Fuentes de inteligencia de la Policía Boliviana informaron que el magistrado cesado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Yvan Espada, abandonó la ciudad de Sucre la noche del martes. Según registros del Aeropuerto Alcantarí, tomó un vuelo con escala en Cochabamba y destino final La Paz, aunque se sospecha que posteriormente habría cruzado la frontera hacia Perú.

Espada, junto a otros cuatro magistrados del TCP, fue cesado en sus funciones por decisión de la Sala Constitucional de Potosí. Pese a que él mismo había aprobado un auto constitucional que establecía un plazo de diez días para el cese de los prorrogados, la medida se ejecutó de manera inmediata, generando incertidumbre sobre su situación legal.

A la resolución de Potosí se sumó la orden de aprehensión emitida por un juez en Santa Cruz contra los magistrados prorrogados. Este escenario ha intensificado las sospechas sobre la salida de Espada del país, mientras las autoridades continúan investigando su paradero y las posibles rutas utilizadas para evadir la justicia boliviana.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, visitó hornos paceños para participar en la producción del tradicional pan de batalla, en coordinación con el sector panificador. La autoridad resaltó que el objetivo de esta verificación es garantizar eficiencia y estabilidad en los precios, además de mantener un diálogo abierto con los productores.

Durante la jornada, Serrano colaboró en la preparación de la masa y explicó que con un quintal de harina se espera obtener más de 700 panes. Subrayó que el trabajo conjunto permite revisar insumos, costos y cada etapa del proceso, lo que brinda información clara y confiable a la población sobre la calidad y el precio justo de este alimento básico.

El viceministro también advirtió que el sistema de subvención de la harina presenta posibles irregularidades, por lo que se realizará un análisis más riguroso. Aseguró que el Gobierno escuchará las demandas del sector panificador, pero que la prioridad es garantizar la estabilidad de las familias bolivianas mediante transparencia y control en la producción del pan de batalla.

El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira encabeza el Ranking de Presidentes de Sudamérica de noviembre 2025, elaborado por CB Consultora de Opinión Pública. Con un 51,7% de imagen positiva, el mandatario se posiciona como el mejor valorado de la región, resultado que coincide con su primera semana en el Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 11 y el 16 de noviembre con una muestra de 1.072 personas y un margen de error del 3%, revela que un 31% de los consultados considera la imagen de Paz como “muy buena” y un 20,7% como “buena”. En contraste, un 16,5% la califica de “mala” y un 29,6% de “muy mala”, mientras que un 2,2% no emitió opinión.

El conteo regional ubica en segundo lugar al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con 48,5% de aprobación, seguido por el argentino Javier Milei con 47,2%. Más abajo aparecen Yamandú Orsi de Uruguay, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, José Jerí de Perú y, en último lugar, Nicolás Maduro de Venezuela, quien registra apenas un 21,4% de imagen positiva frente a un 75,3% de desaprobación.

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, anunció que este miércoles se emitirá la convocatoria a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia. El único punto en agenda será la discusión y aprobación de un proyecto de ley para llamar a elecciones judiciales, en respuesta a las resoluciones emitidas por salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz que dispusieron la suspensión de varios magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia.

Lara explicó que la medida busca garantizar que las vacancias generadas sean cubiertas mediante un mecanismo democrático y legítimo, evitando escenarios de transitoriedad indefinida. En su declaración, advirtió que no se permitirá que las autoridades judiciales sean designadas por decreto, en clara referencia al presidente Rodrigo Paz, aunque aseguró que respeta las decisiones del mandatario en cuanto a nombramientos.

El vicepresidente también manifestó que continuará denunciando actos de corrupción dentro del gabinete y las entidades públicas, pese a las presiones de sectores políticos que le pidieron renunciar. “El pueblo está cansado de la corrupción y no voy a callar”, afirmó Lara, quien ratificó su permanencia en el cargo y su compromiso de impulsar medidas que fortalezcan la institucionalidad del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el martes 25 de noviembre se realizaron pagos estatales por un total de Bs 1.496 millones. De esa cifra, Bs 309,7 millones fueron destinados a la compra de combustibles, lo que representa más del doble de lo invertido en el área de salud durante la misma jornada.

El ministro José Gabriel Espinoza destacó que, además de los recursos dirigidos a combustibles, se asignaron Bs 142,6 millones al sector salud y Bs 100 millones al pago de la Renta Dignidad para adultos mayores. Según la autoridad, la publicación diaria del gasto público busca transparentar las finanzas estatales y mostrar con claridad cómo se distribuyen los recursos.

Espinoza anunció que desde ahora el “Contador de Gastos Públicos” estará disponible en la página web oficial del Ministerio, permitiendo a la ciudadanía conocer en detalle los desembolsos realizados. Asimismo, adelantó que se dará prioridad en los pagos a proveedores, especialmente a las pequeñas empresas que enfrentan dificultades para sostener sus operaciones.

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, reapareció públicamente para defender su inocencia y denunciar que su salida del cargo respondió a las investigaciones que inició contra presuntos “clanes familiares” dentro de la institución. Según afirmó en un video difundido en redes sociales, su gestión incomodó a grupos que se beneficiaban de manera ilícita del Estado, lo que derivó en su destitución y en los procesos judiciales que hoy enfrenta.

Lisperguer fue apartado del ministerio tras una denuncia de enriquecimiento ilícito, en la que la Fiscalía identificó movimientos bancarios irregulares por más de 350.000 bolivianos. Sin embargo, el exministro asegura que las acusaciones sobre la adquisición de múltiples propiedades son falsas y que los bienes registrados a su nombre corresponden únicamente a un inmueble multifamiliar construido por su familia y fraccionado en propiedad horizontal en 2021.

El exministro también recordó que otros cinco de sus colaboradores fueron procesados en el marco de las investigaciones por corrupción en la cartera de Estado. Además, enfrenta un proceso por violencia familiar en el que cumple medidas sustitutivas. Pese a ello, Lisperguer insiste en que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz debería profundizar las indagaciones sobre las redes internas de corrupción que, según él, continúan operando en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señalados como “autoprorrogados” preparan un documento para intimidar a los jueces que atienden procesos en su contra. Según Saucedo, se trata de una complementación ficticia del Auto Constitucional 070/2025, cuyo objetivo sería frenar las acciones legales que cuestionan la permanencia de cinco magistrados más allá de su mandato.

Saucedo aseguró que esta maniobra busca generar temor en las Salas Constitucionales y en los vocales que deben resolver las denuncias, pero garantizó que el Órgano Judicial respaldará la independencia de los jueces. “Así como garantizamos las elecciones nacionales, hoy queremos garantizar que los jueces puedan aplicar la Constitución con plena libertad”, afirmó, al remarcar que Bolivia no puede seguir tolerando arbitrariedades en la administración de justicia.

En paralelo, magistrados electos en 2024 presentaron una denuncia penal contra los cinco prorrogados por falsedad material e ideológica, cuestionando la validez del Auto 070/2025 que prolonga sus funciones hasta nuevas elecciones judiciales. La querella sostiene que la resolución fue aprobada sin el aval de la Sala Plena y en completo hermetismo, lo que, según los denunciantes, bloquea la posibilidad de destituir a los magistrados prorrogados y avanzar hacia la renovación del sistema judicial.

El Gobierno anunció un ajuste económico que contempla la reducción del gasto público en un 30% y la eliminación de cuatro impuestos considerados poco efectivos. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que esta medida busca reorientar los recursos hacia áreas prioritarias y corregir distorsiones que han afectado la inversión privada. La propuesta será incorporada en la nueva ley de presupuesto, que reemplazará la presentada por la anterior administración.

Espinoza detalló que la reducción del gasto equivale a cuatro puntos porcentuales del PIB y se concentrará en el gasto corriente que no impacta directamente en servicios básicos como salud, educación o seguridad. Según el ministro, el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que el ajuste no afecte a la población más vulnerable, sino que se traduzca en mayor eficiencia del Estado.

En paralelo, se anunció la abrogación de los impuestos a las Grandes Fortunas, a las Transferencias Financieras, al Juego y a las Promociones Empresariales, que en conjunto representan menos del 1% de la recaudación fiscal. El Gobierno argumentó que estos tributos han generado fuga de capitales y desincentivos a la inversión, por lo que su eliminación busca dar certidumbre al sector privado. Además, se priorizará el pago de deudas a pequeños proveedores y se publicará de manera transparente la información sobre los desembolsos realizados por el Ministerio de Economía.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, reconoció públicamente las tensiones con el presidente Rodrigo Paz y aseguró que no puede ocultar lo que “ya es evidente”. Sin embargo, sostuvo que las diferencias podrían resolverse si se abre un espacio de diálogo directo, en el que ambos puedan aclarar sus posiciones y evitar que las fricciones se traduzcan en una crisis institucional.

Durante un acto de recolección de ayuda en Santa Cruz, Lara reiteró que las discrepancias surgieron por la influencia de Samuel Doria Medina en la designación de ministros y directores, lo que, según él, ha debilitado la autonomía de Paz en la toma de decisiones. Aun así, el vicepresidente insistió en que está dispuesto a conversar para superar los conflictos y restablecer la coordinación en el Gobierno.

Respecto a la propuesta de ley que busca su destitución, Lara manifestó que no teme a esa iniciativa y que mantiene la “conciencia tranquila”. Subrayó que la solución pasa por un encuentro con Paz, en el que se definan responsabilidades y se garantice que las decisiones gubernamentales respondan a los intereses del país y no a presiones externas.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reveló que las investigaciones en curso han identificado prácticas irregulares dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde se habrían otorgado títulos de propiedad duplicados sobre tierras fiscales. Según la autoridad, esta situación ha facilitado el avance de grupos organizados que buscan apropiarse de terrenos de manera ilegal, generando conflictos y avasallamientos en distintas regiones del país.

Barrientos explicó que el problema radica en la existencia de permisos dobles para trabajar en las mismas tierras, lo que abre la puerta a disputas entre beneficiarios y a la intervención de “mafias organizadas” que lucran con la incertidumbre jurídica. La viceministra señaló que incluso se han detectado casos en los que tierras saneadas décadas atrás reaparecieron con nuevas titulaciones, evidenciando un patrón de irregularidades que compromete la credibilidad del proceso de reforma agraria.

Ante este panorama, la autoridad anunció que se intensificarán las auditorías internas y se coordinará con el Ministerio de Gobierno para garantizar la intervención policial en los casos de avasallamiento. Barrientos enfatizó que ninguna resolución de titulación podrá emitirse sin pasar por su despacho, mientras se designa al nuevo director del INRA y se refuerza el control en el Viceministerio de Tierras. Con ello, busca frenar la expansión de redes ilegales y restablecer el respeto a la propiedad privada en el país.