la región, incluyendo sanciones adicionales y cambios en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Paz reafirma que no anulara medidas y enciende conflicto sindical
El presidente Rodrigo Paz aseguró que no dará marcha atrás ni un paso atrás “ni para el impulso” respecto al controvertido Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles y establece otras reformas económicas profundas. Esta normativa ha generado un fuerte rechazo social y sindical en todo el país, provocando movilizaciones y tensiones crecientes en varias ciudades.
“No pienso dar un paso atrás ni para el impulso”, declaró Paz ante dirigentes sindicales que pedían la revisión o modificación de sus medidas. La dirigencia sindical, por su parte, manifestó su total desacuerdo y advirtió que, de no haber cambios, activarán movilizaciones, bloqueos y protestas a nivel nacional, incluyendo posibles cierres de carreteras y paros sectoriales en sectores estratégicos como transporte, minería y la industria fabril.
Los líderes sindicales criticaron que el Gobierno se haya negado a modificar ni un solo artículo de la normativa, calificando las medidas como una afectación directa a los derechos laborales, al poder adquisitivo de los trabajadores y a la estabilidad social. Anunciaron que sostendrán reuniones permanentes y ampliados nacionales para definir estrategias de presión más contundentes en los próximos días.
Por su parte, Paz defendió que las decisiones tomadas son difíciles pero necesarias, buscando sincerar los precios de los combustibles, reducir la presión sobre las reservas estatales y sentar las bases de un nuevo modelo económico más sostenible. El mandatario sostuvo que las reformas buscan proteger el equilibrio financiero del Estado y evitar crisis mayores que puedan afectar a la población en general, pese al descontento que generan entre algunos sectores sociales.
Además, Paz reiteró que el Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo, aunque dejó claro que las medidas no serán revertidas ni suavizadas, argumentando que la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de los servicios públicos dependen de estas reformas.
Consejo de seguridad de la ONU se reúne por ataque de EEUU a Venezuela
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comenzó este lunes 5 de enero poco después de las 10:00 a.m. una reunión de emergencia para analizar el ataque militar ejecutado por Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. La sesión fue convocada bajo la agenda de “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales”.
La reunión fue impulsada por varios países de la región y contó con el respaldo de potencias mundiales que buscan evaluar la situación y sus implicaciones legales, políticas y humanitarias.
Durante los debates, representantes de Venezuela denunciaron que la operación estadounidense constituye una “agresión criminal” y una violación directa del derecho internacional, al implicar ataques contra infraestructuras civiles y militares y la captura del jefe de Estado en ejercicio. Caracas sostiene que tales acciones forman parte de un intento por imponer un gobierno títere y controlar los recursos estratégicos del país. Por su parte, altos funcionarios de la ONU expresaron profunda preocupación por la escalada del conflicto, advirtiendo que la situación podría sentar un precedente peligroso para la soberanía de los Estados y la estabilidad regional si no se respeta la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.
La sesión busca además deliberar sobre las posibles consecuencias políticas, legales y humanitarias de la intervención estadounidense y considerar medidas diplomáticas o recomendaciones que fomenten el diálogo entre las partes y la protección de los derechos humanos, en medio de advertencias de repercusiones más amplias en la región.
Consejo de la Magistratura solicita mayor presupuesto para fortalecer y mejorar el sistema judicial
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, realizó un llamado urgente al presidente del Estado, Rodrigo Paz, y a las autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo para que se incremente el presupuesto asignado al Órgano Judicial, con la finalidad de mejorar la administración de justicia, optimizar la infraestructura y reducir la retardación procesal que afecta al sistema judicial boliviano.
Spencer explicó que la actual asignación presupuestaria resulta insuficiente para cubrir las necesidades de una población de más de 11 millones de habitantes, especialmente tomando en cuenta que el país cuenta con un número limitado de jueces distribuidos en todos los departamentos, lo que resulta insuficiente frente a la alta demanda de atención jurisdiccional.
Durante su intervención en un acto oficial con autoridades del Órgano Judicial y representantes de otros poderes del Estado, Spencer señaló que sin mayores recursos será difícil garantizar una justicia oportuna y eficiente. Destacó que el incremento del presupuesto permitiría designar nuevos jueces, contratar personal de apoyo jurisdiccional y fortalecer los servicios judiciales en todo el territorio nacional.
El presidente del Consejo de la Magistratura también enfatizó que la justicia en Bolivia ha sido percibida en los últimos años como poco accesible, en parte por la falta de recursos para ampliar la infraestructura de tribunales, mejorar equipos tecnológicos y atención al público. Una mayor asignación permitiría que los tribunales departamentales cuenten con espacios adecuados, servicios básicos y herramientas digitales que aceleren la tramitación de causas y eviten la congestión en las salas judiciales.
Además, Spencer planteó la necesidad de que la administración del notariado regrese bajo competencia del Consejo de la Magistratura, lo que contribuiría a una gestión más eficiente y centralizada de los servicios judiciales esenciales.
Canciller denuncia que el país heredó una deuda de más de 39 millones de dólares para acceder a mecanismos multilaterales
El canciller Fernando Aramayo informó este domingo que Bolivia enfrenta un atraso en el pago de sus aportes y obligaciones financieras con varios organismos multilaterales, lo que ha generado una deuda acumulada de más de 39 millones de dólares y afecta directamente la participación plena del país en mecanismos internacionales como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros espacios multilaterales.
Durante una conferencia de prensa, Aramayo explicó que estas deudas datan de varios años de incumplimientos acumulados, lo que posiciona a Bolivia en situaciones de rezago frente a otras naciones en aspectos clave de cooperación y negociación internacional.
Señaló que, si el país no regulariza estos aportes, no podrá presentar estrategias comerciales, suscribir acuerdos ni ejercer plenamente sus derechos como miembro en estos mecanismos multilaterales, aun cuando existan propuestas listas o intenciones políticas de integración ,el ministro de Relaciones Exteriores agregó que esta situación también ha impactado la participación de Bolivia en reuniones y decisiones de alto nivel, ya que en muchos casos los países deben estar al día con sus compromisos financieros para ser considerados con voz y voto en foros regionales y globales. Además, afirmó que se está trabajando con distintas instituciones para establecer planes de pago y acuerdos que permitan ponerse al día con las cuotas atrasadas, priorizando mantener la presencia del Estado boliviano en la esfera internacional.
Aramayo subrayó que, sin solventar esta situación financiera, Bolivia no podrá “levantar la mano” ni hacer sentir su posición en negociaciones multilaterales, aunque cuente con agendas o estrategias ya diseñadas para avanzar en temas de comercio exterior, cooperación técnica o inversiones. También indicó que se coordina con los ministerios pertinentes para gestionar fuentes de financiamiento y mecanismos que faciliten el cumplimiento de estos compromisos.
El pronunciamiento del canciller se da en un momento en que el Gobierno busca reforzar relaciones internacionales, impulsar la reactivación comercial del país y recuperar espacios de cooperación regional y global, luego de varios años de rezago en el cumplimiento de cuotas y aportes que, según la autoridad, han debilitado la credibilidad de Bolivia ante la comunidad internacional.
Presidente del TSJ respalda a Paz y afirma que sus acciones son constitucionales y en favor del país
En un contexto de creciente debate político y judicial en Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) brindó este lunes un respaldo explícito al presidente Rodrigo Paz, al asegurar que las decisiones asumidas por el Ejecutivo en sus primeros días de gestión se enmarcan en la Constitución Política del Estado y responden al bien del país. La declaración se produjo durante la inauguración del Año Judicial 2026, evento oficial que congregó a autoridades del Órgano Judicial en la ciudad de Sucre,durante su discurso, el presidente del TSJ señaló que, conforme a la Constitución, “lo que la Constitución Política no prohíbe, está permitido”, en aparente referencia a varias medidas adoptadas recientemente por Paz, entre ellas decretos discutidos públicamente por diversos sectores sociales y políticos. El magistrado enfatizó que estas acciones, lejos de vulnerar el marco constitucional, están motivadas por la intención de preservar la estabilidad institucional y responder a los desafíos que enfrenta el país.
La posición del presidente del TSJ se produce en un escenario en que algunas organizaciones sociales han cuestionado la constitucionalidad de ciertos decretos y han demandado mayores espacios de diálogo con el Gobierno. Sin embargo, desde el Órgano Judicial se ha optado por una postura de apertura hacia la cooperación interinstitucional, remarcando que el respeto por los mandatos constitucionales es indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
El respaldo fue valorado positivamente por el entorno presidencial, que ha enfatizado la importancia de la coordinación entre los poderes del Estado para afrontar los retos económicos, sociales y judiciales del país. Desde el Ejecutivo se resaltó que este tipo de pronunciamientos contribuyen a afianzar la estabilidad democrática y a tranquilizar a la población frente a las críticas y tensiones políticas que se han evidenciado en las últimas semanas.
La declaración también se inscribe en un contexto más amplio de transformaciones institucionales y de diálogo interinstitucional en el país, donde tanto el Órgano Judicial como el Gobierno buscan proyectar una imagen de respeto por el Estado de derecho mientras enfrentan desafíos como el ajuste de normas y la modernización de procesos judiciales.
Inscripciones escolares para la gestión 2026 comenzarán el 19 de enero en todo el país
El día de hoy se dio a conocer que el 19 de enero se iniciarán las inscripciones escolares para la gestión 2026 en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, según el calendario educativo establecido por las autoridades del sector. El proceso estará dirigido principalmente a estudiantes nuevos y a quienes ingresan a primero de primaria y secundaria.
Desde el Ministerio de Educación recordaron que no se debe exigir pagos indebidos ni requisitos adicionales, y pidieron a los padres de familia realizar el trámite dentro de las fechas fijadas para evitar inconvenientes, las autoridades detallaron que cada establecimiento educativo debe exhibir claramente las fechas y requisitos para el registro, y que el proceso debe realizarse de forma ordenada y transparente, sin cobros adicionales o exigencia de documentos que no estén contemplados en la normativa vigente. Recordaron que los únicos requisitos necesarios son la fotocopia del Documento de Identidad del estudiante, la fotografía reciente y la ficha de postulación o preinscripción, según lo estipulado en las directrices ministeriales.
El ministro de Educación, junto a su equipo técnico, hizo un llamado a los padres y madres de familia a planificar la inscripción con anticipación para evitar aglomeraciones y contratiempos, y enfatizó que no se deben exigir pagos indebidos por concepto de matrícula, inscripción o uniformes escolares en las unidades educativas fiscales.
Asimismo, se explicó que las inscripciones se desarrollarán de manera presencial, con apoyo de plataformas digitales en algunos casos según la disponibilidad de cada establecimiento, y que las fechas podrán variar de acuerdo con calendarios internos de cada institución, siempre dentro del marco del plazo oficial establecido por el Ministerio.
Marcha de la COB arriba a La Paz y advierte con un bloqueo indefinido de carreteras
La Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de la movilización denominada “Bolivia no se vende”, llegó este lunes a la ciudad de La Paz tras varios días de marcha, en protesta contra el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles y aplica otros ajustes económicos, lo que ha generado rechazo en distintos sectores sociales del país, la movilización se inició hace varios días desde el interior del país y ha sido encabezada por el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, junto a trabajadores fabriles, mineros, maestros e integrantes de diferentes organizaciones sociales sindicales que rechazan las políticas económicas del Gobierno.
Los dirigentes sindicales advirtieron que, de no atenderse sus demandas —especialmente la abrogación total del Decreto Supremo 5503—, activarán un bloqueo indefinido de carreteras y caminos a nivel nacional como medida de presión. En un cabildo realizado en El Alto, tras arribar a esa ciudad, se consultó a las bases sobre la respuesta a la negativa del Gobierno de derogar la norma y se aprobó mantener las medidas de presión incluso con bloqueos de rutas. Argollo manifestó que la protesta no responde a intereses políticos sectoriales, sino a una defensa de los derechos de los trabajadores y de “los recursos naturales del país”, y reiteró la exigencia de que el decreto sea retirado en su totalidad para evitar un mayor impacto económico y social en las familias bolivianas.
El movimiento sindical sostiene que esta marcha es parte de un paro indefinido que ya lleva más de una semana y que diversas jornadas de protesta se han replicado en otras regiones del país, con la participación de trabajadores de distintos rubros. La eliminación de los subsidios a los combustibles y otros ajustes económicos establecidos por la nueva normativa han sido los principales puntos de conflicto entre la COB y el Ejecutivo.
Hasta el momento, la dirigencia de la COB ha indicado que no levantará las medidas de presión hasta recibir una respuesta concreta del Gobierno respecto a la abrogación del decreto, y ha ratificado que las movilizaciones continuarán en diferentes formas, incluyendo bloqueos de rutas si la norma no es retirada.
