En su primera aparición pública como vocera de la Presidencia, Carla Faval descartó las versiones sobre un quiebre entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara. Señaló que ambos sostendrán una reunión con agenda interna para definir lineamientos de comunicación y gestión, subrayando que las diferencias de opinión no implican ruptura institucional.

Faval explicó que la relación entre las máximas autoridades del Estado se mantiene vigente y que la reunión prevista busca fortalecer la coordinación del binomio en la conducción del país. Recordó que las críticas surgidas tras la destitución de Freddy Vidovic y la designación de Jorge García Pinto en Justicia no deben interpretarse como un distanciamiento definitivo.

La creación de la Oficina de la Vocería Presidencial, bajo la dirección de Carla Faval, fue presentada como un paso decisivo hacia un modelo de comunicación gubernamental más transparente y cercano a la ciudadanía. En su primera conferencia de prensa, la vocera agradeció la confianza del presidente Rodrigo Paz y anunció que cada lunes se brindará información oficial sobre la agenda presidencial y las principales acciones del Ejecutivo.

Faval subrayó que la oficina que dirige será la única fuente oficial sobre la palabra y las actividades del Mandatario, con el compromiso de atender a los medios de comunicación con rigor y respeto. Recalcó que el objetivo es evitar distorsiones y garantizar que la población reciba información veraz y completa, en un contexto donde la transparencia se convierte en un eje central de la gestión.

La vocera también destacó las primeras medidas del gobierno de Paz, como la restitución de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la reducción de ministerios y viceministerios para hacer más eficiente al Estado, y la creación de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos. Estas acciones, afirmó, reflejan el inicio de un nuevo ciclo político y comunicacional basado en la responsabilidad institucional y el respeto a la labor periodística.

Tras su salida del Ministerio de Justicia, Freddy Vidovic fue designado por el vicepresidente Edmand Lara para ocupar un cargo en la Dirección de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Vicepresidencia. Lara defendió la incorporación de su hombre de confianza, asegurando que se trata de un profesional idóneo y comprometido con la lucha contra la impunidad.

Vidovic negó tener cuentas pendientes con la justicia y calificó de falsas las acusaciones en su contra. Señaló que nunca enfrentó procesos por corrupción y que su trayectoria está marcada por principios y valores que lo obligan a seguir trabajando por el pueblo boliviano, más allá de los cargos que haya ocupado.

El exministro lamentó la decisión del presidente Rodrigo Paz de apartarlo de la cartera de Justicia, aunque dijo respetar la atribución presidencial. Afirmó que continuará aportando desde la Vicepresidencia y reiteró que las presiones para su renuncia respondieron a un proceso judicial irregular que vulneró sus derechos fundamentales.

El sector panificador anunció que este sábado llevará a cabo una reunión ampliada para definir si se incrementará el precio del pan desde el próximo lunes. La falta de claridad sobre la subvención estatal ha generado incertidumbre entre los productores, quienes aseguran que los costos actuales hacen insostenible mantener el precio vigente.

Rubén Ríos, representante de los panificadores, explicó que el encuentro se realizará en la cancha Fabril de la zona Said y que allí se evaluará la hoja de costos que plantea un ajuste a 1,20 bolivianos por unidad. Según Ríos, las negociaciones con el Gobierno no han tenido resultados concretos y el tiempo para llegar a un acuerdo se agota.

Los panificadores sostienen que la decisión será tomada de manera colectiva y que, de no existir una respuesta inmediata de las autoridades, se procederá al incremento. “La situación es crítica y necesitamos soluciones reales”, afirmó Ríos, quien reiteró que el sector está dispuesto al diálogo, pero no puede seguir absorbiendo pérdidas.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que Bolivia atraviesa una coyuntura crítica marcada por el “malgasto” de recursos y proyectos inconclusos heredados de anteriores administraciones. Según la autoridad, esta situación ha dejado al país con un presupuesto congelado y sin capacidad de cubrir las necesidades básicas del Estado, lo que configura una de las crisis más profundas de la historia nacional.

Ante este panorama, el presidente Rodrigo Paz instruyó a su gabinete aplicar planes de austeridad y disciplina fiscal, con el objetivo de recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. Lupo subrayó que la prioridad inmediata es estabilizar la economía en los ámbitos de precios, finanzas, tipo de cambio y protección social, especialmente para los sectores más vulnerables.

El ministro también señaló que, además de la estabilidad, el país necesita inversión y crecimiento para reactivar la base productiva. “La gente requiere progreso, exportaciones y bienestar”, enfatizó, al tiempo que aseguró que las medidas de corto, mediano y largo plazo buscan sentar las bases de un nuevo modelo económico que supere la etapa de despilfarro y devuelva esperanza a la población.

El joven de 25 años, Brayan M., fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto tras admitir su responsabilidad en el asesinato de Tanya Rosy C. M., una adolescente de 13 años de Chulumani. La condena deberá cumplirse en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en Viacha, luego de que el acusado aceptara someterse a un proceso abreviado.

Durante la audiencia, el feminicida reconoció su culpabilidad y expresó que “no tiene perdón”, aunque aseguró haber actuado solo. Sin embargo, en la comunidad persisten sospechas de que otras personas podrían estar involucradas en el crimen. El caso ha generado gran conmoción en los Yungas, donde la población exige justicia y mayor protección para las niñas y adolescentes.

El asesinato ocurrió el 16 de noviembre, cuando Tanya salió de su casa para comprar material escolar y fue vista por última vez subiendo a una camioneta blanca, hecho registrado por cámaras de seguridad. Tras su captura, una turba intentó linchar al responsable, pero fue rescatado por la Policía. Ahora, con la sentencia ejecutoriada, el proceso judicial concluye con la pena máxima establecida por la ley para casos de feminicidio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó oficialmente que las elecciones subnacionales se llevarán a cabo el 22 de marzo de 2026. El vocal Gustavo Ávila precisó que en esa jornada se elegirán más de cinco mil autoridades, entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales, consolidando uno de los procesos democráticos más amplios del país.

La aprobación de la ley transitoria por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) marca el inicio de la fase decisiva del calendario electoral. Una vez promulgada por el presidente Rodrigo Paz y publicada en la Gaceta Oficial, el TSE deberá emitir la convocatoria y ajustar los plazos técnicos para garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Estos ajustes incluyen la inscripción de alianzas, la presentación de candidaturas y la actualización del padrón electoral.

El ente electoral subrayó que la fecha fijada responde a la necesidad de cumplir con los tiempos legales y operativos, considerando que en abril podría realizarse una eventual segunda vuelta en la elección de gobernadores. Además, se debe asegurar que las más de cinco mil autoridades subnacionales concluyan su mandato en mayo de 2026, lo que convierte al 22 de marzo en un plazo límite para garantizar la transición institucional sin contratiempos.

Analistas políticos recordaron que el Viceministerio de Coordinación Legislativa existió en distintos periodos de la historia democrática del país, contradiciendo las afirmaciones del vicepresidente Edmand Lara. Durante el gobierno de Carlos Mesa, el cargo fue ocupado por Ernesto Machicao; en la gestión de Hugo Banzer, Guillermo Fortún desempeñó esa función; y en el último mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, Guido Riveros estuvo al frente de la cartera.

La polémica resurgió tras el nombramiento de Wilson Santamaría como nuevo viceministro, decisión que generó críticas de la bancada afín a Lara, quienes calificaron la medida como un “golpe a la Vicepresidencia”. Legisladores como Juan Pablo Quispe y Judith García exigieron respeto a la Constitución, argumentando que no se deben crear cargos paralelos que interfieran con las atribuciones del vicepresidente.

En respuesta, Lara difundió un video desde Brasil, donde participa en una cumbre ambiental, señalando que la decisión del presidente Rodrigo Paz es inconstitucional y que estaría influenciada por Samuel Doria Medina. Aunque sus seguidores le pidieron organizar una marcha, Lara pidió actuar con calma, advirtiendo que la creación del Viceministerio representa una cesión de poder a la alianza Unidad y cuestionando la creciente influencia de Doria Medina dentro del gobierno.

El presidente Rodrigo Paz Pereira nombró a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional, luego de que Freddy Vidovic quedara inhabilitado para ejercer el cargo. La decisión se oficializó mediante el Decreto Supremo 5491, que establece la posesión inmediata de la nueva autoridad en el gabinete nacional.

La salida de Vidovic se produjo tras conocerse que tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que lo imposibilitaba legalmente para continuar en funciones. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la situación la noche del 19 de noviembre, apenas diez días después de que Vidovic hubiera sido posesionado junto al resto del equipo ministerial.

Con la incorporación de García Pinto, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de las labores en el área de Justicia y Transparencia. El nuevo ministro asumirá la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad y dar seguimiento a las políticas públicas del sector, en un contexto marcado por la necesidad de estabilidad y confianza en las autoridades de Estado.

El diputado José Maldonado informó que la sigla Alianza Libre no podrá participar en las elecciones subnacionales de 2026 debido al incumplimiento del requisito de inscripción establecido en la Ley 1096. La normativa exige que los partidos políticos cuenten con personería jurídica al menos 90 días antes de la convocatoria, condición que Libre no logró cumplir dentro de los plazos previstos.

Maldonado recordó que durante el debate legislativo se intentó reducir el tiempo de inscripción a 60 días, pero la propuesta no prosperó. Aun así, destacó que su bancada optó por no obstaculizar la aprobación de la norma, priorizando la gobernabilidad y el consenso dentro de la Asamblea Legislativa. Según el diputado, la discusión se llevó adelante de manera transparente y con respeto a las reglas democráticas.

Aunque la sigla no estará presente en la contienda de marzo de 2026, Maldonado aseguró que Libre buscará otras alternativas políticas para participar en el proceso electoral. Subrayó además la importancia de la unanimidad alcanzada en la votación de la ley, resaltando que este resultado refleja el compromiso de las fuerzas políticas con la estabilidad institucional y el cumplimiento de las promesas realizadas en el ámbito legislativo.