Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y líder de APB – Súmate, expresó su respaldo al presidente electo Rodrigo Paz, destacando que su gestión apunta a una transformación estructural del país. Afirmó que no es necesario conformar una alianza formal para colaborar, ya que el objetivo común es el bienestar de Bolivia. Señaló que su bancada en la Asamblea Legislativa apoyará las iniciativas del nuevo gobierno sin condiciones, siempre que estén orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante una escala en Santa Cruz antes de viajar a México, donde será reconocido por su labor municipal, Reyes Villa también se refirió a la reciente ley de importación directa de carburantes. Consideró que la medida podría generar especulación y afectar los precios de productos básicos. Propuso que YPFB sea el encargado de importar combustibles sin impuestos, lo que permitiría reducir los costos y evitar intermediarios que, según él, han lucrado con la escasez.

Finalmente, el líder de APB – Súmate confirmó que su organización participará en las elecciones subnacionales de 2026 con candidatos en todo el país. Indicó que ya se está trabajando en la selección de perfiles idóneos para representar a la agrupación. Sobre una posible candidatura suya, Reyes Villa dijo que aún no ha tomado una decisión y que esperará el calendario electoral para definir su postura.

La Diputada Sandra Rivero sostuvo una reunión clave con el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) en las oficinas de esta organización sindical, con el objetivo de definir una agenda de prioridades y coordinar mecanismos que permitan atender de manera eficaz las demandas urgentes de los sectores productivos y sociales que representa la COD.
En este encuentro se abordaron temas fundamentales para la estabilidad y desarrollo del departamento.

«Esta reunión marca el inicio de una alianza estratégica y sincera con la Central Obrera Departamental. Entendemos que la voz de los trabajadores es esencial para la construcción de un departamento más justo y próspero. Mi compromiso es utilizar mi rol como legisladora para amplificar estas demandas y garantizar que se traduzcan en acciones concretas y resultados tangibles,» afirmó la Diputada Rivero.

Desde el Ejecutivo de la COD agradecieron la disposición de la legisladora para acercarse a la sede sindical, destacando que este tipo de encuentros ayudan a que las autoridades conozcan de primera mano la realidad del sector y aceleren la atención a sus históricas peticiones.

Ambas partes acordaron mantener una mesa de trabajo permanente para supervisar los avances y garantizar que las demandas sectoriales sean atendidas con la prontitud y seriedad que requieren.

El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público inició una investigación por el delito de asesinato en relación con los hechos ocurridos el 26 de octubre de 2025, alrededor de las 21:35, en la plaza principal del Municipio de San Ramón, Provincia Mamoré, donde falleció Jonathan L.R., de 29 años.

“El Ministerio Público, a través de una Comisión de Fiscales, junto a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se constituyeron para la recolección de indicios materiales, entre ellos el acta de denuncia, informes policiales, registro del lugar del hecho, y placas fotográficas que evidencian las lesiones fatales de la víctima. Hasta el momento no se ha logrado la aprehensión de los autores; sin embargo, se continúan realizando las diligencias investigativas correspondientes”, detalló Mendoza.

El Fiscal de Materia asignado al caso, Carlos Fernández, explicó que la investigación está en fase preliminar y que la víctima fue atacada por varios sujetos que le habrían provocado la muerte con aproximadamente 24 impactos de arma de fuego.

La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, denunciante del presidente Luis Arce por abandono de mujer embarazada, presentó este lunes ante la Fiscalía de Cochabamba un pedido formal de alerta migratoria contra el mandatario «ante el riesgo real de que fugue del país». Hasta el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto.

“El denunciado, señor Luis Alberto Arce Catacora, padre de mi hijo, ha anunciado que no asistirá a la transmisión de mando, eso genera una alta susceptibilidad, ya que existe la posibilidad de que abandone el país, sin retorno, por ello estoy solicitando formalmente a la Fiscalía que se active inmediatamente una alerta migratoria”, declaró Lafuente a los medios.

La mujer volvió a exigir que Arce responda ante la justicia “por todos los delitos que ha cometido”. La semana pasada, Lafuente viajó a La Paz, se presentó en la Casa Grande del Pueblo y denunció que el presidente se niega a someterse a una prueba de ADN para confirmar la paternidad, “señalando motivos de esterilidad”.

“Según él, no puede procrear hijos y por ese motivo no quiere someterse a una prueba que ha sido instruida por una autoridad del Ministerio Público”, añadió la afectada.
Este lunes, Lafuente reafirmó que “la probabilidad de que se fugue del país es aún más alta, considerando que está obstaculizando la averiguación de la verdad dentro de este proceso”.

“Ha indicado que no se va a someter a la prueba de ADN, se ha resistido en tres oportunidades. No sólo está evadiendo la justicia, sino que está obstruyendo y obstaculizando el trabajo de las autoridades del Ministerio Público”, reclamó, y agregó que Arce rehúye al test “porque sabe que saldrá positivo, porque él es el padre”.

En septiembre, Lafuente denunció a Arce por presunto abandono de mujer embarazada, alegando que su relación sentimental comenzó en 2023 y que fruto de ella tuvo un hijo, a quien “dejó en total abandono durante todo el embarazo”. En respuesta, Arce se presentó en la Fiscalía de Cochabamba, pero se abstuvo de declarar y afirmó que no había recibido notificaciones formales del caso, enterándose “por los medios de comunicación” de la demanda.

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Daynor Choque, afirmó este lunes que la producción de hoja de coca en los Yungas de La Paz se realiza conforme a la ley y respetando las normas nacionales e internacionales. Explicó que, aunque el sector aún evalúa la presencia de la DEA de Estados Unidos, esta no representa un problema para los cultivadores de la zona.

En declaraciones a radio Éxito, Choque indicó que, según los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más del 98% de la hoja de coca producida en los Yungas se destina al comercio legal, abarcando el consumo interno, el pijcheo y su venta en diversas regiones bolivianas.

Precisó además que este producto cruza fronteras hacia Chile, Brasil, Argentina y Perú, siempre respetando la Ley General de la Hoja de Coca y pasando por los controles oficiales establecidos.
“Nosotros cumplimos con la ley general de la hoja de coca, se cumple y de la misma manera el producto cumple porque nosotros producimos, cultivamos la hoja de coca, posteriormente, la transportamos, la comercializamos, pasamos por los puestos de control razón por la cual los informes de Naciones Unidas cada año indica que la hoja de coca de los Yungas va a la comercialización, de otros sectores no puedo hablar pero entendemos que van a cosas ilícitas”, aseguró Choque.

El dirigente resaltó que Adepcoca mantiene un monitoreo continuo sobre la producción, transporte y comercialización de la hoja de coca para garantizar el respeto a la normativa vigente y asegurar que el producto llegue al mercado legal.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que el presidente electo Rodrigo Paz anunció que promoverá una cooperación activa con organismos internacionales, incluida la DEA, con el fin de fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Paz subrayó que la colaboración internacional será una política de Estado, y enfatizó la presencia de todas las instituciones que combaten actividades ilícitas en Bolivia, promoviendo transparencia y fortalecimiento institucional.

Choque coincidió en que la legalidad y transparencia del sector de los Yungas será clave para coordinar esfuerzos internacionales sin perjudicar a los productores responsables y destacó que Adepcoca sigue realizando evaluaciones internas sobre cómo la interacción con agencias extranjeras impacta en la región.

Las autoridades policiales comenzaron una investigación detallada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Fernando Lea Plaza Aliaga, exjuez procesado en el caso Consorcio Judicial. El director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Walter Sossa Rivera, confirmó que los primeros indicios sugieren que el exmagistrado atentó contra su propia vida, aunque las pesquisas permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

“La existencia de un cadáver en la zona de Alto Irpavi (La Paz), a las tres de la mañana aproximadamente había ocurrido este hecho, el personal se ha constituido inmediatamente en este lugar, el equipo multidisciplinario ha iniciado las acciones de identificación y el cadáver ha sido identificado como el señor Fernando Lea Plaza Aliaga de 46 años de edad”, detalló Sossa en su informe a los medios.

El examen médico externo realizado en el sitio del suceso reveló pruebas que respaldan la hipótesis del suicidio. Los peritos hallaron “un surco equimótico de 34 centímetros por 1.5 de ancho” junto a la presencia de “pulpejos, lóbulos, labios cianóticos” y señalaron que “no existían aparentes signos de violencia física” que indicaran la intervención de terceros.

La escena fue analizada exhaustivamente por un equipo multidisciplinario de la FELCC, el Instituto de Investigaciones Forenses y el IDCUP de la Policía Boliviana. Entre las evidencias recolectadas estuvieron “una cuerda de color verde cruzada que era el elemento constrictor, un taladro marca hinto de color amarillo con el que hizo un orificio en la viga del techo”, además de dos celulares, un estilete y un cuaderno celeste que podría contener información relevante.

La autopsia llevada a cabo por tres médicos forenses estableció que la causa de muerte fue “asfixia cerebral con presión cervical externa, asfixia mecánica compatible con la horcadura”, lo que confirma la hipótesis del suicidio. Los especialistas aseguraron que el exjuez “no presentaba signos de violencia física por terceras personas”, descartándose hasta ahora una participación externa en el deceso.

Mientras la investigación sigue en curso, la defensa del exmagistrado presentó una versión distinta. La abogada Zuleika Lanza sostuvo que Lea Plaza habría sido víctima de torturas y persecución durante su reclusión en el penal de San Pedro y responsabilizó a exautoridades del Ministerio de Justicia y del Órgano Judicial por su muerte.

El caso ‘Consorcio Judicial’, que involucra a jueces, fiscales y exautoridades del sistema de justicia boliviano, pierde así a uno de sus principales procesados en circunstancias que aún están bajo investigación.

El sábado, el Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, entregó 195 toneladas de ayuda humanitaria a 6.715 familias que resultaron afectadas por condiciones climáticas adversas en 13 municipios del departamento de La Paz. La asistencia incluye bolsas de fideos, azúcar, arroz y harina, con una inversión total de Bs 2.612.453,00.

Los municipios beneficiarios son Curva, San Andrés de Machaca, Desaguadero, Calacoto, Ichoca, Chuma, Chacarrilla, Guanay, Coroico, San Pedro de Tiquina, Achacachi, Taraco y Ayata.
La entrega contó con la presencia de alcaldes, autoridades originarias, campesinas y representantes de las comunidades afectadas.

El propósito del Viceministerio de Defensa Civil es «evitar la pérdida de vidas humanas y prestar atención y auxilio oportuno a las poblaciones afectadas por desastres naturales y antrópicos.»
Esta iniciativa forma parte del desarrollo nacional y promueve un esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad para enfrentar las emergencias que se presentan en el país.