El presidente del pais , Rodrigo Paz, advirtió que los bloqueos en carreteras y las movilizaciones sociales están afectando gravemente la confianza de los inversionistas internacionales en Bolivia. Según el mandatario, la persistencia de estos conflictos puede tener consecuencias negativas en la economía, el empleo y la ejecución de proyectos estratégicos en todo el país.

“Nadie invierte en un país bloqueado, esa es la realidad que enfrentamos. Las empresas nacionales e internacionales observan lo que sucede en nuestras rutas y carreteras, y eso genera incertidumbre para la llegada de nuevas inversiones”, afirmó Paz, en declaraciones previas a la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que visitará Bolivia para revisar proyectos de desarrollo, financiamiento y cooperación en distintas áreas.

El jefe de Estado hizo un llamado a los sectores sociales, sindicatos y organizaciones movilizadas a priorizar el diálogo y la concertación, señalando que la solución a los conflictos no pasa por medidas de presión que paralicen la economía, sino por mesas de negociación donde se busquen acuerdos claros y responsables.

Asimismo, Paz recordó que las inversiones extranjeras son clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y la ejecución de obras públicas, por lo que instó a los dirigentes de los movimientos sociales a “pensar en el país y no en intereses políticos o personales”.

El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, declaró que, tras la firma del reciente acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), considera que el presidente Rodrigo Paz podría contar con “un memorándum de preaviso de despido”.

Lara indicó que esta situación refleja la tensión política existente entre el Ejecutivo y el movimiento obrero, y subrayó que la firma del acuerdo no elimina las diferencias estructurales sobre el manejo del Decreto Supremo 5503 y otras políticas económicas.

El vicepresidente enfatizó que la responsabilidad del Gobierno es mantener la estabilidad, pero advirtió que las medidas de presión de sectores sociales y sindicales pueden generar riesgos institucionales si no se respetan los canales de diálogo y negociación.

El analista y economista Jaime Dunn afirmó que las recientes movilizaciones y bloqueos registrados en el país no respondieron a una defensa de derechos sociales, sino a una estrategia política de sectores de la izquierda que, según dijo, fracasaron en su gestión y buscan retomar protagonismo y poder.

Dunn sostuvo que estas medidas de presión lograron su objetivo, ya que el Gobierno terminó retrocediendo en algunas decisiones, lo que a su criterio envía una señal negativa sobre la capacidad del Estado para sostener políticas económicas de largo plazo. “Cuando un Gobierno cede ante bloqueos, se debilita institucionalmente y se refuerza la lógica de la presión como método político”, señaló.

El economista remarcó que los conflictos generados en torno al Decreto Supremo 5503 y la eliminación de la subvención fueron utilizados como bandera política, pese a que el país atraviesa una situación económica compleja que requiere medidas estructurales y no decisiones coyunturales.

Finalmente, Dunn advirtió que ceder ante estos sectores puede profundizar la incertidumbre económica, afectar la inversión y generar mayor inestabilidad social, insistiendo en la necesidad de reglas claras y coherencia en la gestión gubernamental.

El ministro de Economía , José Gabriel Espinoza, informó que el nuevo decreto anunciado por el Gobierno será aprobado entre este lunes o martes y estará estructurado en tres ejes centrales, uno de los cuales ratifica la eliminación de la subvención, medida que el Ejecutivo considera clave para la estabilidad económica del país.

La autoridad explicó que el decreto busca ordenar la economía nacional, garantizar el abastecimiento de productos y sentar bases para una nueva etapa de gestión económica, tras los efectos generados por el Decreto Supremo 5503 y las movilizaciones registradas en distintos puntos del país.

Espinoza señaló que el primer eje está relacionado con la sostenibilidad fiscal, el segundo con la protección social y el abastecimiento, y el tercero con mecanismos de control y acompañamiento económico, para evitar impactos negativos en los sectores más vulnerables.

“El Gobierno está tomando decisiones responsables y necesarias para evitar un colapso económico. Este decreto no es improvisado, responde a un análisis técnico”, afirmó la autoridad, quien además reiteró que la eliminación de la subvención no será revertida.

Finalmente, el ministro indicó que el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los sectores sociales, pero aclaró que las medidas económicas adoptadas apuntan a preservar la estabilidad del país y no responderán a presiones políticas.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural , Oscar Mario Justiniano, afirmó que el nuevo decreto que prepara el Gobierno tiene como objetivo central preservar la estabilidad económica y social del país, en un contexto marcado por conflictos, movilizaciones y presiones de distintos sectores.

Justiniano explicó que la norma surge como una respuesta técnica y política a la coyuntura actual, y aseguró que no se trata de una imposición, sino de un instrumento orientado a ordenar la economía, garantizar el abastecimiento y proteger a los sectores más vulnerables. En ese marco, sostuvo que el Ejecutivo evalúa los efectos del Decreto Supremo 5503 y los ajustes necesarios para evitar un mayor impacto social.

“El nuevo decreto nace con un espíritu de estabilidad económica y social, pensando en el país y no en intereses particulares”, señaló la autoridad, al remarcar que el Gobierno busca equilibrar las finanzas públicas sin provocar un quiebre social.

El ministro también indicó que el Ejecutivo mantiene abierta la convocatoria al diálogo con organizaciones sociales y sectores productivos, con el fin de explicar los alcances de la nueva normativa y recoger observaciones que permitan mejorar su aplicación.

Finalmente, Justiniano reiteró que cualquier decisión se tomará priorizando la gobernabilidad, la paz social y la reactivación económica, en medio de un escenario complejo para el país.

Un ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó de manera enfática cualquier versión que señale que dirigentes sindicales hayan recibido dinero a cambio de movilizaciones o decisiones políticas, y expresó su preocupación por el discurso del presidente Rodrigo Paz, al considerar que puede generar mayor tensión social en un contexto ya conflictivo.

El dirigente aseguró que la COB actúa de forma orgánica y transparente, en función de las resoluciones asumidas por sus bases, y afirmó que las acusaciones difundidas en redes sociales y algunos espacios políticos buscan desprestigiar al movimiento obrero y dividir a las organizaciones sociales.

“Nosotros no hemos recibido ni un solo peso. Las decisiones que se toman son producto del debate interno y del mandato de las bases”, sostuvo, al tiempo de advertir que criminalizar la protesta social solo profundiza el conflicto y aleja las posibilidades de diálogo.

Respecto a las declaraciones del mandatario, el ejecutivo sindical señaló que existe inquietud porque el tono utilizado podría escalar la confrontación, cuando lo que el país necesita es abrir espacios de negociación para atender las demandas sociales y económicas planteadas por distintos sectores.

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que altos líderes de Irán se habrían comunicado con Washington con la intención de abrir un proceso de negociación, en un contexto marcado por sanciones económicas y tensiones políticas entre ambos países.

“Ellos llamaron. Quieren negociar”, aseguró Trump durante una intervención pública, al señalar que la presión económica y diplomática aplicada contra Irán habría obligado a su dirigencia a buscar una salida mediante el diálogo. Según el exmandatario, estas acciones debilitaron al régimen iraní y lo llevaron a reconsiderar su postura.

Trump no precisó cuándo ni por qué canales se habría producido el contacto, pero insistió en que Teherán estaría dispuesto a sentarse a negociar bajo nuevas condiciones. También reiteró que, en caso de retornar al poder, promovería un acuerdo más estricto que los anteriores.

Hasta el momento, el Gobierno iraní no confirmó oficialmente estas declaraciones. Analistas internacionales señalan que, más allá del discurso político, las sanciones han tenido un impacto económico significativo en Irán y continúan influyendo en el escenario geopolítico de Medio Oriente.

El presidente del pais , Rodrigo Paz Pereira, afirmó que el Decreto Supremo 5503 fue determinante para evitar el colapso económico del país, en un contexto que calificó como crítico debido al peso de la subvención a los combustibles y al impacto del contrabando en las finanzas públicas. En ese marco, anunció el inicio de una nueva etapa de evaluación y ajustes, que podría derivar en la emisión de un nuevo decreto.

“El DS 5503 permitió estabilizar al país en un momento límite. Sin esta decisión, Bolivia enfrentaba un colapso económico”, sostuvo el mandatario, al señalar que la norma marcó un punto de inflexión en la política económica nacional tras más de dos décadas de un modelo basado en la subvención.

Paz explicó que el Gobierno abrió espacios de diálogo técnico y político con diversos sectores sociales para revisar los artículos observados del decreto, aclarando que el objetivo no es retroceder en las decisiones estructurales, sino perfeccionar la normativa y corregir aspectos que puedan generar distorsiones o afectar a sectores específicos.

“El diálogo nos lleva a una nueva etapa, una etapa que dará lugar a un nuevo decreto, producto del consenso y de la evaluación responsable”, remarcó el presidente, al destacar el trabajo de las mesas técnicas instaladas con organizaciones sociales, sectores productivos y autoridades nacionales.

El Jefe de Estado reiteró que su Gobierno mantendrá una postura firme frente a la eliminación de la subvención, pero aseguró que se analizarán mecanismos de transición y ajustes para reducir el impacto social y económico, especialmente en los sectores más vulnerables.

El exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro, en el marco de una investigación por presunto daño económico al Estado relacionado con la construcción de la Doble Vía El Sillar, carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

Según la Fiscalía, durante su gestión se habrían cometido irregularidades en la administración y ejecución del contrato de esta obra, cuyo monto supera los 400 millones de dólares. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la aplicación de un tipo de cambio distinto al oficial en pagos realizados a la empresa constructora, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 2,4 millones de dólares.

Por estos hechos, Montaño fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. En audiencia cautelar, la autoridad judicial determinó su detención preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

El exministro, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que el proceso tiene un trasfondo político, afirmando que actuó conforme a la normativa vigente durante su gestión. Mientras tanto, el Ministerio Público continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades en este caso.