Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia con una promesa clara: transformar el modelo económico y devolverle protagonismo a la ciudadanía. Tras ganar el primer balotaje de la historia democrática del país, Paz insiste en que su enfoque no responde a etiquetas ideológicas tradicionales. “No se trata de izquierda o derecha, sino de sentido común”, afirma. Su visión apunta a una economía que empodere a los bolivianos, con menos burocracia estatal y más oportunidades para emprender y crecer.

La crisis energética que enfrenta Bolivia será uno de los primeros desafíos de su gestión. Con reservas de combustible en mínimos históricos y escasez de divisas para importar, Paz ha iniciado negociaciones con países vecinos para garantizar el suministro. Su estrategia incluye pagos diferidos y medidas para recuperar la confianza internacional. “Si damos seguridad jurídica, la inversión llegará”, asegura, subrayando que Bolivia debe dejar de depender de recursos que ya no están y comenzar a construir un modelo productivo propio.

En temas sociales y de seguridad, Paz se muestra firme pero pragmático. Reconoce la necesidad de reformar el sistema judicial para que proteja a las víctimas y no se preste a la corrupción. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, promete cooperación plena con organismos internacionales y países fronterizos. Además, destaca el papel de los jóvenes en su campaña y apuesta por una meritocracia real en su gabinete. “Lo importante no es el género, sino la capacidad”, concluye, marcando el inicio de una nueva etapa política en Bolivia.

Brenda Lafuente denunció este miércoles que el presidente saliente, Luis Arce, se rehúsa a someterse a la prueba de ADN que confirmaría su paternidad y solicitó a los mandatarios electos, Rodrigo Paz y Edmand Lara, que garanticen que el caso no quede en la impunidad.

La exfuncionaria de la AJAM acudió a la Casa Grande del Pueblo para notificar formalmente al mandatario y exigir que cumpla con sus obligaciones de asistencia familiar, en el marco de un proceso iniciado en septiembre por el delito de abandono de mujer embarazada.

Según Lafuente, Arce no se presentó en dos ocasiones a las reprogramaciones para realizar la prueba y, en una tercera oportunidad, presentó un memorial negándose al estudio, respaldándose en un certificado médico que presuntamente acredita una “situación de esterilidad” que le impediría tener hijos.

En este sentido, Lafuente pidió a Paz y Lara que el caso sea atendido y que no se repita la impunidad que, según señala, se ha dado en otros procesos relacionados con los hijos de Arce.

“Me quiero dirigir, con mucho respeto, al señor Rodrigo Paz y al señor Edman Lara, son el presidente y el vicepresidente electos de Bolivia. Señores, les ruego, les suplico por favor que en este caso no se permita impunidad. Yo sé que el padre de mi hijo es la persona más poderosa del país, pero yo les pido, como madre y como mujer, que no se permita una situación de impunidad donde este señor quede ileso de los delitos que ha cometido en contra mía y en contra de su hijo que está aquí en mis brazos”, exhortó Lafuente.

La denunciante también advirtió que Arce podría estar intentando conseguir certificados médicos falsos para evadir la prueba de ADN y continuar eludiendo sus responsabilidades legales.

Con el objetivo de mejorar la atención en la Seguridad Social de Corto Plazo (SSCP), la directora General Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), Dra. Melisa Viviana Bress Virgos, presentó este miércoles dos normativas junto con el Sistema Informático de Monitorización de Abastecimiento de Medicamentos (SISFAR-ASUSS).

El primero fue el Manual Técnico para la Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) en la SSCP, que busca establecer lineamientos para la vigilancia epidemiológica y control de dichas infecciones, con especial foco en establecimientos de segundo y tercer nivel, según explicó la Dra. Tania Vacaflores, responsable de Epidemiología y Bioestadística de la ASUSS.

El segundo documento es el Reglamento para el Comité Nacional, Departamental y de Establecimiento de Salud encargado de la Vigilancia y Reducción de la Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal en la SSCP, el cual define las directrices para la organización y funcionamiento de estos comités, promoviendo la coordinación entre distintos niveles de gestión y atención, a cargo de la Dra. Mabel Consuelo Huanca Ángelo, jefa de la Unidad de Fiscalización y Auditoría Médica.

El SISFAR-ASUSS fue presentado por el Dr. Renton Ticona, Jefe de Unidad y Acreditación de Servicios de Salud de la ASUSS, quien indicó que este sistema cumple con recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La directora de la ASUSS destacó que la presentación de estas normativas es fruto del trabajo colaborativo entre las unidades internas y los diferentes entes gestores de salud, a quienes reconoció como coautores y validadores del proceso normativo. “Estamos orgullosos de decir que como subsistema de la seguridad social hemos avanzado a pasos gigantescos”, afirmó Bress.

Desde el segundo semestre de 2023, la ASUSS emitió 46 normativas relacionadas con la SSCP y tiene otras 16 en proceso, sumando un total de 62 normativas en dos años y medio, además de las 23 emitidas en 2021-2022.

“Este es un logro conjunto y una herramienta para la mejora continua; de nada sirve que estén en papel si no las aplicamos”, añadió la máxima autoridad de la ASUSS.

Por su parte, la asesora de la OPS en Bolivia, Dra. Cecilia Rose, resaltó el papel regulador y supervisor de la ASUSS en el sistema de salud boliviano y el trabajo conjunto para fortalecer los sistemas de información en salud, garantizando calidad y transparencia en la Seguridad Social de Corto Plazo. “La OPS ratifica su apoyo y cooperación técnica para alinear las políticas públicas de la ASUSS con las recomendaciones regionales y así mejorar la salud pública en Bolivia”, concluyó.

El Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que Bolivia todavía está en proceso de combate contra los incendios y ha empezado a enfrentar heladas, granizadas y lluvias en diferentes regiones del país.
En su reporte entregado a los medios, señaló que se han detectado 977 focos de calor a nivel nacional, con 530 en Santa Cruz y 320 en Beni. Aunque la cifra actual es menor que en 2024, cuando se registraron 428,946 focos, hasta octubre de este año se contabilizan 93,653, reflejando una reducción significativa.
El Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos (CCREA) ha atendido 167 incendios forestales y desplegado a 247 bomberos especializados. Además, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Tarija han sufrido heladas y granizadas, con Tarija declarada en situación de desastre departamental y Potosí en emergencia departamental.
En cuanto a las lluvias, La Paz y Potosí han sido las regiones más afectadas, con la lamentable muerte de una niña de diez años que fue arrastrada por las aguas del río Sarcuri mientras regresaba de la escuela a su casa.
El Viceministro detalló la situación en cada departamento y municipio, y destacó los esfuerzos en curso para controlar los incendios y apoyar a las familias damnificadas.

El Viceministro de Defensa Civil señaló que la situación en el municipio de Tipuani, afectado por recientes inundaciones, corresponde a un problema estructural que supera las capacidades de respuesta ante emergencias. “No es un tema de simple emergencia o desastre, es un problema estructural que requiere un análisis minucioso y medidas estructurales, debido a la presencia de actividad minera”, remarcó.

Indicó que el Ministerio de Minería está organizando una reunión interinstitucional con actores sociales, en la que participarán autoridades nacionales, departamentales y municipales, para evaluar los daños y definir las acciones a emprender.

Las inundaciones en Tipuani ocasionaron graves perjuicios a viviendas, comercios y servicios básicos, afectando a numerosas familias que perdieron sus bienes y medios de vida.

El Viceministro enfatizó que este problema es común también en otros municipios próximos a zonas mineras que enfrentan situaciones similares.

La reunión interinstitucional tiene como objetivo encontrar soluciones estructurales que mitiguen los efectos de las inundaciones y prevengan futuros desastres.

Finalmente, hizo un llamado a la cooperación y coordinación de todas las partes implicadas para afrontar este complejo desafío.

María Luisa Herrera, Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, participó en la Sesión Técnica titulada “Prevención de Actividades Ilícitas Ambientales: el Papel de las Comunidades Tradicionales, el Uso de Nuevas Tecnologías y el Rol de las Instituciones Financieras”, realizada en Belem do Pará, Brasil, donde propuso la creación de una Red de Fiscalías Ambientales (RFA) para fortalecer la lucha contra estos delitos.

“Desde el Ministerio Público de Bolivia, liderado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, consideramos que la lucha contra los delitos ambientales debe ser asumida como una obligación ética, jurídica y cultural, alineada a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, que reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos y mandata su defensa como un deber estatal e institucional”, afirmó Herrera durante su intervención.

La sesión formó parte del evento internacional Heads of Prosecution Services Side Event for COP30 de las Naciones Unidas, donde Bolivia propuso la creación de la RFA, una plataforma de cooperación regional que busca fortalecer la articulación entre fiscalías, pueblos indígenas, organismos ambientales y entidades financieras. Esta iniciativa pretende integrar mecanismos como alertas comunitarias, monitoreo satelital y trazabilidad financiera para ofrecer un modelo de investigación y prevención más efectivo frente a la criminalidad ambiental transnacional.

También se presentaron los avances tecnológicos impulsados por el Ministerio Público con el Ecosistema ROMA, una plataforma digital integral para el seguimiento de causas penales, que está siendo adaptada para abordar delitos ambientales como minería ilegal, tráfico de madera y contaminación de fuentes hídricas, mediante herramientas como la interoperabilidad con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

El encuentro reunió a autoridades de alto nivel de Ministerios Públicos de América Latina y otros países invitados como Brasil, Chile, China, Colombia y Uruguay, quienes compartieron experiencias sobre el manejo jurídico y técnico de los delitos ambientales y debatieron los retos globales de la justicia penal frente a estos crímenes, buscando promover alianzas estratégicas para proteger los ecosistemas y las comunidades más vulnerables.

En el contexto del proceso de transición de gobierno, el Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, subrayó la relevancia de completar el plan de crisis climática desarrollado por su viceministerio durante esta gestión.

“Hay un plan general del cual sí se puede rescatar muchísimas cosas”, indicó Calvimontes, resaltando la necesidad de una labor conjunta e interinstitucional para enfrentar los retos climáticos que atraviesa el país.

El viceministro señaló que la crisis climática es un fenómeno global que afecta a todas las naciones, incluyendo a Bolivia, y que por ello es esencial finalizar el plan actual y modificar la Ley 602, que regula las acciones de Defensa Civil, con el fin de mejorar la rapidez en la respuesta a emergencias y desastres.

“Lo que el futuro gobierno tiene que hacer es concluir todo el plan que se tiene y seguramente van a tener tiempo también para elaborar su próximo plan para la siguiente gestión”, afirmó Calvimontes. Además, enfatizó la importancia de cumplir con los pagos pendientes a proveedores y de adquirir insumos necesarios para emergencias.

Finalmente, Calvimontes resaltó la necesidad de un trabajo coordinado para enfrentar los desafíos climáticos y asegurar una atención eficaz en situaciones de emergencia en el país.