El líder de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, respondió con firmeza a las críticas internas sobre la designación de los jefes de bancada en el Senado y la Cámara de Diputados. Calificó como “una falta de respeto” las acusaciones de que hubo imposición en los nombramientos, especialmente hacia figuras como Tomasa Yarhui y Rafael López. Según Quiroga, ambos tienen méritos suficientes para ocupar esos cargos y representan lo mejor del liderazgo político boliviano.

Las declaraciones surgieron luego de que el senador electo Branko Marinkovic cuestionara el proceso de selección, comparándolo con prácticas del pasado vinculadas al MAS. Marinkovic pidió mayor transparencia y participación en las decisiones internas, señalando que los tiempos de cambio exigen una democracia más abierta y representativa. Su crítica encendió el debate dentro de la alianza, evidenciando tensiones sobre el rumbo político y la forma de ejercer el liderazgo.

Quiroga, por su parte, defendió el equilibrio regional, generacional y de género en las designaciones, destacando que se buscó una representación diversa. Reiteró su compromiso con la gobernabilidad del país y aseguró que su organización no busca cargos en el nuevo gobierno, sino aportar desde el Legislativo. “Ni un cenicero pedimos, pero sí vamos a apoyar para que Bolivia avance”, concluyó.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció gestiones diplomáticas para asegurar la participación de una delegación boliviana en la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil. Según explicó, ya se contactó con la ministra de Medioambiente de ese país para solicitar acreditaciones, con el objetivo de que Bolivia esté presente en uno de los foros climáticos más importantes del mundo.

Paz destacó que la cumbre representa una oportunidad clave para acceder a financiamiento internacional destinado a proyectos ambientales, especialmente aquellos que beneficien a la Amazonía boliviana, que abarca los departamentos de Pando, Beni y parte de Santa Cruz. Subrayó que la presencia del país en este evento permitiría captar recursos para iniciativas de conservación, desarrollo sostenible y resiliencia climática.

Aunque la presidencia de Paz comienza oficialmente el 8 de noviembre, busca que Bolivia tenga representación desde la Cumbre del Clima de Belém, que inicia el 6 de ese mes como antesala a la COP30. En este espacio se prevé el lanzamiento de iniciativas como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre y compromisos sobre manejo del fuego, combustibles sostenibles y lucha contra la pobreza vinculada al cambio climático.

La Fiscalía Departamental de Tarija informó que el expresidente Evo Morales fue notificado por edicto el 21 de octubre para el inicio del juicio por trata de personas y estupro, en el caso que lo vincula con la concepción de un hijo con una menor de 15 años en 2015. La acusación formal se da en el marco de un proceso judicial que ha generado atención nacional e internacional.

También fueron notificadas por edicto la presunta víctima, Cindy Saraí Vargas, y su madre, Idelsa Pozo, ambas con refugio político en Argentina. Pozo figura como acusada en el proceso, mientras que el padre de la menor, Emeterio Vargas, fue beneficiado con una resolución de sobreseimiento tras haber estado detenido preventivamente.

En paralelo, el hermano de la víctima, Esteban Vargas, solicitó la devolución de Bs 80.000 incautados durante un allanamiento, alegando que corresponden a sus ahorros como exfuncionario diplomático. Aunque afirmó haber sido cónsul de Bolivia, no se detalló el país ni el periodo en que ejerció el cargo. El caso sigue avanzando con nuevas revelaciones y diligencias judiciales.

En una sesión marcada por la rapidez, el Senado boliviano aprobó cinco créditos internacionales por un total de casi 460 millones de dólares, destinados a proyectos de infraestructura vial y desarrollo regional. La votación se realizó en menos de diez minutos, sin debate ni objeciones, a pocos días del cierre de gestión legislativa previo al cambio de Gobierno.

Entre los créditos aprobados figura el financiamiento para el tramo carretero Okinawa – Cruce R.F. de 09 (Los Troncos), por más de 74 millones de dólares, suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF). También se sancionaron préstamos para presas resilientes, accesos viales en Sacaba, y la construcción de la doble vía Río Seco – Desaguadero, además de un camino asfaltado en Potosí. Todos los proyectos fueron remitidos al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La celeridad sorprendió incluso a algunos senadores, como María Castillo, quien celebró la aprobación de obras largamente esperadas. La falta de discusión contrastó con sesiones anteriores, donde los créditos enfrentaban resistencia. Esta vez, la urgencia por cerrar el ciclo legislativo permitió destrabar recursos que habían estado congelados durante meses.

La Asociación de Surtidores (Asosur) alertó que el suministro de diésel en Bolivia sigue siendo crítico, con estaciones de servicio recibiendo apenas entre el 30% y 40% del volumen requerido. Su gerente, Susy Dorado, señaló que las largas filas continúan y que el abastecimiento no logra cubrir la demanda diaria, afectando especialmente a los productores agropecuarios del área rural.

Dorado explicó que YPFB realiza entregas limitadas, una o dos veces por semana, lo que ha generado un cuello de botella en el acceso al combustible. “El diésel es esencial en provincias, donde los agricultores dependen de él para sembrar, cosechar y transportar sus productos. Hoy estamos recibiendo menos de la mitad de lo que necesitamos”, afirmó.

La escasez ha comenzado a paralizar actividades productivas, mientras el Gobierno intenta aliviar la crisis con una ley transitoria que permite la importación privada de combustibles. Sin embargo, desde Asosur advierten que estas medidas no resuelven el problema de fondo y que se requiere una solución estructural para garantizar el abastecimiento continuo.

Empleados de la empresa minera Emcoisa revelaron un presunto desfalco de oro que supera los 200 millones de bolivianos, acompañado de una evasión tributaria de gran magnitud. La denuncia apunta a un manejo irregular de los recursos minerales, generando alarma por el impacto económico que esto representa para el país.

Un informe técnico de la Procuraduría General del Estado indica que, durante diez meses, Emcoisa declaró apenas 27 kilogramos de oro, cuando en realidad habría producido 168 kilogramos. Esta diferencia de más de 140 kilogramos plantea serias dudas sobre el destino del mineral y la transparencia de los reportes financieros de la empresa.

Los trabajadores también denunciaron que las inspecciones judiciales han sido sistemáticamente suspendidas, lo que sugiere posibles actos de encubrimiento por parte de ciertas autoridades. Ante esta situación, exigen una auditoría urgente y una investigación independiente que permita esclarecer los hechos, recuperar el oro perdido y sancionar a los responsables.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, reveló que el mandatario salvadoreño Nayib Bukele tiene previsto asistir al acto de transmisión de mando el próximo 8 de noviembre. Según Paz, la conversación telefónica que sostuvo con Bukele fue directa y cordial, y confirmó su interés en visitar el país en esa fecha clave para el nuevo gobierno boliviano.

Durante ese diálogo, Paz aprovechó para solicitar apoyo técnico en la gestión penitenciaria, inspirándose en el modelo que Bukele ha implementado en El Salvador para enfrentar a las pandillas. El sistema carcelario salvadoreño ha sido objeto de atención internacional por su enfoque de seguridad y control, y Paz considera que podría servir como referencia para reformar el sistema boliviano.

La posible colaboración entre ambos gobiernos en materia penitenciaria marca un primer paso en la agenda internacional del nuevo presidente boliviano. Paz destacó que busca soluciones efectivas para enfrentar el hacinamiento y la inseguridad en las cárceles del país, y que la experiencia salvadoreña podría aportar herramientas útiles para una transformación estructural en el sistema de justicia penal.

El vicepresidente electo Edman Lara sugirió retirar a Petrobras del esquema de comercialización de gas boliviano hacia Brasil, argumentando que Bolivia podría duplicar sus ingresos si negocia directamente con la empresa distribuidora brasileña. Según Lara, actualmente se vende el gas a seis dólares el BTU, mientras que la compañía final estaría dispuesta a pagar hasta 12 dólares. Esta propuesta fue difundida a través de sus redes sociales, donde aseguró que eliminar al intermediario permitiría mayores beneficios económicos para el país.

Sin embargo, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos cuestionó la viabilidad de esta idea, recordando que los contratos vigentes con empresas transnacionales como Petrobras deben ser respetados. Ríos advirtió que no se puede excluir a la petrolera brasileña de forma unilateral, ya que existen cláusulas de vigencia, penalidades y fórmulas de precio que deben cumplirse. Además, recomendó a Lara evitar medidas abruptas similares a las tomadas por Evo Morales en el pasado, y en su lugar, buscar una renegociación que permita mejorar las condiciones sin romper compromisos legales.

El especialista también señaló que no es cierto que los ingresos se duplicarían automáticamente al cambiar de comprador, ya que los precios del mercado energético son variables y dependen de múltiples factores. En ese sentido, destacó que hay oportunidades para obtener mejores precios, pero que estas deben ser exploradas mediante diálogo y acuerdos formales. La propuesta de Lara ha abierto el debate sobre la estrategia energética del nuevo gobierno y la necesidad de actuar con prudencia en un contexto de alta dependencia del mercado brasileño.

El asesinato de Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón, ha generado un clima de miedo entre los testigos del hecho, quienes se rehúsan a declarar por temor a represalias. El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, informó que las primeras indagaciones apuntan a que los autores del crimen serían ciudadanos brasileños, aunque aún no se ha confirmado su identidad ni su vínculo con organizaciones criminales.

El ataque ocurrió la noche del domingo en la plaza principal de San Ramón, cuando varios sujetos armados descendieron de una vagoneta negra y dispararon contra López Rodríguez, quien se encontraba dentro de su vehículo. El Ministerio Público ha convocado a testigos y personas cercanas al caso para avanzar en la investigación, mientras que el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, no descartó una posible conexión con redes criminales transnacionales vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Este crimen se suma a un intento de asesinato que López Rodríguez sufrió en abril, lo que refuerza las sospechas de que estaba en la mira de grupos delictivos. En paralelo, la figura de Marset ha vuelto a ocupar titulares tras la difusión de un video en el que aparece rodeado de hombres armados, lanzando amenazas. Aunque la Fiscalía aún no establece un nexo directo entre ambos hechos, las autoridades reconocen que el contexto de violencia en la región responde a disputas entre organizaciones criminales con presencia internacional.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) evalúa la solicitud presentada por Rodrigo Paz y Edmand Lara, presidente y vicepresidente electos, para que el acto oficial de entrega de credenciales se realice en la Casa de la Libertad, ubicada en la ciudad de Sucre. Esta propuesta busca resaltar el valor simbólico e histórico del lugar donde se firmó la independencia de Bolivia, en un gesto que pretende honrar el compromiso asumido durante la campaña electoral.

Óscar Hassenteufel, presidente interino del TSE, confirmó que la Sala Plena será la instancia encargada de tomar la decisión final sobre el lugar del evento. Mientras tanto, el vocal Gustavo Ávila señaló que se deben considerar aspectos logísticos y coordinar con el custodio del recinto histórico, además de garantizar la presencia de autoridades nacionales y representantes diplomáticos. La propuesta ha generado expectativa en distintos sectores, especialmente en Chuquisaca.

La iniciativa de Paz y Lara surge tras el rechazo expresado por el Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), que criticó duramente la decisión de realizar la posesión presidencial en La Paz. En respuesta, los electos mandatarios buscan cumplir con el compromiso firmado ante Codeinca, reafirmando su voluntad de asumir el cargo en Sucre como muestra de respeto a la memoria histórica del país y a la dignidad del pueblo chuquisaqueño.