El dirigente del transporte libre, Limbert Tancara, informó este viernes que su sector aún espera los resultados de los análisis de laboratorio sobre el combustible supuestamente adulterado que dañó varios vehículos del sector. “Hemos presentado (las muestras) a la universidad, pero lamentablemente hasta la fecha no tenemos respuesta, vamos a ser pacientes, más allá de eso hemos presentado la denuncia correspondiente mediante Odeco (Oficina de Atención al Consumidor) a la ANH para el resarcimiento de nuestros compañeros”, explicó.

Tancara aclaró que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estaba encargada del procesamiento de las muestras, pero todavía no han recibido resultados definitivos, por lo que consideran trasladar las muestras a PetroPerú para un nuevo análisis.

El dirigente señaló que, aunque inicialmente se reportaron 300 vehículos afectados, muchos choferes no cuentan con factura o recibos por reparaciones debido a la informalidad en los talleres, lo que complica la presentación formal de reclamos.
Hasta ahora, 25 choferes han ingresado denuncias en la primera ronda, y el sector aguardará la respuesta de las autoridades para obtener el resarcimiento correspondiente por los daños sufridos.

La madrugada de este viernes, la Alcaldía de La Paz llevó a cabo un operativo masivo en varios macrodistritos de la ciudad, resultando en la clausura de 97 establecimientos, entre bares, discotecas, karaokes, licorerías y restaurantes, por incumplir el Auto de Buen Gobierno emitido por la Gobernación de La Paz.

Erik Millares, secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, explicó que estas acciones buscan asegurar el orden público y la tranquilidad de la población de cara a la segunda vuelta electoral del domingo 19 de octubre. “Lo principal es que las licorerías hemos logrado hacer cerrar. El apoyo de la Intendencia ha sido significativo, también estamos con la Defensoría para cualquier eventualidad”, comentó durante un recorrido nocturno.

Según el reporte oficial de la Dirección de Seguridad Ciudadana, los cierres se distribuyeron en seis macrodistritos: Cotahuma (23), Max Paredes (12), Periférica (16), San Antonio (20), Centro (16) y la zona Sur (10), sumando un total de 97 locales sancionados por venta y consumo de alcohol prohibidos en este periodo.

Además del cierre de los locales, la Intendencia Municipal confiscó gran cantidad de bebidas alcohólicas durante las intervenciones que se realizaron en zonas clave como Cota Cota, Chasquipampa, Achumani, Irpavi, San Pedro, Villa Copacabana, Pampahasi, Villa Fátima, La Merced, Agua de la Vida y avenida Buenos Aires. Participaron en estas acciones la Intendencia, Guardia Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y las subalcaldías.

Las autoridades recordaron que el Auto de Buen Gobierno prohíbe la venta y consumo de alcohol, así como la realización de reuniones sociales y eventos masivos en todo el municipio desde las 00:00 horas del viernes hasta el mediodía del lunes, para garantizar el orden y la seguridad durante el proceso electoral.

En respuesta a recientes denuncias de estafas mediante códigos QR, la Policía llevó a cabo un operativo y seguimiento que permitió identificar como principal sospechoso a un interno del penal de Palmasola, en Santa Cruz. El reo, identificado como Miguel Ángel Saavedra Véliz, fue encontrado en posesión de más de 10 teléfonos celulares.

Según las investigaciones, uno de los números de WhatsApp, que fue clonado, enviaba códigos QR supuestamente asociados a Saavedra Véliz, quien hasta entonces no había sido identificado. Las indagaciones realizadas por la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y la División Económico-Financiero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron confirmar que Saavedra Véliz estaba recluido en el PC7.

Durante una intervención y requisa en el interior del penal, las autoridades hallaron al menos 12 celulares en poder del interno, desde donde presuntamente se efectuaban las estafas a diversas víctimas. Aún se desconoce el modo exacto en que Saavedra operaba dentro de la cárcel o si contaba con apoyo de otros reclusos o personas externas, por lo que las investigaciones continúan abiertas.
La Fiscalía y la Felcc trabajan para esclarecer los detalles de esta compleja manipulación informática que afectó a varias personas.

El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Juan Óscar Alfaro Lara, vicepresidente de Entel, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el jueves en la habitación que ocupaba en La Paz, entre las avenidas 20 de Octubre y J.J. Pérez.

El fiscal Gustavo Chambi informó que la autopsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo encefálico cerrado, es decir, un golpe en la cabeza. Sin embargo, aún se estudia si esta lesión se debió a una caída accidental o a una agresión física. “Estamos investigando si la muerte del señor Alfaro se debió a la intervención de otra persona o si fue producto de un accidente”, señaló Chambi, quien agregó que no se encontraron otros signos de violencia en el cuerpo.

La propietaria del inmueble donde Alfaro vivía alertó a las autoridades al notar que el funcionario no salía de su habitación desde hacía varios días. El director departamental de la FELCC, Walter Neme, indicó que la data de muerte del exfuncionario fue aproximadamente de tres días y mencionó que Alfaro padecía pancreatitis aguda y sufrió una broncoaspiración.

Con una amplia trayectoria en la administración pública, Alfaro trabajó en instituciones como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Vicepresidencia del Estado y Entel. La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar si su fallecimiento fue consecuencia de un hecho violento o un accidente doméstico.

El juicio oral por difamación, calumnias e injurias contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo fue suspendido luego de que el juez dispusiera el abandono de la querella presentada por Lourdes Pacheco, quien lo acusaba de daño a su honor y reputación. Según el abogado Frank Campero, su cliente no pudo conectarse a la audiencia virtual programada para las 09:00 desde el penal de San Pedro, donde Murillo cumple detención preventiva, y presentará el justificativo correspondiente.

“Esto se tiene que justificar en las próximas horas y obviamente vamos a justificar la misma para la prosecución de esta audiencia ya que la señora Lourdes Pacheco en su condición de mujer, debido a un delicado estado de salud no ha podido conectarse de manera específica”, explicó Campero.

La querella se originó en 2020, cuando Murillo, como ministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Áñez, implicó públicamente a Pacheco como supuesta secuestradora de la bebé Samantha, información que posteriormente fue desmentida. Murillo emitió disculpas públicas admitiendo que Pacheco no estaba vinculada al caso.
Con la reactivación del juicio, Pacheco buscaba no solo la sanción penal, sino también una compensación económica de 1 millón de dólares por daños a su imagen.

El hombre que fue encontrado sin vida flotando en un río del municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, fue identificado por las autoridades como Samuel Guardia Villaroel, de 39 años, oriundo de Punata, según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras las primeras investigaciones.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento, y no se encontraron signos de violencia externa en el cuerpo, aunque la víctima tenía las manos encadenadas. Los investigadores no descartan que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente desde otro lugar antes de ser hallado.

El cadáver fue descubierto por un grupo de bañistas que alertó a la Policía al ver que algo flotaba entre los troncos. Tras el levantamiento legal, el cuerpo fue trasladado a la morgue del trópico, donde esperaba sin ser reclamado, ya que la familia no reportó su desaparición.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer cómo el hombre llegó al agua encadenado, para determinar si fue un accidente, un crimen o una acción posterior a su fallecimiento.

Durante la madrugada de este viernes, la Policía boliviana llevó a cabo operativos en La Paz y El Alto que resultaron en la detención de 311 personas por incumplir el auto de buen gobierno, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la previa de las elecciones generales del domingo.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunter Agudo, detalló que 133 de los detenidos corresponden a La Paz y 178 a El Alto, incluyendo entre ellos a 29 extranjeros. Estas detenciones se realizaron como parte de un riguroso control para asegurar que se respeten las normas establecidas en este periodo electoral.

Agudo destacó que la prohibición vigente no solo alcanza al expendio y consumo de alcohol en domicilios particulares, bares, restaurantes y discotecas, sino que también incluye la prohibición del porte de armas de fuego y objetos punzocortantes.

Las autoridades han reiterado que estas medidas buscan garantizar la seguridad ciudadana y evitar cualquier incidente que pueda perturbar la paz en los días previos a la segunda vuelta electoral. Así, se busca un entorno de tranquilidad para el desarrollo pacífico del proceso democrático.