Durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicará sanciones económicas a los jurados electorales que incumplan sus funciones. Quienes no se presenten sin justificación o abandonen las mesas de sufragio deberán pagar una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, es decir, Bs 1.375, según lo estipulado en la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024.

Las sanciones no se limitan a los jurados. Notarios electorales que no colaboren en la organización de mesas, capacitación de jurados o distribución de material también serán multados con Bs 1.375. Asimismo, servidores públicos que usen vehículos oficiales sin autorización y ciudadanos que no voten ni presenten su certificado de sufragio en el plazo establecido enfrentarán multas de Bs 550, además de restricciones temporales en trámites públicos y bancarios.

El TSE también contempla sanciones para quienes incumplan resoluciones electorales, circulen sin permiso el día de la elección o no se inscriban correctamente en el Padrón Electoral. Las multas oscilan entre Bs 275 y Bs 550. En caso de no pagar, los jueces electorales podrán convertir la sanción en arresto de hasta ocho horas o trabajo social con fines públicos.

El Concejo Municipal de La Paz aprobó una ley que suspende temporalmente el servicio del parqueo tarifado en la ciudad, conocido como «Parqueo para todos», aunque el concejal Javier Escalier considera que la norma es “contraproducente y hasta engañosa”.

Esta ley entrará en vigor solo si es promulgada por el alcalde Iván Arias, quien también tiene la opción de observarla o enviarla a control constitucional, según explicó el concejal. Escalier advirtió que “esta norma no frena el parqueo tarifado, lo protege. Es una medida que solo da tiempo al alcalde Iván Arias para consolidar un sistema que perjudica a los paceños”.

De acuerdo con la ley municipal, quedan sin efecto las autorizaciones de uso temporal de bienes de dominio público emitidas por el Ejecutivo Municipal. El legislador indicó que, con la aprobación, el alcalde podrá remitir el texto al Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que paralizaría cualquier acción del Concejo o de la ciudadanía por varios meses.

“En lugar de resolver el problema, están creando una excusa legal que beneficia al Ejecutivo y a las empresas privadas”, afirmó Escalier. Además, recordó que desde junio advirtió sobre irregularidades en la concesión del parqueo tarifado y la falta de transparencia por parte del Ejecutivo Municipal.

El concejal subrayó que el municipio solo percibirá el 10% de lo recaudado, mientras que el resto beneficia a empresas privadas. “La Paz no puede aceptar un sistema tan injusto y opaco”, insistió.
Finalmente, el Concejo remitirá la ley al Ejecutivo, que decidirá si la promulga o la observa.

La Terminal de Buses de La Paz anunció la suspensión de salidas hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz debido a bloqueos registrados en distintos puntos de la carretera interdepartamental. El corte más crítico se encuentra en el sector de Parotani, donde transportistas instalaron barricadas desde la madrugada en demanda de una solución a la escasez de combustible que afecta al país.

Los bloqueos también se extienden al cruce de Tiraque y al Cruce Tarata, en la carretera antigua al oriente, generando una paralización total del tránsito hacia el eje troncal. Las autoridades de tránsito y el personal de la terminal recomendaron a los pasajeros no acudir al recinto hasta nuevo aviso, mientras se evalúa la evolución de la medida de presión.

Los transportistas exigen una respuesta inmediata del Gobierno ante la falta de gasolina y diésel, que aseguran ha perjudicado gravemente sus actividades. La protesta es indefinida y podría extenderse si no se alcanza un acuerdo, lo que mantiene en incertidumbre a cientos de viajeros que tenían previsto desplazarse desde la sede de gobierno hacia el centro y oriente del país.

El polémico proyecto de ley presentado por el senador Benjamín Vargas, que proponía la suspensión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue rechazado por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado y ahora aguarda su archivo definitivo en sesión plenaria. La iniciativa generó preocupación entre organismos nacionales e internacionales, que la calificaron como una amenaza directa al proceso democrático en curso, especialmente en vísperas del balotaje presidencial.

La senadora Andrea Barrientos explicó que, aunque lo habitual es que proyectos rechazados en comisión no lleguen al pleno, este caso podría ser tratado por su alto impacto político. La propuesta fue considerada inconstitucional, ya que el Legislativo no tiene atribuciones para cesar a los vocales del TSE, quienes solo pueden ser removidos bajo causales específicas establecidas por la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional. Legisladores como Luis Adolfo Flores calificaron el proyecto como ilegal y fuera de procedimiento.

Misiones de observación electoral como la Unión Europea y Observa Bolivia expresaron su preocupación por posibles intentos de interferencia en el proceso electoral. Alexander Gray, jefe adjunto de la misión europea, señaló que se vigilan de cerca las señales que podrían afectar la transparencia del balotaje. Por su parte, Susana Saavedra celebró el rechazo legislativo como una muestra de compromiso democrático. Expertos internacionales instaron a Bolivia a establecer mecanismos preventivos para evitar que iniciativas similares vuelvan a poner en riesgo la institucionalidad electoral.

Durante su acto de cierre de campaña en Cochabamba, el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga vivió un momento inesperado cuando un dron que sobrevolaba el escenario lo golpeó en la cabeza. El incidente ocurrió mientras se acercaba a saludar a sus seguidores en la tarima principal. A pesar del impacto, Quiroga se reincorporó rápidamente, se tocó la frente y fue asistido por su equipo, sin que se reportaran lesiones.

El hecho fue captado en video y generó preocupación entre los asistentes, aunque el candidato de Alianza Libre restó importancia al suceso y continuó con normalidad su agenda. El acto se llevó a cabo en la zona sur de Cochabamba, donde el binomio cerró su campaña regional con discursos, música y una nutrida participación ciudadana.

Tras el susto, Quiroga confirmó que este martes 14 estará en Santa Cruz para el cierre nacional de campaña, y el miércoles 15 arribará a La Paz para concluir oficialmente sus actividades proselitistas antes del balotaje. Su equipo no ha emitido declaraciones sobre las causas del incidente con el dron, aunque se presume que se trató de una falla técnica.

Desde la madrugada de este martes, el Transporte Libre de Cochabamba activó un bloqueo de rutas en protesta por la persistente escasez de combustible que afecta al país. La medida se ejecuta en al menos tres vías interdepartamentales estratégicas, interrumpiendo el tránsito hacia el oriente y occidente boliviano. Los dirigentes del sector justificaron la acción como una respuesta desesperada ante más de un año de dificultades para acceder a diésel y gasolina.

Los puntos de bloqueo se concentran en el cruce de Tiraque, la carretera antigua al oriente a la altura del Cruce Tarata, y la vía hacia Oruro y La Paz en Parotani. Además, se reportan cortes más severos en el trópico cochabambino, donde los transportistas han reforzado su presencia. Vehículos pesados fueron apostados sobre la calzada para impedir el paso, generando largas filas y malestar entre los viajeros.

Los movilizados advirtieron que la protesta será indefinida hasta que reciban una respuesta concreta de las autoridades nacionales. Aseguran que las pérdidas económicas son insostenibles y que la falta de carburantes ha paralizado sus actividades. “No queremos perjudicar, pero ya no podemos seguir trabajando en estas condiciones”, expresó uno de los voceros del sector.

El expresidente Evo Morales lanzó una dura crítica contra la administración de Luis Arce, acusándola de provocar una crisis energética sin precedentes en Bolivia. Afirmó que la escasez de gasolina y diésel, sumada a la salida del presidente de YPFB en medio de denuncias de corrupción, refleja una gestión marcada por el desorden y la falta de transparencia. Morales cuestionó que, a pesar de haber sido parte de gobiernos anteriores, Arce no asuma responsabilidad por el deterioro del sector energético.

Morales reveló que en los últimos cinco años se gastaron más de 12.000 millones de dólares en la importación de combustibles, sin que ello haya fortalecido la producción nacional ni reducido la dependencia externa. Además, denunció que el Gobierno recurrió a contrataciones directas con empresas de dudosa reputación, lo que, según él, debilitó la institucionalidad y abrió la puerta a irregularidades. Entre las firmas mencionadas figura Botrading, vinculada a la provisión de carburantes en condiciones poco claras.

El líder cocalero advirtió que la crisis energética no solo afecta el abastecimiento, sino que pone en riesgo la estabilidad económica y social del país. Criticó la falta de planificación en exploración y desarrollo industrial del gas, lo que ha provocado una caída en la producción y pérdida de mercados. Morales instó al Ejecutivo a dejar de escudarse en discursos políticos y asumir con responsabilidad las consecuencias de sus decisiones.