El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señalados como “autoprorrogados” preparan un documento para intimidar a los jueces que atienden procesos en su contra. Según Saucedo, se trata de una complementación ficticia del Auto Constitucional 070/2025, cuyo objetivo sería frenar las acciones legales que cuestionan la permanencia de cinco magistrados más allá de su mandato.

Saucedo aseguró que esta maniobra busca generar temor en las Salas Constitucionales y en los vocales que deben resolver las denuncias, pero garantizó que el Órgano Judicial respaldará la independencia de los jueces. “Así como garantizamos las elecciones nacionales, hoy queremos garantizar que los jueces puedan aplicar la Constitución con plena libertad”, afirmó, al remarcar que Bolivia no puede seguir tolerando arbitrariedades en la administración de justicia.

En paralelo, magistrados electos en 2024 presentaron una denuncia penal contra los cinco prorrogados por falsedad material e ideológica, cuestionando la validez del Auto 070/2025 que prolonga sus funciones hasta nuevas elecciones judiciales. La querella sostiene que la resolución fue aprobada sin el aval de la Sala Plena y en completo hermetismo, lo que, según los denunciantes, bloquea la posibilidad de destituir a los magistrados prorrogados y avanzar hacia la renovación del sistema judicial.

El Gobierno anunció un ajuste económico que contempla la reducción del gasto público en un 30% y la eliminación de cuatro impuestos considerados poco efectivos. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que esta medida busca reorientar los recursos hacia áreas prioritarias y corregir distorsiones que han afectado la inversión privada. La propuesta será incorporada en la nueva ley de presupuesto, que reemplazará la presentada por la anterior administración.

Espinoza detalló que la reducción del gasto equivale a cuatro puntos porcentuales del PIB y se concentrará en el gasto corriente que no impacta directamente en servicios básicos como salud, educación o seguridad. Según el ministro, el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que el ajuste no afecte a la población más vulnerable, sino que se traduzca en mayor eficiencia del Estado.

En paralelo, se anunció la abrogación de los impuestos a las Grandes Fortunas, a las Transferencias Financieras, al Juego y a las Promociones Empresariales, que en conjunto representan menos del 1% de la recaudación fiscal. El Gobierno argumentó que estos tributos han generado fuga de capitales y desincentivos a la inversión, por lo que su eliminación busca dar certidumbre al sector privado. Además, se priorizará el pago de deudas a pequeños proveedores y se publicará de manera transparente la información sobre los desembolsos realizados por el Ministerio de Economía.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, reconoció públicamente las tensiones con el presidente Rodrigo Paz y aseguró que no puede ocultar lo que “ya es evidente”. Sin embargo, sostuvo que las diferencias podrían resolverse si se abre un espacio de diálogo directo, en el que ambos puedan aclarar sus posiciones y evitar que las fricciones se traduzcan en una crisis institucional.

Durante un acto de recolección de ayuda en Santa Cruz, Lara reiteró que las discrepancias surgieron por la influencia de Samuel Doria Medina en la designación de ministros y directores, lo que, según él, ha debilitado la autonomía de Paz en la toma de decisiones. Aun así, el vicepresidente insistió en que está dispuesto a conversar para superar los conflictos y restablecer la coordinación en el Gobierno.

Respecto a la propuesta de ley que busca su destitución, Lara manifestó que no teme a esa iniciativa y que mantiene la “conciencia tranquila”. Subrayó que la solución pasa por un encuentro con Paz, en el que se definan responsabilidades y se garantice que las decisiones gubernamentales respondan a los intereses del país y no a presiones externas.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reveló que las investigaciones en curso han identificado prácticas irregulares dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde se habrían otorgado títulos de propiedad duplicados sobre tierras fiscales. Según la autoridad, esta situación ha facilitado el avance de grupos organizados que buscan apropiarse de terrenos de manera ilegal, generando conflictos y avasallamientos en distintas regiones del país.

Barrientos explicó que el problema radica en la existencia de permisos dobles para trabajar en las mismas tierras, lo que abre la puerta a disputas entre beneficiarios y a la intervención de “mafias organizadas” que lucran con la incertidumbre jurídica. La viceministra señaló que incluso se han detectado casos en los que tierras saneadas décadas atrás reaparecieron con nuevas titulaciones, evidenciando un patrón de irregularidades que compromete la credibilidad del proceso de reforma agraria.

Ante este panorama, la autoridad anunció que se intensificarán las auditorías internas y se coordinará con el Ministerio de Gobierno para garantizar la intervención policial en los casos de avasallamiento. Barrientos enfatizó que ninguna resolución de titulación podrá emitirse sin pasar por su despacho, mientras se designa al nuevo director del INRA y se refuerza el control en el Viceministerio de Tierras. Con ello, busca frenar la expansión de redes ilegales y restablecer el respeto a la propiedad privada en el país.

El Colegio de Odontólogos de Bolivia expresó su rechazo a las afirmaciones realizadas por el vicepresidente Edmand Lara contra el viceministro de Deportes, Roberto Bustamante. En un comunicado público, la institución calificó las declaraciones como “ofensivas” e “inapropiadas”, señalando que ponen en duda la idoneidad de una autoridad designada para impulsar políticas deportivas en el país.

Los representantes del gremio remarcaron que cuestionar la trayectoria de Bustamante sin fundamentos sólidos afecta no solo a la imagen del viceministro, sino también al respeto institucional que debe primar en el ejercicio de la función pública. Además, recordaron que el sector odontológico mantiene vínculos de cooperación con el área deportiva en programas de salud y prevención, por lo que consideran necesario preservar un clima de coordinación y respeto.

Finalmente, el Colegio de Odontólogos exhortó a las autoridades nacionales a mantener un debate constructivo y responsable, evitando declaraciones que puedan generar confrontación innecesaria. El pronunciamiento concluye con un llamado a fortalecer la institucionalidad y a trabajar de manera conjunta en beneficio de la población, tanto en el ámbito de la salud como en el deporte.

La filtración de un proyecto de decreto supremo que plantea modificar el régimen laboral de los trabajadores de YPFB y ENDE generó preocupación en las organizaciones sindicales. El documento sugiere pasar del amparo de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público, lo que implicaría la pérdida de beneficios sociales y la restricción del derecho a sindicalización en el sector energético y petrolero.

Ante esta situación, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles 26 de noviembre en La Paz, donde se prevé definir medidas de rechazo. Diversos sindicatos, como los de ENDE-Cochabamba y la Confederación de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas, ya expresaron su oposición, calificando la iniciativa como un atentado contra la estabilidad laboral y los derechos adquiridos.

Los dirigentes advierten que el cambio de régimen podría abrir la puerta a un proceso de privatización y derivar en un incremento de tarifas para la población. Además, remarcan que los problemas administrativos de las empresas públicas no deben recaer sobre el personal operativo. En ese contexto, las organizaciones laborales llaman a la unidad nacional para frenar la propuesta y defender los servicios estratégicos del país.

La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó que este lunes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presentará un conjunto de medidas y decretos destinados a acompañar la etapa de reconstrucción y reordenamiento del país. El anuncio se realizará en el transcurso de la jornada y marcará la primera conferencia semanal de la vocería presidencial.

El presidente Rodrigo Paz adelantó durante el fin de semana que las disposiciones estarán vinculadas al ámbito impositivo y a la formalización de trabajadores y emprendedores. En un acto en Santa Cruz, el mandatario señaló que las medidas buscan liberar la economía y fortalecer la estrategia de “capitalismo para todos”, con el objetivo de dinamizar la producción y generar confianza en los sectores productivos.

A través de sus redes sociales, Paz cuestionó el sistema fiscal vigente, al que calificó de “viejo, injusto y trancado”, y aseguró que pronto se pondrá fin a lo que denominó “Estado tranca”. Con los anuncios previstos, el Gobierno pretende dar señales de estabilidad y abrir un nuevo ciclo económico que incentive la inversión y la formalidad en Bolivia.

La vocera presidencial Carla Faval señaló que, de los 14 días de gestión del actual Gobierno, el vicepresidente Edman Lara estuvo fuera del país en seis de ellos, lo que dificultó coordinar reuniones con el presidente Rodrigo Paz. Según la autoridad, hubiese sido importante que el vicepresidente permaneciera en Bolivia para atender emergencias como la riada en Samaipata y otras prioridades nacionales.

Durante este periodo, Paz se enfocó en medidas de estabilización como la normalización de la distribución de carburantes, la atención al desastre natural en Samaipata y la adopción de decisiones institucionales, entre ellas el cierre del Ministerio de Justicia. Lara, en cambio, viajó a Brasil para participar en la cumbre de la COP30 y posteriormente a Paraguay para asistir a la final de la Copa Sudamericana, lo que generó críticas sobre su disponibilidad.

La vocera confirmó que el presidente y el vicepresidente sostendrán una reunión privada una vez que Lara regrese al país. Mientras tanto, el Ejecutivo remarcó que Paz se ha mantenido presente y activo en la toma de decisiones, y cuestionó que el vicepresidente haya utilizado redes sociales como TikTok para expresar críticas en lugar de canales oficiales de comunicación.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió su sesión por falta de quorum cuando se discutía la norma para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El debate se trabó en el artículo 29, referido a los requisitos de postulación, particularmente en torno a la definición y criterios para medir la probidad de los aspirantes.

El diputado Luis Vásquez, de la alianza Libre, explicó que existe consenso en la necesidad de exigir probidad, pero aún se discute cómo evaluarla. Entre las propuestas se mencionan antecedentes judiciales, ausencia de denuncias de violencia y otros elementos verificables. Para avanzar, se instalarán reuniones y “mesas políticas” con el objetivo de alcanzar acuerdos sin alterar los plazos establecidos.

La renovación de los vocales es urgente, ya que la mayoría concluye su mandato el 18 de diciembre. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, recordó que la Asamblea Legislativa debe designar a las nuevas autoridades antes de esa fecha para evitar cualquier prórroga. Vásquez aseguró que el proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados en los próximos días, tras consensuar los puntos pendientes.

A una semana del desborde del río que golpeó a las comunidades de Achira, Palermo y Cuevas, las labores de búsqueda de dos mujeres desaparecidas no se detienen. Ramona Banegas, de 87 años, y Verónica Eve Peña, de 21, siguen siendo buscadas por familiares, rescatistas y efectivos de las Fuerzas Armadas que trabajan en la zona afectada.

La riada, ocurrida el 17 de noviembre tras intensas lluvias, dejó caminos destruidos, viviendas dañadas y predios cubiertos de lodo. El Ministerio de Obras Públicas coordina con equipos de emergencia para rehabilitar la carretera que conecta Samaipata con Santa Cruz, mientras maquinaria pesada remueve el barro endurecido por el sol en las áreas más críticas.

El contingente militar de 91 efectivos apoya las tareas de rescate, mientras los familiares piden que se intensifique la búsqueda. En paralelo, la Alcaldía de Samaipata y la cooperativa de agua trabajan para restablecer el servicio de agua potable en las comunidades afectadas, donde aún persisten las dificultades tras el desastre natural.