La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió la denuncia penal presentada contra cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes son acusados de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica. La decisión marca el inicio de una investigación preliminar que busca establecer responsabilidades en torno a la prórroga de sus mandatos, considerada inconstitucional por las autoridades electas.

El requerimiento fiscal, firmado el 20 de noviembre, señala como denunciantes a las magistradas Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes sostienen que los acusados emitieron resoluciones destinadas a prolongar de manera irregular sus funciones en el Órgano Judicial. La fiscal Jhenny Esther Torrico dispuso que la Policía Nacional lleve adelante las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

La denuncia se suma a las observaciones realizadas por los magistrados electos en los comicios judiciales de 2024, quienes acusan a sus colegas autoprorrogados de frenar en varias ocasiones la cesación de sus funciones y obstaculizar la renovación institucional. Según los denunciantes, estas acciones vulneran principios básicos de imparcialidad y transparencia, generando un conflicto que ahora será investigado por la vía penal.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, confirmó que las organizaciones políticas ADN y UCS mantienen su personería jurídica, aunque su continuidad en el escenario electoral depende de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La situación se originó tras los resultados obtenidos en anteriores comicios y los recursos legales presentados por ambas siglas.

Vargas recordó que la normativa establece la pérdida automática de personería para los partidos que no alcanzan el 3% de votación. Sin embargo, aclaró que antes de ejecutar esa medida debe garantizarse el derecho a la defensa, lo que ha derivado en un procedimiento formal que aún no concluye. En ese marco, ADN y UCS interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Organizaciones Políticas, las cuales fueron rechazadas por la Sala Plena y remitidas al TCP.

El vocal señaló que, mientras no exista un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, el TSE no puede proceder con la cancelación de las siglas. “La situación de estos dos partidos aún es incierta”, afirmó, dejando en claro que el futuro de ADN y UCS se definirá únicamente con la resolución que emita la máxima instancia constitucional.

El Ministerio Público inició una investigación contra la exdiputada del MAS, Lidia Patty, por su presunta participación en el desfalco millonario al Fondo Indígena, considerado uno de los casos de corrupción más emblemáticos del gobierno de Evo Morales. La exlegisladora, conocida por denunciar el supuesto “golpe” de 2019, enfrenta ahora cuestionamientos judiciales que ponen en duda su rol político.

De acuerdo con el requerimiento fiscal emitido el 17 de noviembre, Patty es indagada por cuatro delitos: incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. El documento instruye al investigador asignado continuar con las diligencias y presentar resultados en un plazo máximo de cinco días, bajo la advertencia de que los plazos penales son improrrogables.

La investigación se suma a la larga lista de procesos vinculados al Fondo Indígena, que durante años fue señalado por el manejo irregular de recursos destinados a proyectos comunitarios. La situación de Patty abre un nuevo capítulo en este caso, que sigue generando repercusiones políticas y judiciales en el país.

En su primera aparición pública como vocera de la Presidencia, Carla Faval descartó las versiones sobre un quiebre entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara. Señaló que ambos sostendrán una reunión con agenda interna para definir lineamientos de comunicación y gestión, subrayando que las diferencias de opinión no implican ruptura institucional.

Faval explicó que la relación entre las máximas autoridades del Estado se mantiene vigente y que la reunión prevista busca fortalecer la coordinación del binomio en la conducción del país. Recordó que las críticas surgidas tras la destitución de Freddy Vidovic y la designación de Jorge García Pinto en Justicia no deben interpretarse como un distanciamiento definitivo.

La creación de la Oficina de la Vocería Presidencial, bajo la dirección de Carla Faval, fue presentada como un paso decisivo hacia un modelo de comunicación gubernamental más transparente y cercano a la ciudadanía. En su primera conferencia de prensa, la vocera agradeció la confianza del presidente Rodrigo Paz y anunció que cada lunes se brindará información oficial sobre la agenda presidencial y las principales acciones del Ejecutivo.

Faval subrayó que la oficina que dirige será la única fuente oficial sobre la palabra y las actividades del Mandatario, con el compromiso de atender a los medios de comunicación con rigor y respeto. Recalcó que el objetivo es evitar distorsiones y garantizar que la población reciba información veraz y completa, en un contexto donde la transparencia se convierte en un eje central de la gestión.

La vocera también destacó las primeras medidas del gobierno de Paz, como la restitución de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la reducción de ministerios y viceministerios para hacer más eficiente al Estado, y la creación de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos. Estas acciones, afirmó, reflejan el inicio de un nuevo ciclo político y comunicacional basado en la responsabilidad institucional y el respeto a la labor periodística.

Tras su salida del Ministerio de Justicia, Freddy Vidovic fue designado por el vicepresidente Edmand Lara para ocupar un cargo en la Dirección de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Vicepresidencia. Lara defendió la incorporación de su hombre de confianza, asegurando que se trata de un profesional idóneo y comprometido con la lucha contra la impunidad.

Vidovic negó tener cuentas pendientes con la justicia y calificó de falsas las acusaciones en su contra. Señaló que nunca enfrentó procesos por corrupción y que su trayectoria está marcada por principios y valores que lo obligan a seguir trabajando por el pueblo boliviano, más allá de los cargos que haya ocupado.

El exministro lamentó la decisión del presidente Rodrigo Paz de apartarlo de la cartera de Justicia, aunque dijo respetar la atribución presidencial. Afirmó que continuará aportando desde la Vicepresidencia y reiteró que las presiones para su renuncia respondieron a un proceso judicial irregular que vulneró sus derechos fundamentales.

El sector panificador anunció que este sábado llevará a cabo una reunión ampliada para definir si se incrementará el precio del pan desde el próximo lunes. La falta de claridad sobre la subvención estatal ha generado incertidumbre entre los productores, quienes aseguran que los costos actuales hacen insostenible mantener el precio vigente.

Rubén Ríos, representante de los panificadores, explicó que el encuentro se realizará en la cancha Fabril de la zona Said y que allí se evaluará la hoja de costos que plantea un ajuste a 1,20 bolivianos por unidad. Según Ríos, las negociaciones con el Gobierno no han tenido resultados concretos y el tiempo para llegar a un acuerdo se agota.

Los panificadores sostienen que la decisión será tomada de manera colectiva y que, de no existir una respuesta inmediata de las autoridades, se procederá al incremento. “La situación es crítica y necesitamos soluciones reales”, afirmó Ríos, quien reiteró que el sector está dispuesto al diálogo, pero no puede seguir absorbiendo pérdidas.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que Bolivia atraviesa una coyuntura crítica marcada por el “malgasto” de recursos y proyectos inconclusos heredados de anteriores administraciones. Según la autoridad, esta situación ha dejado al país con un presupuesto congelado y sin capacidad de cubrir las necesidades básicas del Estado, lo que configura una de las crisis más profundas de la historia nacional.

Ante este panorama, el presidente Rodrigo Paz instruyó a su gabinete aplicar planes de austeridad y disciplina fiscal, con el objetivo de recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. Lupo subrayó que la prioridad inmediata es estabilizar la economía en los ámbitos de precios, finanzas, tipo de cambio y protección social, especialmente para los sectores más vulnerables.

El ministro también señaló que, además de la estabilidad, el país necesita inversión y crecimiento para reactivar la base productiva. “La gente requiere progreso, exportaciones y bienestar”, enfatizó, al tiempo que aseguró que las medidas de corto, mediano y largo plazo buscan sentar las bases de un nuevo modelo económico que supere la etapa de despilfarro y devuelva esperanza a la población.

El joven de 25 años, Brayan M., fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto tras admitir su responsabilidad en el asesinato de Tanya Rosy C. M., una adolescente de 13 años de Chulumani. La condena deberá cumplirse en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en Viacha, luego de que el acusado aceptara someterse a un proceso abreviado.

Durante la audiencia, el feminicida reconoció su culpabilidad y expresó que “no tiene perdón”, aunque aseguró haber actuado solo. Sin embargo, en la comunidad persisten sospechas de que otras personas podrían estar involucradas en el crimen. El caso ha generado gran conmoción en los Yungas, donde la población exige justicia y mayor protección para las niñas y adolescentes.

El asesinato ocurrió el 16 de noviembre, cuando Tanya salió de su casa para comprar material escolar y fue vista por última vez subiendo a una camioneta blanca, hecho registrado por cámaras de seguridad. Tras su captura, una turba intentó linchar al responsable, pero fue rescatado por la Policía. Ahora, con la sentencia ejecutoriada, el proceso judicial concluye con la pena máxima establecida por la ley para casos de feminicidio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó oficialmente que las elecciones subnacionales se llevarán a cabo el 22 de marzo de 2026. El vocal Gustavo Ávila precisó que en esa jornada se elegirán más de cinco mil autoridades, entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales, consolidando uno de los procesos democráticos más amplios del país.

La aprobación de la ley transitoria por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) marca el inicio de la fase decisiva del calendario electoral. Una vez promulgada por el presidente Rodrigo Paz y publicada en la Gaceta Oficial, el TSE deberá emitir la convocatoria y ajustar los plazos técnicos para garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Estos ajustes incluyen la inscripción de alianzas, la presentación de candidaturas y la actualización del padrón electoral.

El ente electoral subrayó que la fecha fijada responde a la necesidad de cumplir con los tiempos legales y operativos, considerando que en abril podría realizarse una eventual segunda vuelta en la elección de gobernadores. Además, se debe asegurar que las más de cinco mil autoridades subnacionales concluyan su mandato en mayo de 2026, lo que convierte al 22 de marzo en un plazo límite para garantizar la transición institucional sin contratiempos.