Quispe advirtió que el precio de mercado no debe aplicarse al servicio público, sino únicamente a las empresas que necesiten ese combustible.
“Que lo hagan, pero sin tocar el servicio público”, sostuvo el dirigente, según informó Erbol.
Enfatizó que el transporte público no aceptará un aumento en el precio del combustible.

En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó la «Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia», que permite temporalmente la importación privada de combustibles para asegurar el suministro en el país. Esta norma, sancionada en la última sesión del periodo constitucional 2020-2025, establece un régimen excepcional de tres meses que autoriza a personas naturales o jurídicas a importar diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP), bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe mantener la provisión prioritaria estatal y comunicar con anticipación su capacidad de abastecimiento. Si no cubre el 100% de la demanda, los privados podrán importar o comprar combustible a precio diferenciado y bajo libre competencia.

La ANH será responsable de otorgar la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) a través de una ventanilla digital única, con un plazo máximo de 48 horas hábiles para emitir respuesta; de no hacerlo, aplicará el principio de silencio positivo.

Las importaciones bajo este régimen estarán exentas del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las estaciones de servicio podrán comprar combustible a importadores autorizados o importar directamente desde frontera, con un límite de hasta 19.900 litros de diésel por operación.

Para garantizar transparencia, la ANH implementará un sistema de control con monitoreo GPS en tiempo real, publicará diariamente datos de importación y fiscalizará la calidad del combustible. Las infracciones como acaparamiento, adulteración o especulación serán sancionadas con multas, suspensión de licencias y posibles denuncias penales.

La ley busca garantizar el abastecimiento nacional ante posibles emergencias y tendrá una vigencia excepcional de tres meses desde su promulgación.

Luego de asumir como vicepresidente del Estado, Edman Lara tendrá como primera responsabilidad constitucional tomar el juramento del presidente electo Rodrigo Paz, durante la ceremonia programada para el 8 de noviembre en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proceso de transmisión de mando ya está en marcha y es coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores junto a una comisión del presidente electo.

El numeral dos del artículo 161 de la Constitución Política del Estado establece que las cámaras de Diputados y Senadores se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para “recibir el juramento de la Presidenta o del Presidente del Estado y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado”.

En declaraciones a radio Fides, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que el presidente o presidenta del Senado juramentará a Lara como vicepresidente, y luego él, en su calidad de presidente nato de la Asamblea, tomará el juramento a Paz, además de imponerle la banda y medalla presidencial.

“Quien coloca la banda presidencial, desde hace muchos años y periodos de gobierno es el vicepresidente, que ya en ese momento va a estar ejerciendo como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, indicó la ministra.

“En este caso va a ser el vicepresidente Edman Lara, quien en su momento, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, invita a pasar al presidente electo para los actos correspondientes, entre ellos el colocado de la banda presidencial”, explicó.

Paz y Lara ganaron la primera vuelta de las elecciones generales el 17 de agosto con 1.717.532 votos (32,06%) y el balotaje presidencial con 3.519.534 votos (54,96%).

Las sesiones preparatorias para conformar las directivas de las cámaras de Diputados y Senadores se realizarán por separado a inicios de noviembre, previo al inicio del nuevo periodo constitucional.

El vicepresidente electo Edman Lara lanzó un contundente mensaje en un video compartido en sus redes sociales, donde dejó claro su rechazo a la corrupción y al mal uso de su nombre para obtener beneficios económicos.

“No voy a permitir que le roben al pueblo, la plata del pueblo es sagrada. A quién levante mi nombre para sacarle plata a la gente, voy a ser el primero en denunciarlo”, afirmó Lara en la grabación, responsabilizando a quienes intenten dañar a la ciudadanía utilizando su reputación.

En ese mismo mensaje, expresó su apoyo a la denuncia hecha por Rodrigo Paz contra Gilberto Hurtado, acusado de ofrecer cargos haciéndose pasar por miembros del PDC. “Aplaudo lo que hizo Rodrigo Paz, denunció a ese tal Hurtado que usó su nombre para hacernos quedar mal”, señaló el vicepresidente electo, enfatizando la importancia de combatir estas prácticas.

Lara concluyó su intervención con una advertencia firme ante la intimidación y acusaciones sin fundamento: “A mí nadie me va a callar, yo dije que si no estaba cumpliendo, que me cuelguen”. Con esto, reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En los próximos días, el presidente Luis Arce y su equipo entregarán simultáneamente 800 obras en diversas regiones de Bolivia, alcanzando cerca de 70.000 proyectos entregados en casi cinco años de gestión.

El anuncio fue hecho durante la inauguración del primer Complejo de Aprovechamiento y Gestión de Residuos Sólidos en la comunidad de Bajo Milluni, en la ciudad de El Alto.

“Hemos tenido que estar entregando las obras de 200 en 200 y pronto vamos a tener que tener que hacer una última entrega de 800 obras, y con eso habríamos entregado todas las obras, cerca de 70.000 que estamos entregando en todo el país para toda Bolivia, en estos cinco años”, destacó.

Arce aseguró que trabajará hasta el último día de su mandato para atender las necesidades del pueblo boliviano y cumplir el compromiso asumido al jurar como presidente el 8 de noviembre de 2020.
“La conciencia está tranquila, hemos trabajado, no hemos lagarteado, hemos trabajado arduamente y estamos contentos porque el resultado se ve”, afirmó.

Esta será la quinta entrega de obras tras aquellas realizadas el 1 de agosto, el 5 y 25 de septiembre y el 10 de octubre, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia.

El 1 de agosto, Arce inauguró en Viacha, cerca de La Paz, la Planta Procesadora de Derivados de Cereales y Almendras, dando comienzo a una jornada maratónica con 200 obras.

El 5 de septiembre visitó Santa Rosa de Yacuma, Beni, para inaugurar una carretera de 508 kilómetros entre Rurrenabaque y Riberalta, además de entregar viviendas sociales y radiobases, como parte de un paquete de 200 obras.

El 25 de septiembre, el vicepresidente David Choquehuanca inició la entrega en La Paz del Proyecto Electrificación Urbanización Comunidad Originaria Achachicala Sullca Mallku, desarrollado por la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A., empresa boliviana administrada por ENDE Corporación.

El 10 de octubre, en Uyuni, Arce dio inicio a otra jornada para entregar un nuevo paquete de 200 obras, sumando así 800 proyectos en beneficio de la población y en homenaje al Bicentenario de Bolivia.

Durante la inauguración del complejo de residuos, Arce explicó que estas obras se ejecutaron a pesar del sabotaje de la Asamblea Legislativa, que desde 2023 frenó la aprobación de créditos, afectando la disponibilidad de divisas y la importación de combustible.

Sin embargo, tras las elecciones y el balotaje de octubre, ambas cámaras aprobaron al menos 10 préstamos internacionales por $us 861 millones.

“¿Y qué decían los asambleístas? Que no (se aprobaría), que estábamos sobre endeudándonos, todos los pretextos, pero miren ustedes, en dos días, cuatro proyectos de endeudamiento están aprobando para carreteras, están aprobando en dos horas 14 proyectos. Miren ustedes lo que está haciendo la Asamblea, lo que demuestra el sabotaje y el boicot al que hemos sido sometidos como gobierno nacional”, reprochó el Presidente.

No obstante, aseguró que cada vez que se entregan obras como el primer Complejo de Aprovechamiento y Gestión de Residuos Sólidos, se vence “el boicot y el sabotaje” y queda en evidencia que se trabaja “por el pueblo boliviano, pese a todo”.

La Sala Penal Tercera decidió cerrar el caso contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, quien era investigado por presunta violencia familiar, según informó la fiscal Jessica Echeverría.

“Tanto en esa (anterior) audiencia que no se instaló, como la audiencia (de) hoy, la víctima ha vuelto a insistir que no quiere que se insista en el proceso. Levantamos la mano, lo dimos todos. (Se ha cerrado el caso) Eso es lo que han indicado los vocales”, declaró la fiscal, citada por Unitel.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia presentada por M. C. C. B., que luego retiró la demanda; sin embargo, la Fiscalía de Santa Cruz continuó con el proceso de oficio hasta este momento, cuando la víctima solicitó nuevamente, a través de sus abogados, la suspensión del caso tras haber alcanzado una conciliación.

El 17 de octubre, Arce Mosqueira acudió ante las autoridades para declarar en relación con el caso, de acuerdo con el reporte fiscal.

Echeverría aseguró que hicieron todo lo posible, pero la víctima insistió en no proseguir con el proceso, por lo que los vocales de la sala judicial resolvieron cerrar el caso. No obstante, la fiscal aclaró que el caso podría reabrirse si la víctima decide solicitarlo.

El activista tiktoker y ex candidato a diputado por la Alianza Libre, Pablo Quispe, acudió este viernes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para declarar como testigo en una denuncia presentada por el presidente electo Rodrigo Paz, que involucra un caso de ofrecimiento de cargos.

Quispe manifestó que apoya la decisión de denunciar el caso ante la Fiscalía, pero advirtió que no se debería crear un precedente donde un creador de contenido o prensa pueda ser parte de un proceso legal solo por denunciar un hecho.

Durante la campaña electoral, Quispe viralizó un video en el que un hombre identificado como Gilberto Hurtado se presenta como responsable de recaudaciones del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en La Paz, asegura conocer a Paz y ofrece cargos.

En su declaración, aclaró que él no grabó ni estuvo presente cuando se hizo el video, sino que simplemente lo encontró y compartió en sus redes sociales para ayudar a esclarecer el caso.
Rodrigo Paz ha advertido que cualquier persona que actúe a su nombre o en representación del PDC ofreciendo cargos o solicitando pagos enfrentará un juicio penal.

Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, declaró el viernes que no considera “necesario” que la Administración de Control de Drogas (DEA) regrese a Bolivia. Señaló que en los últimos años los países de la región valoraron positivamente los esfuerzos bolivianos en la lucha contra el narcotráfico.

Del Castillo destacó que Bolivia ha logrado importantes resultados en este campo y mencionó la propuesta de creación de la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos. Además, criticó que mientras la DEA operó en Bolivia se criminalizó a los productores de hoja de coca.

“Distintos países de la región, en materia de lucha contra el narcotráfico, lamentablemente no han visto con buenos ojos el trabajo realizado dentro del territorio nacional, porque mientras ellos estuvieron operando en Bolivia hubo una criminalización de los productores de hoja de coca. Por tanto, creo que los resultados exitosos que tuvo el país en los últimos años hablan por sí solos”, afirmó.