El presidente electo Rodrigo Paz y su equipo económico lanzaron una dura advertencia sobre el estado de las finanzas públicas, asegurando que Bolivia atraviesa una crisis sin precedentes. Gabriel Espinoza, asesor económico de Paz, calificó la situación como “quiebra técnica” y alertó que los saldos fiscales no alcanzarían los mil millones de dólares, cuando se necesitarían más de 2.500 millones para cerrar el año. Además, denunció que el Banco Central de Bolivia (BCB) estaría intentando ejecutar operaciones que podrían dejar al país “sin liquidez suficiente”.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra gestionando acuerdos con organismos multilaterales y países vecinos, Paz aseguró que ya se garantizó la provisión de diésel y gasolina a partir del 8 de noviembre. Según explicó Espinoza, se recurrió a empresas privadas con reservas disponibles en la región, y ahora solo resta cerrar la logística de transporte. La urgencia de la situación impidió esperar procesos formales como la aprobación de créditos o importaciones desde mercados lejanos.

El equipo de transición también reveló que la deuda interna flotante, los vencimientos concentrados en los primeros meses del nuevo gobierno y un déficit fiscal superior a los 23 mil millones de bolivianos agravan el panorama. Espinoza insistió en que la economía está “arrasada” y que se requieren medidas inmediatas para evitar un colapso. Mientras tanto, el Gobierno saliente y el BCB no han emitido declaraciones oficiales sobre estas acusaciones.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) oficializó a Susana Ruiz como jefa de bancada en el Senado y a Marlene Miranda como líder en la Cámara de Diputados, marcando el inicio de una nueva etapa legislativa para la gestión 2025-2026. Ambas fueron elegidas por consenso entre los legisladores del partido, en una reunión que buscó consolidar una estructura representativa y funcional.

Ruiz, senadora por Potosí, y Miranda, diputada por Santa Cruz, asumirán la responsabilidad de coordinar las acciones parlamentarias del PDC en sus respectivas cámaras. La vocera del partido, Sandra Rivero, destacó que el proceso se desarrolló con transparencia y unidad, involucrando a los 16 senadores y 49 diputados electos del oficialismo. Además, se ratificó al diputado Henry Antonio como subjefe de bancada en Diputados.

Con esta renovación interna, el PDC se prepara para encarar los desafíos legislativos del próximo periodo, fortaleciendo su presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La nueva conducción buscará articular propuestas con el Ejecutivo y promover una agenda parlamentaria alineada con las prioridades del país.

El proceso de transición entre el gobierno saliente de Luis Arce y el entrante de Rodrigo Paz Pereira avanza con rapidez y coordinación. Hasta la fecha, el equipo de transición ha logrado reunirse con 15 de los 17 ministerios del Estado, según informó Carla Faval, coordinadora del equipo. Se espera que el trabajo concluya oficialmente el 5 de noviembre, tras la evaluación de la documentación entregada por las autoridades salientes.

Mientras tanto, se afinan los detalles del acto de transmisión de mando, que se celebrará el sábado 8 de noviembre en el hemiciclo parlamentario. Gilda Céspedes, asesora del presidente electo, lideró una inspección junto al Alto Mando Militar en la Plaza Murillo y edificios públicos para coordinar el protocolo oficial. La Cancillería también participa activamente en la organización, incluyendo medidas especiales de seguridad para los nuevos mandatarios.

La ceremonia contará con la presencia de al menos cinco líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Argentina, Chile y El Salvador, además del expresidente alemán Christian Wulff. España y Brasil también iniciaron gestiones diplomáticas para asistir, y no se descarta la presencia del rey Felipe VI, dada la conexión personal con Bolivia del presidente electo, quien nació en Galicia durante el exilio de sus padres.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que asistirá al acto de posesión de Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia, previsto para el 8 de noviembre en la ciudad de La Paz. La decisión fue comunicada como un gesto de respaldo institucional y democrático, en el marco de la transición política tras la segunda vuelta electoral.

Camacho, líder del partido Creemos —integrante de la alianza Unidad con presencia en el Legislativo—, reiteró su compromiso de colaborar con el nuevo Gobierno en la búsqueda de soluciones para la crisis económica que atraviesa el país. “Vamos a acompañar este paso importante para la democracia”, expresó, destacando el carácter histórico del evento y la necesidad de unidad nacional.

Santa Cruz, como región productiva clave que aporta el 70% de los alimentos que consume Bolivia, mantiene un rol estratégico en el desarrollo económico. En ese contexto, la presencia del gobernador en el acto protocolar busca reforzar los lazos institucionales y abrir canales de diálogo entre el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales.

Este viernes por la mañana se instaló la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional del periodo 2020-2025, con una agenda que incluye cinco puntos de alto interés. La sesión comenzó tras confirmarse el quórum en ambas cámaras y continúa en desarrollo, abordando temas que van desde medidas económicas hasta informes institucionales.

Uno de los puntos centrales es el tratamiento del proyecto de ley excepcional que propone la suspensión temporal de embargos y procesos judiciales relacionados con créditos de vivienda de interés social. Esta iniciativa busca brindar alivio financiero a las familias afectadas por la crisis económica, y su discusión ha generado expectativa entre legisladores y sectores sociales.

Además, se prevé la presentación de los informes de gestión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y del Senado, Andrónico Rodríguez. La sesión concluirá con la clausura oficial del periodo legislativo, aunque este último punto aún no ha sido abordado, ya que el debate continúa en el hemiciclo.

La Defensoría del Pueblo celebró la aprobación del proyecto de Ley N.º 181/2024-2025, que establece una política de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Bolivia. El defensor Pedro Callisaya calificó la norma como un avance histórico en la búsqueda de justicia, memoria y garantías de no repetición, especialmente para quienes sufrieron durante periodos de represión y quiebre constitucional. La ley fue sancionada por la Cámara de Senadores y ahora espera su promulgación por el Órgano Ejecutivo.

El proyecto contempla medidas concretas como compensación económica, atención médica y psicológica, acceso a educación, programas de reintegración social y reconocimiento público. La Defensoría del Pueblo jugó un rol activo en el proceso legislativo, brindando asistencia técnica, facilitando el diálogo entre víctimas y autoridades, y asegurando que sus propuestas fueran incorporadas en el texto final. Este acompañamiento se realizó en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Callisaya instó al Ejecutivo a promulgar la ley sin dilaciones, subrayando que “sin justicia, no hay democracia ni paz duradera”. La aprobación de esta norma refuerza el compromiso institucional con los derechos humanos y representa una oportunidad para reconstruir la confianza de las víctimas en el Estado. La Defensoría reafirma así su papel como garante de los derechos fundamentales y como promotora de políticas públicas orientadas a la reparación y la reconciliación.

Alejandro Gelafio Santiesteban, abogado y exmilitar implicado en el caso Hotel Las Américas, expresó su respaldo a la propuesta de juicio de responsabilidades contra Evo Morales por los hechos ocurridos en abril de 2009. Desde el exilio, Santiesteban calificó la intervención policial como una operación política encubierta que derivó en ejecuciones extrajudiciales y persecución judicial. Aseguró que su encarcelamiento por más de siete años fue parte de un montaje para proteger a su padre, el general Gelafio Santiesteban, a quien —según él— el gobierno de Morales buscaba castigar por su rol en la erradicación de coca excedente en el Chapare.

El exreo político manifestó mayor confianza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió su caso y lo acumula con el de otras víctimas del operativo. Afirmó que la justicia boliviana carece de independencia y recordó con ironía que las mismas juezas que lo condenaron podrían ahora juzgar a Morales. “Quiero que lo juzguen en derecho, para que no diga que es perseguido”, declaró. También denunció que el operativo dejó más de 180 personas procesadas y decenas de familias destruidas por detenciones arbitrarias, extorsiones y manipulación de pruebas.

Santiesteban confirmó que mantiene contacto con abogados en Santa Cruz y que existe disposición para aportar pruebas al proceso impulsado por la alianza Libre. A 16 años del operativo, insiste en que no busca venganza, sino justicia y reparación. “No hay dinero que pague el dolor de mi familia, pero confío en que este cambio político permita al Estado enmendar lo que destruyeron”, concluyó.

A días de concluir su mandato, el presidente Luis Arce recibió el respaldo público de tres ministros que defendieron su gestión económica como “estable y productiva”, en medio de crecientes cuestionamientos por la escasez de dólares, el alza de precios y los problemas de abastecimiento. En una conferencia conjunta, los titulares de Planificación, Economía y Desarrollo Rural destacaron los créditos externos gestionados, el presupuesto para combustibles y la autosuficiencia alimentaria como pilares del modelo económico que dejan a las nuevas autoridades.

Sin embargo, los datos oficiales y el análisis de expertos muestran una realidad más compleja. La inflación acumulada supera el 18%, los productos básicos han subido considerablemente, y el tipo de cambio paralelo se aleja del oficial. El economista Germán Molina advirtió que las reservas líquidas del Banco Central apenas cubren unos meses de importaciones, y que el déficit fiscal podría ser mayor al reportado por el Ejecutivo. Además, señaló que la baja ejecución de inversión pública y la deuda flotante ocultan el verdadero estado de las finanzas estatales.

Mientras el Gobierno saliente insiste en que la Asamblea Legislativa bloqueó créditos clave, los analistas apuntan a problemas estructurales y falta de transparencia. La narrativa oficial, centrada en la defensa del modelo estatal y la crítica a la libre exportación, contrasta con las demandas del sector privado y los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. La transición se da en un contexto de incertidumbre económica, donde las promesas de estabilidad chocan con los indicadores de deterioro.

El candidato presidencial chileno Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, volvió a encender la polémica con declaraciones agresivas hacia Bolivia durante un mitin en Osorno. Kaiser prometió cerrar la frontera entre ambos países si llega al poder, en respuesta a lo que considera una “humillación” por el ingreso de vehículos robados desde Chile al territorio boliviano. “Se acabó el chistecito de Bolivia”, afirmó, asegurando que en La Paz “lo van a pasar muy mal”.

Las declaraciones no solo generaron rechazo en Bolivia, sino también dentro de Chile. El exsenador Manuel José Ossandón calificó a Kaiser de “fanático e irresponsable” y criticó su falta de conocimiento sobre el comercio informal de vehículos entre ambos países. Ossandón defendió la necesidad de fortalecer los lazos con Bolivia en lugar de promover el enfrentamiento, y lamentó que el discurso de Kaiser se base en amenazas y desinformación.

Este nuevo episodio se suma a una serie de ataques verbales de Kaiser contra el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien exigió colaboración en temas migratorios bajo amenaza de cerrar la frontera. Las declaraciones han generado preocupación sobre el tono de la campaña presidencial chilena y sus posibles repercusiones diplomáticas en la región andina.

En su recta final, el Senado boliviano aprobó un informe que sacude el tablero político: la solicitud de investigar a exautoridades del Gobierno de Luis Arce por su presunta implicación en el fallido levantamiento militar del 26 de junio de 2024, conocido como el “Zuñigazo”. El documento, elaborado por una comisión especial, apunta directamente al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y a otros altos funcionarios, por supuesta manipulación de los hechos y uso indebido de recursos estatales para construir una narrativa favorable al oficialismo.

El informe, de más de un centenar de páginas, detalla irregularidades como la presentación pública de detenidos sin orden judicial, la producción de un documental con fondos públicos y la obstrucción a la labor investigativa del Senado. Aunque no se hallaron pruebas concluyentes de un golpe de Estado, varios legisladores coincidieron en que el episodio fue instrumentalizado políticamente. “No fue golpe ni autogolpe, pero sí una puesta en escena que dañó la imagen del país”, afirmó la senadora Cecilia Requena.

Con este informe, el Senado concluye su gestión 2020-2025, dejando un legado de controversia y demandas de justicia. La última sesión de la Asamblea está prevista para el 31 de octubre, antes de que los nuevos legisladores asuman funciones el 8 de noviembre. El caso del “Zuñigazo” promete seguir generando repercusiones en la nueva legislatura, que deberá decidir si da curso a las investigaciones recomendadas.