El juicio oral por difamación, calumnias e injurias contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo fue suspendido luego de que el juez dispusiera el abandono de la querella presentada por Lourdes Pacheco, quien lo acusaba de daño a su honor y reputación. Según el abogado Frank Campero, su cliente no pudo conectarse a la audiencia virtual programada para las 09:00 desde el penal de San Pedro, donde Murillo cumple detención preventiva, y presentará el justificativo correspondiente.

“Esto se tiene que justificar en las próximas horas y obviamente vamos a justificar la misma para la prosecución de esta audiencia ya que la señora Lourdes Pacheco en su condición de mujer, debido a un delicado estado de salud no ha podido conectarse de manera específica”, explicó Campero.

La querella se originó en 2020, cuando Murillo, como ministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Áñez, implicó públicamente a Pacheco como supuesta secuestradora de la bebé Samantha, información que posteriormente fue desmentida. Murillo emitió disculpas públicas admitiendo que Pacheco no estaba vinculada al caso.
Con la reactivación del juicio, Pacheco buscaba no solo la sanción penal, sino también una compensación económica de 1 millón de dólares por daños a su imagen.

El hombre que fue encontrado sin vida flotando en un río del municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, fue identificado por las autoridades como Samuel Guardia Villaroel, de 39 años, oriundo de Punata, según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras las primeras investigaciones.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento, y no se encontraron signos de violencia externa en el cuerpo, aunque la víctima tenía las manos encadenadas. Los investigadores no descartan que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente desde otro lugar antes de ser hallado.

El cadáver fue descubierto por un grupo de bañistas que alertó a la Policía al ver que algo flotaba entre los troncos. Tras el levantamiento legal, el cuerpo fue trasladado a la morgue del trópico, donde esperaba sin ser reclamado, ya que la familia no reportó su desaparición.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer cómo el hombre llegó al agua encadenado, para determinar si fue un accidente, un crimen o una acción posterior a su fallecimiento.

Durante la madrugada de este viernes, la Policía boliviana llevó a cabo operativos en La Paz y El Alto que resultaron en la detención de 311 personas por incumplir el auto de buen gobierno, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la previa de las elecciones generales del domingo.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunter Agudo, detalló que 133 de los detenidos corresponden a La Paz y 178 a El Alto, incluyendo entre ellos a 29 extranjeros. Estas detenciones se realizaron como parte de un riguroso control para asegurar que se respeten las normas establecidas en este periodo electoral.

Agudo destacó que la prohibición vigente no solo alcanza al expendio y consumo de alcohol en domicilios particulares, bares, restaurantes y discotecas, sino que también incluye la prohibición del porte de armas de fuego y objetos punzocortantes.

Las autoridades han reiterado que estas medidas buscan garantizar la seguridad ciudadana y evitar cualquier incidente que pueda perturbar la paz en los días previos a la segunda vuelta electoral. Así, se busca un entorno de tranquilidad para el desarrollo pacífico del proceso democrático.

El vicepresidente del directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Juan Oscar Rafael Alfaro Lara, fue hallado sin vida el jueves 16 de octubre en su domicilio en La Paz, tras haber sido reportado como desaparecido por varios días. La alerta fue dada por la dueña de la vivienda, quien notó que Alfaro no salía de su habitación y avisó a las autoridades.

La autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses determinó que la causa del fallecimiento fue un “traumatismo cráneo encefálico cerrado”, según informó el fiscal Gustavo Chambi. Aunque no se encontraron signos de agresión en otras partes del cuerpo, las investigaciones continúan para establecer si el golpe fue producto de una caída accidental o si hubo intervención de terceros.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso. El fiscal Chambi indicó que se analizarán todos los elementos disponibles, incluyendo testimonios y peritajes, para determinar si se trató de un hecho fortuito o si existe responsabilidad penal en el caso.

Bolivia se encuentra en la recta final para celebrar el primer balotaje presidencial de su historia, y el proceso está siendo seguido con atención por más de 200 observadores internacionales. Diecinueve misiones de observación ya están desplegadas en el país, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que han enviado especialistas para monitorear cada etapa de la jornada electoral del domingo.

La Misión de Observación Electoral de la OEA cuenta con 83 expertos distribuidos en los nueve departamentos, mientras que la UE ha desplegado más de 120 observadores, divididos en equipos de dos personas, para realizar un seguimiento técnico y neutral del proceso. Estas delegaciones se han reunido con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer los detalles logísticos y operativos del balotaje, además de compartir recomendaciones para fortalecer la transparencia.

Los observadores estarán presentes desde la instalación de mesas hasta el cierre y conteo de votos, incluyendo la transmisión de resultados. Además, algunas misiones cubrirán el voto en el exterior. El presidente del TSE, Óscar Hassenteuffel, destacó que este acompañamiento internacional brinda confianza a la ciudadanía y refuerza la legitimidad del proceso electoral en un contexto de alta expectativa democrática.

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, fue aprehendido en Santa Cruz de la Sierra tras presentarse a declarar por un proceso de violencia familiar y doméstica. Pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y permanece bajo custodia policial mientras se define su situación jurídica.

La fiscal Jessica Echeverría presentó una imputación formal y solicitó su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola. La aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida el 20 de septiembre, y se prevé que la audiencia cautelar se realice en el transcurso de este viernes. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, indicó que también se activó el sello rojo de Interpol en este caso.

Aunque la denuncia fue retirada por la denunciante, Mary C. C. B., la Fiscalía decidió continuar el proceso de oficio. Las autoridades señalaron que el seguimiento del caso responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley, independientemente del vínculo familiar del acusado con el presidente del país.

Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos en la segunda vuelta electoral, la Defensoría del Pueblo activó este viernes el Centro Defensorial de Monitoreo Electoral. Este sistema contará con 900 observadores —700 voluntarios y 200 funcionarios— distribuidos en todo el país, quienes reportarán en tiempo real cualquier incidente, discurso de odio o vulneración de derechos durante la jornada del domingo 19 de octubre.

El centro de monitoreo, ubicado en La Paz, recibirá información desde los 21 puntos regionales y departamentales de la Defensoría. A través de una plataforma digital, los equipos registrarán datos sobre la instalación de mesas, accesibilidad, presencia de jurados, y posibles actos de discriminación o violencia. Además, se habilitó una aplicación móvil para que los observadores puedan subir denuncias georreferenciadas, lo que permitirá identificar zonas críticas y tomar medidas correctivas.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, destacó que esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y prevenir conflictos en un contexto político polarizado. La institución emitirá dos informes públicos el domingo: uno al mediodía y otro al cierre de la jornada, con el resumen de incidencias. Callisaya invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea gratuita 800 10 8004 o directamente con los funcionarios defensoriales presentes en los recintos electorales.

La escasez de diésel y gasolina ha puesto en emergencia al Comité Multisectorial, y los gremialistas advierten que esta situación está generando un efecto dominó en la economía popular. César Gonzáles, dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, explicó que el alza en los precios del transporte encarece los productos, afectando tanto a mayoristas como al consumidor final. La falta de insumos y divisas también impide que los productos lleguen desde sus zonas de origen, paralizando la cadena productiva.

Gonzáles lamentó que el poder adquisitivo de la población se ha reducido drásticamente, lo que ha provocado una caída en las ventas. La gente prioriza la compra de alimentos básicos y deja de lado productos como ropa o artículos que pueden ser reparados. Esta contracción del consumo ha obligado a muchos comerciantes a reducir personal, trabajando solo con familiares, mientras otros se ven forzados a salir a las calles para buscar ingresos ante el desempleo creciente.

El dirigente gremial subrayó que el número de vendedores informales ha aumentado visiblemente en las ciudades, como reflejo de la crisis económica. Reiteró que el Estado debe garantizar el suministro de energía, gas y combustibles para evitar un colapso mayor. La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia convocó a un ampliado el próximo lunes 27 de octubre para definir medidas frente a esta situación crítica.

En un operativo conjunto entre la Superintendencia y la Guardia Municipal de El Alto, fueron decomisadas más de 2.800 unidades de detergentes y jabones sin registro sanitario ni certificado de importación en el mercado mayorista de la zona 12 de Octubre de El Alto. También se detectaron lácteos, cigarrillos y cervezas sin la aprobación sanitaria necesaria, lo que representa un riesgo para la salud pública y afecta la economía formal del municipio.

Uno de los responsables del operativo señaló: «Estos resultados confirman la magnitud del contrabando y la falsificación en artículos de primera necesidad como detergentes y jabones. Estamos frente a cadenas paralelas de distribución que afectan la seguridad del consumidor y la sostenibilidad de empresas legalmente establecidas».

Durante el operativo, se intervinieron 95 puntos de venta donde se identificaron productos ilegales que ponen en peligro la salud pública y dañan a las empresas legales. En los últimos años, la oferta de productos de limpieza, alimentos y bebidas falsificados que imitan marcas reconocidas ha aumentado considerablemente. Estos productos suelen presentar etiquetas mal impresas, sin fecha de vencimiento, registro sanitario ni instrucciones claras.

Las autoridades indicaron que el consumidor boliviano es el principal perjudicado, ya que, en busca de ahorro, adquiere productos inseguros que pueden causar daños en el hogar y no cuentan con garantía ni posibilidad de reclamo.

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los artículos falsificados pueden contener ingredientes tóxicos que generan irritaciones en la piel y ojos, reacciones alérgicas e incluso problemas respiratorios por inhalación de gases o residuos químicos volátiles.