Este medio de comunicación tendrá pronto una nueva directiva y ellos determinaron que Iturri sea cesado de sus funciones, después de cumplir con su periodo de vacaciones. Tras denuncias de acoso laboral a los trabajadores y por retención indebida de aportes de los funcionarios los cuales no fueron pagados a la #Gestora desdela gestión 2020, lo cual derivó en la aprehensión del Gerente Comercial y quien también figura como Representante Legal del medio de comunicación que ahora debe cumplir una detención preventiva de 3 meses en el penal de Patacamaya, este seria uno de los palos blancos de Iturri quién es el autor intelectual de todos los hechos irregulares, además de recientes denuncias de «publicidad estatal inflada» y uso indebido de influencias durante el gobierno del MAS.

Iturri sale de este medio aquejado por reclamos de deudas millonarias, pago de sueldos retrasados a los trabajadores y otros serios problemas que habría tenido su administración. Tras la aprehensión de uno de sus principales aliados Luis Arce Catacora indican, busca salir del país para no rendir cuentas a la justicia.

Entre 2013 y 2015, el entonces ministro de Economía, Luis Arce, desembolsó más de Bs 100 millones a por lo menos unas 20 cuentas bancarias de dirigentes de distintas organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por este motivo, la Fiscalía imputó al ex mandatario por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El abogado Eduardo León, de la parte denunciante del caso, informó a EL DEBER que ese es el motivo por el que se investiga y procesa a Arce quien fue aprehendido la tarde del miércoles en la ciudad de La Paz y para quien la Fiscalía está solicitando 90 días de detención preventiva en el Centro de Reinserción de Qalauma para jóvenes infractores, en el municipio de Viacha (La Paz).

León indicó que, desde el año 2013 hasta 2015, se dan un conjunto de transferencias a título de proyectos de desarrollo campesino a varias personas, entre dirigentes de aquella época de las Bartolinas, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), de los interculturales, de la Federación de Campesinos Túpac Katari, entre otras organizaciones sociales alineadas al masismo, quienes se beneficiaron con millones de bolivianos.

“Tenemos un cuadro de 20 personas para presentar a la Fiscalía para explicar que sólo entre estas 20 personas se han llevado 102.898.896 bolivianos a sus cuentas privadas. Tenemos el nombre del supuesto proyecto y la cantidad que cada uno de ellos ha recibido. El hecho es que se ha depositado dinero público a cuentas privadas, ese es el delito principal”, explicó León.

El detalle del abogado denunciante sale a raíz de que tras la aprehensión del exmandatario surgió una ola de especulaciones y una danza de cifras entre bolivianos y dólares, en torno a la malversación de recursos públicos del Fondo Indígena.

León explicó que Arce es investigado por “el depósito de dineros públicos en cuentas particulares” entre los años citados líneas arriba, recursos que beneficiaron a dirigentes y exdirigentes de organizaciones sociales, todos del MAS.

El subteniente Joaquín Antonio Castellón Pezo, acusado por la muerte de dos comunarios durante el violento enfrentamiento del lunes 8 de diciembre en Cotapachi (Colcapirhua), envió un mensaje entre lágrimas a sus camaradas pidiendo que no lo dejen solo. El oficial permanece aprehendido y a la espera de su audiencia cautelar, aunque continúa internado en un centro hospitalario de Cochabamba.

“Mis jefes, coroneles, mayores, capitanes y camaradas… lo único que pido es que no me abandonen”, expresó en el audio difundido este miércoles. “Tengo miedo, no sé cómo terminará mi situación jurídica. Solo tengo a mis hermanos; dependen de mí. No me dejen”. En su mensaje, el subteniente recordó su trayectoria de servicio y afirmó que siempre actuó de manera solidaria con sus compañeros.

Castellón también hizo llegar un informe completo al Comando Departamental de Cochabamba, dirigido por el coronel Alejandro Basto Rodríguez. Allí explicó que el operativo policial cumplía una orden de desalojo y que se vio obligado a usar su arma para proteger su vida y la de sus camaradas. Según su relato, una turba de alrededor de cien personas los emboscó en la colina, golpeándolos, lanzándoles piedras, explosionando petardos y gritándoles que los matarían y quemarían. El oficial asegura que escuchó amenazas directas, como “mátenlos, quémenlos”, y que incluso observó a un manifestante con una botella de gasolina mientras otros pedían que les “echen el combustible” para quemarlos en el lugar.

En su testimonio, afirma que inicialmente realizó disparos disuasivos al piso para intentar alejar a la multitud, pero que, al continuar rodeado y bajo agresiones, se vio obligado a apuntar directamente hacia uno de los atacantes. Explica que actuó en un estado de necesidad extrema, tomando decisiones que, según él, buscaban evitar que él y sus compañeros fueran asesinados o quemados vivos.

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, celebró públicamente la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, ocurrida este miércoles en Sopocachi por el caso Fondo Indígena. Desde el penal donde cumple detención preventiva por la intentona golpista del 26 de junio de 2024, Zúñiga publicó una carta titulada “El verdugo finalmente conoce la prisión”, en la que afirma que la justicia “le llegó” al exmandatario.

“Bienvenido a las cárceles del pueblo, señor Luis Arce Catacora”, abre Zúñiga en un mensaje cargado de confrontación. En el texto recuerda que también fue un miércoles cuando la justicia ordenó su reclusión por los hechos de junio, y establece un paralelismo que, según él, tiene un sentido histórico. “Hoy, también en un miércoles, la historia se atreve a dar un giro inesperado: nuestro verdugo está preso”, escribió.

Zúñiga sostiene que Arce ordenó la detención de los militares involucrados en la asonada de 2024 y promovió la persecución contra uniformados. En su lectura, el expresidente “sembró miedo entre el pueblo, entregó recursos de la nación y actuó como si fuera dueño de Bolivia”. Ahora —añade— “conoce el frío de las rejas, el silencio del encierro y el peso de la justicia”. Asegura que el exmandatario empieza a sentir “una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”.

La aprehensión de Arce se produjo en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades cometidas en 2009, cuando era ministro de Economía y miembro del directorio del Fondo Indígena. Según la Fiscalía, habría autorizado desembolsos para proyectos que no se ejecutaron en su totalidad, como el plan de producción de tomates en invernaderos para ocho comunidades. Una de las implicadas, la exdiputada Lidia Patty, se habría beneficiado con 700.000 bolivianos destinados al proyecto.

El Palacio Consistorial de La Paz amaneció este miércoles bloqueado por maquinaria pesada en protesta contra la Alcaldía por deudas de más de Bs 35 millones por prestación de servicios. Sin embargo, el alcalde Iván Arias calificó el movimiento de político y aseguró que se acordó un plan de pagos y tienen una reunión pactada para este jueves 11.

Las calles Mercado y Colón quedaron complemente cerradas al tráfico vehicular por tractores y otra maquinaria pesada que se apostó a lo largo de la calzada.

Con carteles de “empresas en quiebra” o “alcalde deudor”, la protesta ocasionó un caos vehicular en todo el centro paceño. El tráfico vehicular se cortó desde la calle Loayza hasta la Ayacucho.

Los operadores prestan servicios a la municipalidad para tareas de remoción, excavación y transporte y según las denuncias las deudas datan de al menos dos años y alcanzan a unos Bs 35 millones.

Al respecto, el alcalde Arias dijo que ya se acordó un plan de pagos con esas empresas y pactaron una reunión para este jueves, donde acordarían los detalles y montos para esos pagos.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló este miércoles que los grupos que bloquearon durante 12 días el ingreso al vertedero de Cotapachi, en el municipio cochabambino de Colcapirhua, actuaron con planificación previa, financiamiento (se secuestró al menos Bs. 20.000) y equipamiento logístico que incluyó drones, explosivos y vehículos con placas cubiertas.

La intervención policial para ejecutar una sentencia constitucional derivó el lunes en un violento enfrentamiento que dejó dos comunarios fallecidos y al menos 15 heridos, entre ellos siete uniformados.

Oviedo informó que el contingente policial llegó a la zona para garantizar el ingreso de camiones recolectores de basura, luego de que el bloqueo activado en Cotapirhua impidiera el acceso al botadero durante casi dos semanas. Según relató, los uniformados fueron sorprendidos por “grupos organizados” dedicados a la disputa y avasallamiento de terrenos de alto valor comercial en los bordes del vertedero.

“Esto no ha sido casual. Estos grupos contaban con drones, explosivos, vehículos y dinero. Había una evidente planificación”, afirmó en entrevista con radio Panamericana. Señaló además que, al momento de la llegada policial, la agresión “empezó de inmediato”, sin posibilidad de diálogo.

En paralelo, la Fiscalía Departamental de Cochabamba confirmó que un subteniente de la Policía es el principal sospechoso de la muerte de dos comunarios, ambos impactados por proyectiles de arma de fuego. El fiscal Osvaldo Tejerina informó que el uniformado reconoció haber utilizado su arma de reglamento durante el enfrentamiento, aunque en defensa propia.

El reporte pericial inicial señala que en la zona del enfrentamiento se recolectaron 16 casquillos: 13 de arma calibre nueve milímetros y tres de escopeta, además de explosivos y otros elementos que están en análisis del IDIF.

Aprehenden a Chi Hyun Chung y es sometido a audiencia cautelar en Santa Cruz
Tras su aprehensión, Chung fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladado a una audiencia. Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial el delito por el cual fue imputado.
En las últimas horas fue aprehendido el médico y político Chi Hyun Chung, conocido públicamente como Dr. Chi. La información fue confirmada por fuentes policiales de Santa Cruz, quienes señalaron que el procedimiento se realizó durante la pasada jornada.
Tras su aprehensión, Chung fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladado a una audiencia cautelar. Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial el delito por el cual fue imputado.
De acuerdo con fuentes policiales, la autoridad jurisdiccional deberá definir si Chi Hyun Chung permanecerá detenido preventivamente o si se le otorgarán medidas sustitutivas mientras avanza la investigación. Se espera que en las próximas horas se conozca la resolución judicial y que la Fiscalía brinde mayor información sobre los motivos de la imputación.

l conflicto por el botadero de Cotapachi derivó en uno de los episodios más violentos de los últimos meses en Cochabamba. Dos personas fallecieron y más de una decena resultaron heridas —entre ellas varios policías— tras los enfrentamientos registrados el lunes entre comunarios que bloqueaban el acceso al relleno sanitario y efectivos que intentaban habilitar el paso para los camiones de basura.

La mañana de este martes, el viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, llegó a la zona para realizar una “inspección ocular” junto a los fiscales que investigan el caso. Su objetivo, dijo, es “determinar lo que ha sucedido el día de ayer” y esclarecer tanto los hechos como las causas que originaron la confrontación.

Según los reportes preliminares, el conflicto se desató cuando un grupo de pobladores, que mantenía cerrado el acceso al botadero desde hace 12 días, empezó a lanzar piedras y a detonar cachorros de dinamita contra los policías. En medio de ese escenario, se confirmó la muerte de dos comunarios por impacto de bala y múltiples heridos de ambos bandos. Tres efectivos policiales permanecen internados en la Caja Nacional de Salud de Cochabamba, informó el viceministro.

García Pinto señaló además que las autopsias de los fallecidos se realizaron la noche del lunes y que los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, a quienes expresó sus condolencias.

El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, destacaron que en el primer mes de gestión se lograron mejoras en la economía del país, por ejemplo, la baja en la cotización del dólar, cuyo cambio se mantuvo por debajo de los 10 bolivianos en los últimos días, tras la publicación diaria del valor referencial de esta divisa extranjera.

Asimismo, Rodrigo Paz señaló en reiteradas oportunidades que desde el primer día de su gobierno empezó a reducirse las filas para cargar combustibles en los surtidores de las diferentes ciudades, a diferencia de lo que ocurría con el anterior gobierno.

Paz y su equipo del Ministerio de Economía anunciaron, entre algunas medidas, la eliminación de cinco impuestos y ratificaron que en las próximas semanas se trabajará en la flexibilización del tipo de cambio del dólar.

Paz señaló que otra promesa cumplida fue el cierre del Ministerio de Justicia, porque se trataba de un instrumento de persecución que se utilizaba contra los opositores al gobierno del MAS, tanto en la gestión de Evo Morales como en la de Luis Arce Catacora.

Otro logro que se atribuye el actual gobierno es la salida de los magistrados “autoprorrogados”, quienes se vieron forzados a irse por la presión de la justicia, mediante la Fiscalía.

Rodrigo Paz Pereira fue posesionado como presidente de Bolivia el pasado 8 de noviembre en la ciudad de La Paz, tras ganar el balotaje del 19 de octubre.

“El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan inflación, escasez, deuda, desconfianza y un estado paralizado”, manifestó en esa oportunidad Paz, tras recibir la banda presidencial en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El senador Wilder Véliz (PDC) informó que el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una Resolución Camaral que exhorta a la Dirección Nacional de Migración a prohibir la salida del país a exautoridades, entre ellas del expresidente, del exvicepresidente y exministros, mientras se esclarecen las denuncias en su contra.

“Hemos presentado un proyecto de Resolución Camaral, aprobado por unanimidad, para que estas exautoridades no salgan del país antes de que se esclarezcan todos los presuntos hechos de corrupción que se están describiendo en los diferentes ministerios, viceministerios y direcciones”, explicó Véliz.

La resolución será remitida tanto a la Contraloría General del Estado como a la Dirección Nacional de Migración, según precisó el legislador.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó el jueves que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen fugó del país y se sospecha que se encuentra en Brasil.

“Migración debe cumplir la normativa para evitar que las autoridades salientes abandonen el país. Justamente se aprobó la resolución y nos enteramos de la salida del expresidente de YPFB”, afirmó.

Crispín advirtió que existen “muchas exautoridades” cuyo paradero se desconoce debido a la falta de informes técnico-legales. Añadió que la comisión legislativa presentó peticiones de informe escrito para avanzar en tareas de fiscalización y establecer responsabilidades.

“La economía de Bolivia se ha puesto por debajo y lamentablemente no hay responsables, no hay devolución. Tenemos que ser parte de que no solo quede en arresto, sino que devuelvan lo que han robado”, sostuvo.

La Ley 1352, promulgada el 14 de octubre de 2020, obliga a que autoridades del nivel central del Estado y de entidades territoriales autónomas permanezcan en el país durante tres meses después de concluir su mandato o ser destituidas, con el fin de rendir informes y precautelar los intereses del Estado.