Tras su salida del Ministerio de Justicia, Freddy Vidovic fue designado por el vicepresidente Edmand Lara para ocupar un cargo en la Dirección de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Vicepresidencia. Lara defendió la incorporación de su hombre de confianza, asegurando que se trata de un profesional idóneo y comprometido con la lucha contra la impunidad.

Vidovic negó tener cuentas pendientes con la justicia y calificó de falsas las acusaciones en su contra. Señaló que nunca enfrentó procesos por corrupción y que su trayectoria está marcada por principios y valores que lo obligan a seguir trabajando por el pueblo boliviano, más allá de los cargos que haya ocupado.

El exministro lamentó la decisión del presidente Rodrigo Paz de apartarlo de la cartera de Justicia, aunque dijo respetar la atribución presidencial. Afirmó que continuará aportando desde la Vicepresidencia y reiteró que las presiones para su renuncia respondieron a un proceso judicial irregular que vulneró sus derechos fundamentales.

El sector panificador anunció que este sábado llevará a cabo una reunión ampliada para definir si se incrementará el precio del pan desde el próximo lunes. La falta de claridad sobre la subvención estatal ha generado incertidumbre entre los productores, quienes aseguran que los costos actuales hacen insostenible mantener el precio vigente.

Rubén Ríos, representante de los panificadores, explicó que el encuentro se realizará en la cancha Fabril de la zona Said y que allí se evaluará la hoja de costos que plantea un ajuste a 1,20 bolivianos por unidad. Según Ríos, las negociaciones con el Gobierno no han tenido resultados concretos y el tiempo para llegar a un acuerdo se agota.

Los panificadores sostienen que la decisión será tomada de manera colectiva y que, de no existir una respuesta inmediata de las autoridades, se procederá al incremento. “La situación es crítica y necesitamos soluciones reales”, afirmó Ríos, quien reiteró que el sector está dispuesto al diálogo, pero no puede seguir absorbiendo pérdidas.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que Bolivia atraviesa una coyuntura crítica marcada por el “malgasto” de recursos y proyectos inconclusos heredados de anteriores administraciones. Según la autoridad, esta situación ha dejado al país con un presupuesto congelado y sin capacidad de cubrir las necesidades básicas del Estado, lo que configura una de las crisis más profundas de la historia nacional.

Ante este panorama, el presidente Rodrigo Paz instruyó a su gabinete aplicar planes de austeridad y disciplina fiscal, con el objetivo de recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. Lupo subrayó que la prioridad inmediata es estabilizar la economía en los ámbitos de precios, finanzas, tipo de cambio y protección social, especialmente para los sectores más vulnerables.

El ministro también señaló que, además de la estabilidad, el país necesita inversión y crecimiento para reactivar la base productiva. “La gente requiere progreso, exportaciones y bienestar”, enfatizó, al tiempo que aseguró que las medidas de corto, mediano y largo plazo buscan sentar las bases de un nuevo modelo económico que supere la etapa de despilfarro y devuelva esperanza a la población.

El joven de 25 años, Brayan M., fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto tras admitir su responsabilidad en el asesinato de Tanya Rosy C. M., una adolescente de 13 años de Chulumani. La condena deberá cumplirse en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en Viacha, luego de que el acusado aceptara someterse a un proceso abreviado.

Durante la audiencia, el feminicida reconoció su culpabilidad y expresó que “no tiene perdón”, aunque aseguró haber actuado solo. Sin embargo, en la comunidad persisten sospechas de que otras personas podrían estar involucradas en el crimen. El caso ha generado gran conmoción en los Yungas, donde la población exige justicia y mayor protección para las niñas y adolescentes.

El asesinato ocurrió el 16 de noviembre, cuando Tanya salió de su casa para comprar material escolar y fue vista por última vez subiendo a una camioneta blanca, hecho registrado por cámaras de seguridad. Tras su captura, una turba intentó linchar al responsable, pero fue rescatado por la Policía. Ahora, con la sentencia ejecutoriada, el proceso judicial concluye con la pena máxima establecida por la ley para casos de feminicidio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó oficialmente que las elecciones subnacionales se llevarán a cabo el 22 de marzo de 2026. El vocal Gustavo Ávila precisó que en esa jornada se elegirán más de cinco mil autoridades, entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales, consolidando uno de los procesos democráticos más amplios del país.

La aprobación de la ley transitoria por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) marca el inicio de la fase decisiva del calendario electoral. Una vez promulgada por el presidente Rodrigo Paz y publicada en la Gaceta Oficial, el TSE deberá emitir la convocatoria y ajustar los plazos técnicos para garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Estos ajustes incluyen la inscripción de alianzas, la presentación de candidaturas y la actualización del padrón electoral.

El ente electoral subrayó que la fecha fijada responde a la necesidad de cumplir con los tiempos legales y operativos, considerando que en abril podría realizarse una eventual segunda vuelta en la elección de gobernadores. Además, se debe asegurar que las más de cinco mil autoridades subnacionales concluyan su mandato en mayo de 2026, lo que convierte al 22 de marzo en un plazo límite para garantizar la transición institucional sin contratiempos.

Analistas políticos recordaron que el Viceministerio de Coordinación Legislativa existió en distintos periodos de la historia democrática del país, contradiciendo las afirmaciones del vicepresidente Edmand Lara. Durante el gobierno de Carlos Mesa, el cargo fue ocupado por Ernesto Machicao; en la gestión de Hugo Banzer, Guillermo Fortún desempeñó esa función; y en el último mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, Guido Riveros estuvo al frente de la cartera.

La polémica resurgió tras el nombramiento de Wilson Santamaría como nuevo viceministro, decisión que generó críticas de la bancada afín a Lara, quienes calificaron la medida como un “golpe a la Vicepresidencia”. Legisladores como Juan Pablo Quispe y Judith García exigieron respeto a la Constitución, argumentando que no se deben crear cargos paralelos que interfieran con las atribuciones del vicepresidente.

En respuesta, Lara difundió un video desde Brasil, donde participa en una cumbre ambiental, señalando que la decisión del presidente Rodrigo Paz es inconstitucional y que estaría influenciada por Samuel Doria Medina. Aunque sus seguidores le pidieron organizar una marcha, Lara pidió actuar con calma, advirtiendo que la creación del Viceministerio representa una cesión de poder a la alianza Unidad y cuestionando la creciente influencia de Doria Medina dentro del gobierno.

El presidente Rodrigo Paz Pereira nombró a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional, luego de que Freddy Vidovic quedara inhabilitado para ejercer el cargo. La decisión se oficializó mediante el Decreto Supremo 5491, que establece la posesión inmediata de la nueva autoridad en el gabinete nacional.

La salida de Vidovic se produjo tras conocerse que tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que lo imposibilitaba legalmente para continuar en funciones. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la situación la noche del 19 de noviembre, apenas diez días después de que Vidovic hubiera sido posesionado junto al resto del equipo ministerial.

Con la incorporación de García Pinto, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de las labores en el área de Justicia y Transparencia. El nuevo ministro asumirá la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad y dar seguimiento a las políticas públicas del sector, en un contexto marcado por la necesidad de estabilidad y confianza en las autoridades de Estado.

El diputado José Maldonado informó que la sigla Alianza Libre no podrá participar en las elecciones subnacionales de 2026 debido al incumplimiento del requisito de inscripción establecido en la Ley 1096. La normativa exige que los partidos políticos cuenten con personería jurídica al menos 90 días antes de la convocatoria, condición que Libre no logró cumplir dentro de los plazos previstos.

Maldonado recordó que durante el debate legislativo se intentó reducir el tiempo de inscripción a 60 días, pero la propuesta no prosperó. Aun así, destacó que su bancada optó por no obstaculizar la aprobación de la norma, priorizando la gobernabilidad y el consenso dentro de la Asamblea Legislativa. Según el diputado, la discusión se llevó adelante de manera transparente y con respeto a las reglas democráticas.

Aunque la sigla no estará presente en la contienda de marzo de 2026, Maldonado aseguró que Libre buscará otras alternativas políticas para participar en el proceso electoral. Subrayó además la importancia de la unanimidad alcanzada en la votación de la ley, resaltando que este resultado refleja el compromiso de las fuerzas políticas con la estabilidad institucional y el cumplimiento de las promesas realizadas en el ámbito legislativo.

El Ministerio de Desarrollo Productivo convocó a la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol) a una reunión este miércoles por la tarde, en medio de las denuncias de falta de entrega de harina por parte de la estatal Emapa. La cita busca encontrar soluciones al abastecimiento irregular de pan de batalla, producto que debería mantenerse a precio regulado gracias a la subvención de insumos.

La convocatoria fue dirigida al dirigente Rubén Ríos y a cinco representantes de Conapabol, quienes deberán asistir al diálogo en La Paz. En las últimas semanas, los panificadores confederados han advertido que, ante la escasez de harina, dejaron de producir la tradicional marraqueta y se limitaron a ofrecer panes surtidos. Incluso señalaron que, de persistir la situación, podrían elevar el precio del pan a Bs1.

El Gobierno, por su parte, ordenó la intervención de Emapa y reveló que la empresa arrastra una “deuda monstruosa” por la harina. Mientras tanto, panificadores independientes plantean eliminar la subvención y permitir que el precio del pan se defina en condiciones de libre mercado, argumentando que los confederados habrían realizado negocios irregulares con los insumos provistos por el Estado.

El abogado Andrés Zúñiga, defensor de Juan Carlos Huarachi, anunció que presentará una apelación para revocar la detención preventiva dictada por el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz. Según el jurista, la resolución que envió al exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) al penal de San Pedro por seis meses se basó en “conjeturas y apreciaciones subjetivas” más que en pruebas concretas.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen indicios de pagos irregulares vinculados al denominado “caso coimas”, incluyendo una suma de Bs 40.000 atribuida a un exministro, y argumenta que hay riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación. Sin embargo, la defensa insiste en que no se valoraron adecuadamente los documentos presentados por Huarachi y que no se acreditó la probabilidad de autoría en los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión.

Zúñiga calificó la medida como “arbitraria” y señaló que el recurso de apelación busca restituir el derecho de su defendido a un proceso justo. Además, cuestionó la falta de información sobre el procedimiento de traslado al penal de San Pedro, indicando que la decisión depende de un sistema administrativo que no fue explicado ni por el juez ni por la Policía. La defensa espera que la apelación sea admitida y que se revise la legalidad de la detención preventiva.