El presidente Luis Arce afirmó que, una vez finalizado su mandato, regresará a la docencia universitaria y permanecerá en Bolivia para hacer frente a las acusaciones y “calumnias” dirigidas a él y a su familia.

En una entrevista con la cadena internacional RT, el mandatario indicó que retomará sus clases en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) el 9 de noviembre, un día después de entregar el mando a Rodrigo Paz, manteniendo así su actividad académica durante su gestión.

Arce señaló que permanecerá en el país por razones familiares y para asumir la defensa en los procesos judiciales que se deriven de ciertas denuncias.

También mencionó las acusaciones contra su hijo mayor, Luis Marcelo Arce Mosqueira, realizadas por el diputado Héctor Arce, del bloque de Evo Morales, quien lo acusó de actuar como intermediario entre el Estado y empresas ligadas a proyectos de litio sin ocupar un cargo público, basándose en una grabación difundida recientemente.

“Pensamos que esas acusaciones deben investigarse en las instancias que correspondan. Nosotros nunca hemos metido las manos en la Justicia; que siga su curso normal y legal”, declaró el presidente a la agencia EFE.

Además, aclaró que una vez se compruebe la falsedad de las denuncias, su familia ejercerá el derecho a iniciar acciones legales: “Se ha manchado nuestra imagen y nuestro apellido, y corresponde actuar conforme a la ley”.

El presidente Luis Arce anunció que no asistirá al acto de transmisión de mando presidencial programado para el 8 de noviembre en La Paz. En declaraciones a la agencia EFE, afirmó que su presencia “no es necesaria” para que el proceso se lleve a cabo, aunque aseguró que la transición hacia el nuevo gobierno se realizará con total transparencia. El mandatario saliente cederá el cargo al presidente electo Rodrigo Paz Pereira, quien ganó la segunda vuelta el pasado 19 de octubre.

La decisión de Arce marca un precedente similar al de noviembre de 2020, cuando la entonces presidenta Jeanine Añez tampoco participó en la entrega del bastón presidencial. A pesar de su ausencia, el Gobierno y el equipo de Rodrigo Paz ya han conformado dos comisiones encargadas de coordinar los detalles de la transición. Estas instancias buscan garantizar una entrega de mando institucional y sin contratiempos.

El acto oficial se celebrará en la ciudad de La Paz, descartando la propuesta de realizarlo en Sucre como parte de las actividades conmemorativas del Bicentenario. La determinación ha generado críticas por parte del Comité Cívico de Chuquisaca, que esperaba que la capital constitucional fuera sede del evento. Mientras tanto, el nuevo Ejecutivo se prepara para asumir funciones en medio de expectativas por los desafíos económicos y políticos que enfrentará el país.

El presidente Luis Arce lanzó duras críticas contra el exmandatario Evo Morales, a quien acusó de preparar una estrategia para debilitar al presidente electo Rodrigo Paz. Según Arce, Morales ve en Paz un “blanco fácil” para presionar por impunidad en los procesos judiciales que enfrenta y así allanar su camino hacia una nueva candidatura. El mandatario saliente también confirmó que no asistirá al acto de transmisión de mando, aunque aseguró una transición transparente.

Arce sostuvo que Morales fue el principal actor de la desestabilización durante su gestión, al promover bloqueos y alianzas parlamentarias con la oposición. Afirmó que el exlíder del MAS intentó acortar su mandato desde el inicio y que ahora busca influir en el nuevo gobierno para borrar sus antecedentes judiciales. La Fiscalía de Tarija presentó recientemente una acusación formal contra Morales por trata y tráfico de personas, pero la orden de aprehensión sigue sin ejecutarse.

En cuanto a su legado, Arce destacó avances en proyectos energéticos y de industrialización, como las plantas de biodiésel y los contratos de litio con empresas extranjeras. Sin embargo, reconoció que el país enfrenta una crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustibles. También pidió que el nuevo Parlamento apruebe los acuerdos internacionales y mantenga la estructura del Estado Plurinacional, aunque sugirió reformas como eliminar la elección de magistrados por voto popular.

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) entra en su etapa final y concluirá el 30 de noviembre. Las autoridades exhortan a los conductores a no dejar el trámite para último momento, ya que se prevén largas filas y operativos de control desde el 1 de noviembre. La revisión es obligatoria y busca garantizar que todos los vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad.

En Santa Cruz, se han habilitado 25 puntos fijos de inspección y cinco móviles que recorren provincias para facilitar el acceso. Los conductores que no cumplan con la ITV antes de la fecha límite deberán pagar una multa de Bs 100, además del costo de la roseta: Bs 30 para vehículos particulares y Bs 20 para públicos. Si son detectados en operativos posteriores, el monto total asciende a Bs 130 y Bs 120 respectivamente.

Durante la inspección se verifica el estado de frenos, luces, neumáticos, dirección, además de contar con extintor y botiquín médico. Para realizar el trámite, se requiere presentar el RUAT, cédula de identidad, licencia de conducir, comprobante de pago y la presencia física del vehículo. El pago puede efectuarse en más de una docena de entidades financieras habilitadas en todo el país.

La organización Cuidemos el Voto presentó su informe preliminar sobre el balotaje del 19 de octubre, en el que concluye que no se detectaron irregularidades significativas en el proceso electoral. Según el documento, el conteo rápido realizado por la red ciudadana coincide con los resultados oficiales del Sirepre del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dentro de un margen de error aceptable. Esta coincidencia respalda la legitimidad de la victoria de Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El informe también responde a las denuncias de la Alianza Libre, liderada por Jorge Quiroga, que ha cuestionado la transparencia del proceso y exigido acceso a las actas. Cuidemos el Voto señala que ambos frentes políticos tuvieron acceso a la documentación electoral y que los reportes de incidentes fueron mínimos. De los 160 casos registrados, solo cuatro fueron verificados como intentos de manipulación, sin impacto en el resultado final. La organización destaca que las denuncias representan menos del 0,5% de las mesas habilitadas.

A pesar de que los partidos no autorizaron delegados ciudadanos en esta segunda vuelta, Cuidemos el Voto logró mantener el control electoral mediante una red de voluntarios y el uso de tecnología para recopilar actas y reportes en tiempo real. Con más de 5.000 reportes enviados desde todo el país, la organización reafirma que el proceso fue transparente y que la participación ciudadana fue clave para garantizar la credibilidad del resultado.

El economista Jaime Dunn alertó que Bolivia se encuentra en una encrucijada fiscal que exige decisiones firmes por parte del nuevo Gobierno. Según el analista, el país no puede seguir postergando un ajuste económico profundo, que aunque doloroso, es indispensable para evitar un colapso financiero. Dunn subrayó que el dilema no es si se hará el ajuste, sino cómo se lo ejecutará: de forma planificada o caótica.

Durante una entrevista en el programa La Tarde en Directo de ERBOL, Dunn explicó que las reformas necesarias incluyen cambios en la política cambiaria, ajustes fiscales y la eliminación progresiva de subsidios. Estas medidas, aunque impopulares, son esenciales para recuperar la sostenibilidad macroeconómica. Criticó que los candidatos evitaran discutir estos temas en campaña, pero reconoció que el nuevo gobierno ha dado señales de acción, como asegurar el suministro de combustible tras la transición presidencial.

Dunn también advirtió sobre los efectos inmediatos de una política económica contractiva, como la desaceleración del crecimiento y el riesgo de inflación si se produce una devaluación sin respaldo suficiente. En ese contexto, destacó la importancia de contar con reservas internacionales sólidas para mantener la confianza en el sistema. Finalmente, contrastó su visión liberal de un Estado mínimo con el enfoque del PDC, que propone una descentralización con planificación estatal.

Dionisio Castro, coordinador del Comité de Operaciones Departamental (COED), informó que actualmente hay nueve municipios con declaratoria de desastre vigente por incendios forestales y sequía. Estos municipios son San Ignacio de Velasco, Ascensión de Guarayos, San Antonio de Lomerío, Lagunillas, Puerto Suárez, Kereimba Iyambae, Moro Moro, Charagua Iyambae y Santa Rosa del Sara.

Este martes se redujo a siete el número de incendios activos, cuando el lunes se contabilizaban nueve. Según el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), los incendios activos están en cuatro municipios: San Ignacio de Velasco (3), Concepción (2), Urubichá (1), y Puerto Suárez (1). Actualmente, dos incendios están en combate, tres en observación y dos en monitoreo.

Hasta ahora, la superficie afectada alcanza 229.860 hectáreas, principalmente en San Ignacio, San Matías y Concepción. Además, a través de la Comisión de Biodiversidad se tiene registrado un total de 233 especies vivas, 12 muertas y 35 atendidas.
En cuanto a la asistencia humanitaria, el COED ha entregado más de 32,76 toneladas de ayuda, combinando recursos propios (21,3 toneladas) y donaciones (11,46 toneladas).