Este viernes por la mañana se instaló la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional del periodo 2020-2025, con una agenda que incluye cinco puntos de alto interés. La sesión comenzó tras confirmarse el quórum en ambas cámaras y continúa en desarrollo, abordando temas que van desde medidas económicas hasta informes institucionales.

Uno de los puntos centrales es el tratamiento del proyecto de ley excepcional que propone la suspensión temporal de embargos y procesos judiciales relacionados con créditos de vivienda de interés social. Esta iniciativa busca brindar alivio financiero a las familias afectadas por la crisis económica, y su discusión ha generado expectativa entre legisladores y sectores sociales.

Además, se prevé la presentación de los informes de gestión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y del Senado, Andrónico Rodríguez. La sesión concluirá con la clausura oficial del periodo legislativo, aunque este último punto aún no ha sido abordado, ya que el debate continúa en el hemiciclo.

La Defensoría del Pueblo celebró la aprobación del proyecto de Ley N.º 181/2024-2025, que establece una política de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Bolivia. El defensor Pedro Callisaya calificó la norma como un avance histórico en la búsqueda de justicia, memoria y garantías de no repetición, especialmente para quienes sufrieron durante periodos de represión y quiebre constitucional. La ley fue sancionada por la Cámara de Senadores y ahora espera su promulgación por el Órgano Ejecutivo.

El proyecto contempla medidas concretas como compensación económica, atención médica y psicológica, acceso a educación, programas de reintegración social y reconocimiento público. La Defensoría del Pueblo jugó un rol activo en el proceso legislativo, brindando asistencia técnica, facilitando el diálogo entre víctimas y autoridades, y asegurando que sus propuestas fueran incorporadas en el texto final. Este acompañamiento se realizó en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Callisaya instó al Ejecutivo a promulgar la ley sin dilaciones, subrayando que “sin justicia, no hay democracia ni paz duradera”. La aprobación de esta norma refuerza el compromiso institucional con los derechos humanos y representa una oportunidad para reconstruir la confianza de las víctimas en el Estado. La Defensoría reafirma así su papel como garante de los derechos fundamentales y como promotora de políticas públicas orientadas a la reparación y la reconciliación.

Alejandro Gelafio Santiesteban, abogado y exmilitar implicado en el caso Hotel Las Américas, expresó su respaldo a la propuesta de juicio de responsabilidades contra Evo Morales por los hechos ocurridos en abril de 2009. Desde el exilio, Santiesteban calificó la intervención policial como una operación política encubierta que derivó en ejecuciones extrajudiciales y persecución judicial. Aseguró que su encarcelamiento por más de siete años fue parte de un montaje para proteger a su padre, el general Gelafio Santiesteban, a quien —según él— el gobierno de Morales buscaba castigar por su rol en la erradicación de coca excedente en el Chapare.

El exreo político manifestó mayor confianza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió su caso y lo acumula con el de otras víctimas del operativo. Afirmó que la justicia boliviana carece de independencia y recordó con ironía que las mismas juezas que lo condenaron podrían ahora juzgar a Morales. “Quiero que lo juzguen en derecho, para que no diga que es perseguido”, declaró. También denunció que el operativo dejó más de 180 personas procesadas y decenas de familias destruidas por detenciones arbitrarias, extorsiones y manipulación de pruebas.

Santiesteban confirmó que mantiene contacto con abogados en Santa Cruz y que existe disposición para aportar pruebas al proceso impulsado por la alianza Libre. A 16 años del operativo, insiste en que no busca venganza, sino justicia y reparación. “No hay dinero que pague el dolor de mi familia, pero confío en que este cambio político permita al Estado enmendar lo que destruyeron”, concluyó.

A días de concluir su mandato, el presidente Luis Arce recibió el respaldo público de tres ministros que defendieron su gestión económica como “estable y productiva”, en medio de crecientes cuestionamientos por la escasez de dólares, el alza de precios y los problemas de abastecimiento. En una conferencia conjunta, los titulares de Planificación, Economía y Desarrollo Rural destacaron los créditos externos gestionados, el presupuesto para combustibles y la autosuficiencia alimentaria como pilares del modelo económico que dejan a las nuevas autoridades.

Sin embargo, los datos oficiales y el análisis de expertos muestran una realidad más compleja. La inflación acumulada supera el 18%, los productos básicos han subido considerablemente, y el tipo de cambio paralelo se aleja del oficial. El economista Germán Molina advirtió que las reservas líquidas del Banco Central apenas cubren unos meses de importaciones, y que el déficit fiscal podría ser mayor al reportado por el Ejecutivo. Además, señaló que la baja ejecución de inversión pública y la deuda flotante ocultan el verdadero estado de las finanzas estatales.

Mientras el Gobierno saliente insiste en que la Asamblea Legislativa bloqueó créditos clave, los analistas apuntan a problemas estructurales y falta de transparencia. La narrativa oficial, centrada en la defensa del modelo estatal y la crítica a la libre exportación, contrasta con las demandas del sector privado y los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. La transición se da en un contexto de incertidumbre económica, donde las promesas de estabilidad chocan con los indicadores de deterioro.

El candidato presidencial chileno Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, volvió a encender la polémica con declaraciones agresivas hacia Bolivia durante un mitin en Osorno. Kaiser prometió cerrar la frontera entre ambos países si llega al poder, en respuesta a lo que considera una “humillación” por el ingreso de vehículos robados desde Chile al territorio boliviano. “Se acabó el chistecito de Bolivia”, afirmó, asegurando que en La Paz “lo van a pasar muy mal”.

Las declaraciones no solo generaron rechazo en Bolivia, sino también dentro de Chile. El exsenador Manuel José Ossandón calificó a Kaiser de “fanático e irresponsable” y criticó su falta de conocimiento sobre el comercio informal de vehículos entre ambos países. Ossandón defendió la necesidad de fortalecer los lazos con Bolivia en lugar de promover el enfrentamiento, y lamentó que el discurso de Kaiser se base en amenazas y desinformación.

Este nuevo episodio se suma a una serie de ataques verbales de Kaiser contra el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien exigió colaboración en temas migratorios bajo amenaza de cerrar la frontera. Las declaraciones han generado preocupación sobre el tono de la campaña presidencial chilena y sus posibles repercusiones diplomáticas en la región andina.

En su recta final, el Senado boliviano aprobó un informe que sacude el tablero político: la solicitud de investigar a exautoridades del Gobierno de Luis Arce por su presunta implicación en el fallido levantamiento militar del 26 de junio de 2024, conocido como el “Zuñigazo”. El documento, elaborado por una comisión especial, apunta directamente al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y a otros altos funcionarios, por supuesta manipulación de los hechos y uso indebido de recursos estatales para construir una narrativa favorable al oficialismo.

El informe, de más de un centenar de páginas, detalla irregularidades como la presentación pública de detenidos sin orden judicial, la producción de un documental con fondos públicos y la obstrucción a la labor investigativa del Senado. Aunque no se hallaron pruebas concluyentes de un golpe de Estado, varios legisladores coincidieron en que el episodio fue instrumentalizado políticamente. “No fue golpe ni autogolpe, pero sí una puesta en escena que dañó la imagen del país”, afirmó la senadora Cecilia Requena.

Con este informe, el Senado concluye su gestión 2020-2025, dejando un legado de controversia y demandas de justicia. La última sesión de la Asamblea está prevista para el 31 de octubre, antes de que los nuevos legisladores asuman funciones el 8 de noviembre. El caso del “Zuñigazo” promete seguir generando repercusiones en la nueva legislatura, que deberá decidir si da curso a las investigaciones recomendadas.

El líder de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, respondió con firmeza a las críticas internas sobre la designación de los jefes de bancada en el Senado y la Cámara de Diputados. Calificó como “una falta de respeto” las acusaciones de que hubo imposición en los nombramientos, especialmente hacia figuras como Tomasa Yarhui y Rafael López. Según Quiroga, ambos tienen méritos suficientes para ocupar esos cargos y representan lo mejor del liderazgo político boliviano.

Las declaraciones surgieron luego de que el senador electo Branko Marinkovic cuestionara el proceso de selección, comparándolo con prácticas del pasado vinculadas al MAS. Marinkovic pidió mayor transparencia y participación en las decisiones internas, señalando que los tiempos de cambio exigen una democracia más abierta y representativa. Su crítica encendió el debate dentro de la alianza, evidenciando tensiones sobre el rumbo político y la forma de ejercer el liderazgo.

Quiroga, por su parte, defendió el equilibrio regional, generacional y de género en las designaciones, destacando que se buscó una representación diversa. Reiteró su compromiso con la gobernabilidad del país y aseguró que su organización no busca cargos en el nuevo gobierno, sino aportar desde el Legislativo. “Ni un cenicero pedimos, pero sí vamos a apoyar para que Bolivia avance”, concluyó.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció gestiones diplomáticas para asegurar la participación de una delegación boliviana en la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil. Según explicó, ya se contactó con la ministra de Medioambiente de ese país para solicitar acreditaciones, con el objetivo de que Bolivia esté presente en uno de los foros climáticos más importantes del mundo.

Paz destacó que la cumbre representa una oportunidad clave para acceder a financiamiento internacional destinado a proyectos ambientales, especialmente aquellos que beneficien a la Amazonía boliviana, que abarca los departamentos de Pando, Beni y parte de Santa Cruz. Subrayó que la presencia del país en este evento permitiría captar recursos para iniciativas de conservación, desarrollo sostenible y resiliencia climática.

Aunque la presidencia de Paz comienza oficialmente el 8 de noviembre, busca que Bolivia tenga representación desde la Cumbre del Clima de Belém, que inicia el 6 de ese mes como antesala a la COP30. En este espacio se prevé el lanzamiento de iniciativas como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre y compromisos sobre manejo del fuego, combustibles sostenibles y lucha contra la pobreza vinculada al cambio climático.

La Fiscalía Departamental de Tarija informó que el expresidente Evo Morales fue notificado por edicto el 21 de octubre para el inicio del juicio por trata de personas y estupro, en el caso que lo vincula con la concepción de un hijo con una menor de 15 años en 2015. La acusación formal se da en el marco de un proceso judicial que ha generado atención nacional e internacional.

También fueron notificadas por edicto la presunta víctima, Cindy Saraí Vargas, y su madre, Idelsa Pozo, ambas con refugio político en Argentina. Pozo figura como acusada en el proceso, mientras que el padre de la menor, Emeterio Vargas, fue beneficiado con una resolución de sobreseimiento tras haber estado detenido preventivamente.

En paralelo, el hermano de la víctima, Esteban Vargas, solicitó la devolución de Bs 80.000 incautados durante un allanamiento, alegando que corresponden a sus ahorros como exfuncionario diplomático. Aunque afirmó haber sido cónsul de Bolivia, no se detalló el país ni el periodo en que ejerció el cargo. El caso sigue avanzando con nuevas revelaciones y diligencias judiciales.

En una sesión marcada por la rapidez, el Senado boliviano aprobó cinco créditos internacionales por un total de casi 460 millones de dólares, destinados a proyectos de infraestructura vial y desarrollo regional. La votación se realizó en menos de diez minutos, sin debate ni objeciones, a pocos días del cierre de gestión legislativa previo al cambio de Gobierno.

Entre los créditos aprobados figura el financiamiento para el tramo carretero Okinawa – Cruce R.F. de 09 (Los Troncos), por más de 74 millones de dólares, suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF). También se sancionaron préstamos para presas resilientes, accesos viales en Sacaba, y la construcción de la doble vía Río Seco – Desaguadero, además de un camino asfaltado en Potosí. Todos los proyectos fueron remitidos al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La celeridad sorprendió incluso a algunos senadores, como María Castillo, quien celebró la aprobación de obras largamente esperadas. La falta de discusión contrastó con sesiones anteriores, donde los créditos enfrentaban resistencia. Esta vez, la urgencia por cerrar el ciclo legislativo permitió destrabar recursos que habían estado congelados durante meses.