El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, realizó un llamado urgente al presidente del Estado, Rodrigo Paz, y a las autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo para que se incremente el presupuesto asignado al Órgano Judicial, con la finalidad de mejorar la administración de justicia, optimizar la infraestructura y reducir la retardación procesal que afecta al sistema judicial boliviano.

Spencer explicó que la actual asignación presupuestaria resulta insuficiente para cubrir las necesidades de una población de más de 11 millones de habitantes, especialmente tomando en cuenta que el país cuenta con un número limitado de jueces distribuidos en todos los departamentos, lo que resulta insuficiente frente a la alta demanda de atención jurisdiccional.

Durante su intervención en un acto oficial con autoridades del Órgano Judicial y representantes de otros poderes del Estado, Spencer señaló que sin mayores recursos será difícil garantizar una justicia oportuna y eficiente. Destacó que el incremento del presupuesto permitiría designar nuevos jueces, contratar personal de apoyo jurisdiccional y fortalecer los servicios judiciales en todo el territorio nacional.

El presidente del Consejo de la Magistratura también enfatizó que la justicia en Bolivia ha sido percibida en los últimos años como poco accesible, en parte por la falta de recursos para ampliar la infraestructura de tribunales, mejorar equipos tecnológicos y atención al público. Una mayor asignación permitiría que los tribunales departamentales cuenten con espacios adecuados, servicios básicos y herramientas digitales que aceleren la tramitación de causas y eviten la congestión en las salas judiciales.

Además, Spencer planteó la necesidad de que la administración del notariado regrese bajo competencia del Consejo de la Magistratura, lo que contribuiría a una gestión más eficiente y centralizada de los servicios judiciales esenciales.

El canciller Fernando Aramayo informó este domingo que Bolivia enfrenta un atraso en el pago de sus aportes y obligaciones financieras con varios organismos multilaterales, lo que ha generado una deuda acumulada de más de 39 millones de dólares y afecta directamente la participación plena del país en mecanismos internacionales como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros espacios multilaterales.

Durante una conferencia de prensa, Aramayo explicó que estas deudas datan de varios años de incumplimientos acumulados, lo que posiciona a Bolivia en situaciones de rezago frente a otras naciones en aspectos clave de cooperación y negociación internacional.
Señaló que, si el país no regulariza estos aportes, no podrá presentar estrategias comerciales, suscribir acuerdos ni ejercer plenamente sus derechos como miembro en estos mecanismos multilaterales, aun cuando existan propuestas listas o intenciones políticas de integración ,el ministro de Relaciones Exteriores agregó que esta situación también ha impactado la participación de Bolivia en reuniones y decisiones de alto nivel, ya que en muchos casos los países deben estar al día con sus compromisos financieros para ser considerados con voz y voto en foros regionales y globales. Además, afirmó que se está trabajando con distintas instituciones para establecer planes de pago y acuerdos que permitan ponerse al día con las cuotas atrasadas, priorizando mantener la presencia del Estado boliviano en la esfera internacional.

Aramayo subrayó que, sin solventar esta situación financiera, Bolivia no podrá “levantar la mano” ni hacer sentir su posición en negociaciones multilaterales, aunque cuente con agendas o estrategias ya diseñadas para avanzar en temas de comercio exterior, cooperación técnica o inversiones. También indicó que se coordina con los ministerios pertinentes para gestionar fuentes de financiamiento y mecanismos que faciliten el cumplimiento de estos compromisos.

El pronunciamiento del canciller se da en un momento en que el Gobierno busca reforzar relaciones internacionales, impulsar la reactivación comercial del país y recuperar espacios de cooperación regional y global, luego de varios años de rezago en el cumplimiento de cuotas y aportes que, según la autoridad, han debilitado la credibilidad de Bolivia ante la comunidad internacional.

En un contexto de creciente debate político y judicial en Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) brindó este lunes un respaldo explícito al presidente Rodrigo Paz, al asegurar que las decisiones asumidas por el Ejecutivo en sus primeros días de gestión se enmarcan en la Constitución Política del Estado y responden al bien del país. La declaración se produjo durante la inauguración del Año Judicial 2026, evento oficial que congregó a autoridades del Órgano Judicial en la ciudad de Sucre,durante su discurso, el presidente del TSJ señaló que, conforme a la Constitución, “lo que la Constitución Política no prohíbe, está permitido”, en aparente referencia a varias medidas adoptadas recientemente por Paz, entre ellas decretos discutidos públicamente por diversos sectores sociales y políticos. El magistrado enfatizó que estas acciones, lejos de vulnerar el marco constitucional, están motivadas por la intención de preservar la estabilidad institucional y responder a los desafíos que enfrenta el país.

La posición del presidente del TSJ se produce en un escenario en que algunas organizaciones sociales han cuestionado la constitucionalidad de ciertos decretos y han demandado mayores espacios de diálogo con el Gobierno. Sin embargo, desde el Órgano Judicial se ha optado por una postura de apertura hacia la cooperación interinstitucional, remarcando que el respeto por los mandatos constitucionales es indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

El respaldo fue valorado positivamente por el entorno presidencial, que ha enfatizado la importancia de la coordinación entre los poderes del Estado para afrontar los retos económicos, sociales y judiciales del país. Desde el Ejecutivo se resaltó que este tipo de pronunciamientos contribuyen a afianzar la estabilidad democrática y a tranquilizar a la población frente a las críticas y tensiones políticas que se han evidenciado en las últimas semanas.

La declaración también se inscribe en un contexto más amplio de transformaciones institucionales y de diálogo interinstitucional en el país, donde tanto el Órgano Judicial como el Gobierno buscan proyectar una imagen de respeto por el Estado de derecho mientras enfrentan desafíos como el ajuste de normas y la modernización de procesos judiciales.

La Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de la movilización denominada “Bolivia no se vende”, llegó este lunes a la ciudad de La Paz tras varios días de marcha, en protesta contra el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles y aplica otros ajustes económicos, lo que ha generado rechazo en distintos sectores sociales del país, la movilización se inició hace varios días desde el interior del país y ha sido encabezada por el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, junto a trabajadores fabriles, mineros, maestros e integrantes de diferentes organizaciones sociales sindicales que rechazan las políticas económicas del Gobierno.

Los dirigentes sindicales advirtieron que, de no atenderse sus demandas —especialmente la abrogación total del Decreto Supremo 5503—, activarán un bloqueo indefinido de carreteras y caminos a nivel nacional como medida de presión. En un cabildo realizado en El Alto, tras arribar a esa ciudad, se consultó a las bases sobre la respuesta a la negativa del Gobierno de derogar la norma y se aprobó mantener las medidas de presión incluso con bloqueos de rutas. Argollo manifestó que la protesta no responde a intereses políticos sectoriales, sino a una defensa de los derechos de los trabajadores y de “los recursos naturales del país”, y reiteró la exigencia de que el decreto sea retirado en su totalidad para evitar un mayor impacto económico y social en las familias bolivianas.

El movimiento sindical sostiene que esta marcha es parte de un paro indefinido que ya lleva más de una semana y que diversas jornadas de protesta se han replicado en otras regiones del país, con la participación de trabajadores de distintos rubros. La eliminación de los subsidios a los combustibles y otros ajustes económicos establecidos por la nueva normativa han sido los principales puntos de conflicto entre la COB y el Ejecutivo.

Hasta el momento, la dirigencia de la COB ha indicado que no levantará las medidas de presión hasta recibir una respuesta concreta del Gobierno respecto a la abrogación del decreto, y ha ratificado que las movilizaciones continuarán en diferentes formas, incluyendo bloqueos de rutas si la norma no es retirada.