A días de concluir su mandato, el presidente Luis Arce recibió el respaldo público de tres ministros que defendieron su gestión económica como “estable y productiva”, en medio de crecientes cuestionamientos por la escasez de dólares, el alza de precios y los problemas de abastecimiento. En una conferencia conjunta, los titulares de Planificación, Economía y Desarrollo Rural destacaron los créditos externos gestionados, el presupuesto para combustibles y la autosuficiencia alimentaria como pilares del modelo económico que dejan a las nuevas autoridades.

Sin embargo, los datos oficiales y el análisis de expertos muestran una realidad más compleja. La inflación acumulada supera el 18%, los productos básicos han subido considerablemente, y el tipo de cambio paralelo se aleja del oficial. El economista Germán Molina advirtió que las reservas líquidas del Banco Central apenas cubren unos meses de importaciones, y que el déficit fiscal podría ser mayor al reportado por el Ejecutivo. Además, señaló que la baja ejecución de inversión pública y la deuda flotante ocultan el verdadero estado de las finanzas estatales.

Mientras el Gobierno saliente insiste en que la Asamblea Legislativa bloqueó créditos clave, los analistas apuntan a problemas estructurales y falta de transparencia. La narrativa oficial, centrada en la defensa del modelo estatal y la crítica a la libre exportación, contrasta con las demandas del sector privado y los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. La transición se da en un contexto de incertidumbre económica, donde las promesas de estabilidad chocan con los indicadores de deterioro.

El candidato presidencial chileno Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, volvió a encender la polémica con declaraciones agresivas hacia Bolivia durante un mitin en Osorno. Kaiser prometió cerrar la frontera entre ambos países si llega al poder, en respuesta a lo que considera una “humillación” por el ingreso de vehículos robados desde Chile al territorio boliviano. “Se acabó el chistecito de Bolivia”, afirmó, asegurando que en La Paz “lo van a pasar muy mal”.

Las declaraciones no solo generaron rechazo en Bolivia, sino también dentro de Chile. El exsenador Manuel José Ossandón calificó a Kaiser de “fanático e irresponsable” y criticó su falta de conocimiento sobre el comercio informal de vehículos entre ambos países. Ossandón defendió la necesidad de fortalecer los lazos con Bolivia en lugar de promover el enfrentamiento, y lamentó que el discurso de Kaiser se base en amenazas y desinformación.

Este nuevo episodio se suma a una serie de ataques verbales de Kaiser contra el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien exigió colaboración en temas migratorios bajo amenaza de cerrar la frontera. Las declaraciones han generado preocupación sobre el tono de la campaña presidencial chilena y sus posibles repercusiones diplomáticas en la región andina.

En su recta final, el Senado boliviano aprobó un informe que sacude el tablero político: la solicitud de investigar a exautoridades del Gobierno de Luis Arce por su presunta implicación en el fallido levantamiento militar del 26 de junio de 2024, conocido como el “Zuñigazo”. El documento, elaborado por una comisión especial, apunta directamente al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y a otros altos funcionarios, por supuesta manipulación de los hechos y uso indebido de recursos estatales para construir una narrativa favorable al oficialismo.

El informe, de más de un centenar de páginas, detalla irregularidades como la presentación pública de detenidos sin orden judicial, la producción de un documental con fondos públicos y la obstrucción a la labor investigativa del Senado. Aunque no se hallaron pruebas concluyentes de un golpe de Estado, varios legisladores coincidieron en que el episodio fue instrumentalizado políticamente. “No fue golpe ni autogolpe, pero sí una puesta en escena que dañó la imagen del país”, afirmó la senadora Cecilia Requena.

Con este informe, el Senado concluye su gestión 2020-2025, dejando un legado de controversia y demandas de justicia. La última sesión de la Asamblea está prevista para el 31 de octubre, antes de que los nuevos legisladores asuman funciones el 8 de noviembre. El caso del “Zuñigazo” promete seguir generando repercusiones en la nueva legislatura, que deberá decidir si da curso a las investigaciones recomendadas.

El líder de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, respondió con firmeza a las críticas internas sobre la designación de los jefes de bancada en el Senado y la Cámara de Diputados. Calificó como “una falta de respeto” las acusaciones de que hubo imposición en los nombramientos, especialmente hacia figuras como Tomasa Yarhui y Rafael López. Según Quiroga, ambos tienen méritos suficientes para ocupar esos cargos y representan lo mejor del liderazgo político boliviano.

Las declaraciones surgieron luego de que el senador electo Branko Marinkovic cuestionara el proceso de selección, comparándolo con prácticas del pasado vinculadas al MAS. Marinkovic pidió mayor transparencia y participación en las decisiones internas, señalando que los tiempos de cambio exigen una democracia más abierta y representativa. Su crítica encendió el debate dentro de la alianza, evidenciando tensiones sobre el rumbo político y la forma de ejercer el liderazgo.

Quiroga, por su parte, defendió el equilibrio regional, generacional y de género en las designaciones, destacando que se buscó una representación diversa. Reiteró su compromiso con la gobernabilidad del país y aseguró que su organización no busca cargos en el nuevo gobierno, sino aportar desde el Legislativo. “Ni un cenicero pedimos, pero sí vamos a apoyar para que Bolivia avance”, concluyó.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció gestiones diplomáticas para asegurar la participación de una delegación boliviana en la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil. Según explicó, ya se contactó con la ministra de Medioambiente de ese país para solicitar acreditaciones, con el objetivo de que Bolivia esté presente en uno de los foros climáticos más importantes del mundo.

Paz destacó que la cumbre representa una oportunidad clave para acceder a financiamiento internacional destinado a proyectos ambientales, especialmente aquellos que beneficien a la Amazonía boliviana, que abarca los departamentos de Pando, Beni y parte de Santa Cruz. Subrayó que la presencia del país en este evento permitiría captar recursos para iniciativas de conservación, desarrollo sostenible y resiliencia climática.

Aunque la presidencia de Paz comienza oficialmente el 8 de noviembre, busca que Bolivia tenga representación desde la Cumbre del Clima de Belém, que inicia el 6 de ese mes como antesala a la COP30. En este espacio se prevé el lanzamiento de iniciativas como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre y compromisos sobre manejo del fuego, combustibles sostenibles y lucha contra la pobreza vinculada al cambio climático.

La Fiscalía Departamental de Tarija informó que el expresidente Evo Morales fue notificado por edicto el 21 de octubre para el inicio del juicio por trata de personas y estupro, en el caso que lo vincula con la concepción de un hijo con una menor de 15 años en 2015. La acusación formal se da en el marco de un proceso judicial que ha generado atención nacional e internacional.

También fueron notificadas por edicto la presunta víctima, Cindy Saraí Vargas, y su madre, Idelsa Pozo, ambas con refugio político en Argentina. Pozo figura como acusada en el proceso, mientras que el padre de la menor, Emeterio Vargas, fue beneficiado con una resolución de sobreseimiento tras haber estado detenido preventivamente.

En paralelo, el hermano de la víctima, Esteban Vargas, solicitó la devolución de Bs 80.000 incautados durante un allanamiento, alegando que corresponden a sus ahorros como exfuncionario diplomático. Aunque afirmó haber sido cónsul de Bolivia, no se detalló el país ni el periodo en que ejerció el cargo. El caso sigue avanzando con nuevas revelaciones y diligencias judiciales.

En una sesión marcada por la rapidez, el Senado boliviano aprobó cinco créditos internacionales por un total de casi 460 millones de dólares, destinados a proyectos de infraestructura vial y desarrollo regional. La votación se realizó en menos de diez minutos, sin debate ni objeciones, a pocos días del cierre de gestión legislativa previo al cambio de Gobierno.

Entre los créditos aprobados figura el financiamiento para el tramo carretero Okinawa – Cruce R.F. de 09 (Los Troncos), por más de 74 millones de dólares, suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF). También se sancionaron préstamos para presas resilientes, accesos viales en Sacaba, y la construcción de la doble vía Río Seco – Desaguadero, además de un camino asfaltado en Potosí. Todos los proyectos fueron remitidos al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La celeridad sorprendió incluso a algunos senadores, como María Castillo, quien celebró la aprobación de obras largamente esperadas. La falta de discusión contrastó con sesiones anteriores, donde los créditos enfrentaban resistencia. Esta vez, la urgencia por cerrar el ciclo legislativo permitió destrabar recursos que habían estado congelados durante meses.

La Asociación de Surtidores (Asosur) alertó que el suministro de diésel en Bolivia sigue siendo crítico, con estaciones de servicio recibiendo apenas entre el 30% y 40% del volumen requerido. Su gerente, Susy Dorado, señaló que las largas filas continúan y que el abastecimiento no logra cubrir la demanda diaria, afectando especialmente a los productores agropecuarios del área rural.

Dorado explicó que YPFB realiza entregas limitadas, una o dos veces por semana, lo que ha generado un cuello de botella en el acceso al combustible. “El diésel es esencial en provincias, donde los agricultores dependen de él para sembrar, cosechar y transportar sus productos. Hoy estamos recibiendo menos de la mitad de lo que necesitamos”, afirmó.

La escasez ha comenzado a paralizar actividades productivas, mientras el Gobierno intenta aliviar la crisis con una ley transitoria que permite la importación privada de combustibles. Sin embargo, desde Asosur advierten que estas medidas no resuelven el problema de fondo y que se requiere una solución estructural para garantizar el abastecimiento continuo.

Empleados de la empresa minera Emcoisa revelaron un presunto desfalco de oro que supera los 200 millones de bolivianos, acompañado de una evasión tributaria de gran magnitud. La denuncia apunta a un manejo irregular de los recursos minerales, generando alarma por el impacto económico que esto representa para el país.

Un informe técnico de la Procuraduría General del Estado indica que, durante diez meses, Emcoisa declaró apenas 27 kilogramos de oro, cuando en realidad habría producido 168 kilogramos. Esta diferencia de más de 140 kilogramos plantea serias dudas sobre el destino del mineral y la transparencia de los reportes financieros de la empresa.

Los trabajadores también denunciaron que las inspecciones judiciales han sido sistemáticamente suspendidas, lo que sugiere posibles actos de encubrimiento por parte de ciertas autoridades. Ante esta situación, exigen una auditoría urgente y una investigación independiente que permita esclarecer los hechos, recuperar el oro perdido y sancionar a los responsables.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, reveló que el mandatario salvadoreño Nayib Bukele tiene previsto asistir al acto de transmisión de mando el próximo 8 de noviembre. Según Paz, la conversación telefónica que sostuvo con Bukele fue directa y cordial, y confirmó su interés en visitar el país en esa fecha clave para el nuevo gobierno boliviano.

Durante ese diálogo, Paz aprovechó para solicitar apoyo técnico en la gestión penitenciaria, inspirándose en el modelo que Bukele ha implementado en El Salvador para enfrentar a las pandillas. El sistema carcelario salvadoreño ha sido objeto de atención internacional por su enfoque de seguridad y control, y Paz considera que podría servir como referencia para reformar el sistema boliviano.

La posible colaboración entre ambos gobiernos en materia penitenciaria marca un primer paso en la agenda internacional del nuevo presidente boliviano. Paz destacó que busca soluciones efectivas para enfrentar el hacinamiento y la inseguridad en las cárceles del país, y que la experiencia salvadoreña podría aportar herramientas útiles para una transformación estructural en el sistema de justicia penal.