Con el objetivo de garantizar una jornada electoral pacífica, el Gobierno desplegará 27.500 efectivos policiales en todo el país este domingo, durante la segunda vuelta presidencial. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, explicó que el operativo se ejecutará en tres fases: logística, participación ciudadana y postelectoral, en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las maletas electorales, que contienen los insumos necesarios para el sufragio, ya están siendo distribuidas a los recintos de votación. Una vez entregadas, los gobiernos municipales procederán al sellado de los espacios, que permanecerán bajo resguardo policial hasta la apertura de mesas. Además, se ordenó el acuartelamiento de todo el personal policial desde las cero horas del domingo, con excepción de quienes brindan servicios esenciales como patrullaje y atención ciudadana.

El plan de seguridad se basa en principios de disuasión y monitoreo constante. La Dirección de Inteligencia realiza seguimiento en redes sociales y zonas sensibles para prevenir cualquier amenaza. Aguilera aseguró que no se han detectado riesgos significativos y que el operativo busca consolidar un modelo de seguridad electoral para futuras votaciones, incluyendo el resguardo de actas y el acompañamiento del conteo oficial.

La Fiscalía Anticorrupción emitió una orden de aprehensión contra Miguel Ángel Colque, exvicepresidente de Operaciones de YPFB, por su presunta implicación en el caso Botrading. Colque no se presentó a declarar el pasado 24 de septiembre, pese a haber sido convocado legalmente, lo que motivó su inclusión en la lista de buscados por la justicia. Se le atribuye responsabilidad en un daño económico al Estado estimado en 355 millones de dólares.

El caso Botrading investiga irregularidades en la importación de combustibles a través de una subsidiaria de YPFB. Además de Colque, otros nueve funcionarios y exejecutivos están bajo investigación. Como parte de las medidas cautelares, se ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y la activación de alertas migratorias. Siete de los implicados ya prestaron su declaración ante el Ministerio Público.

También figura en el proceso el actual presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien declaró ante la Fiscalía y no tiene restricciones migratorias, aunque enfrenta otra orden de aprehensión por contrabando agravado. Las denuncias que dieron origen al caso Botrading revelan fallas en los mecanismos de control de la estatal petrolera y una posible intermediación irregular que habría generado un perjuicio millonario al país.

Tras la inclusión de Bolivia en la nueva estrategia de aliados regionales de Estados Unidos, el expresidente Evo Morales expresó su rechazo y reafirmó el compromiso de los movimientos sociales con los principios anticolonialistas y antiimperialistas. A través de sus redes sociales, Morales aseguró que no se rendirán y que seguirán defendiendo la soberanía nacional como parte de la Revolución Democrática y Cultural.

La mención de Bolivia se dio durante un acto oficial en Washington, donde el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio destacaron el interés de fortalecer vínculos con países del continente. Rubio señaló que las elecciones bolivianas representan una oportunidad de transformación, dado que ambos candidatos en la segunda vuelta han manifestado su intención de recomponer relaciones con Washington.

Morales calificó esta situación como una traición por parte del actual gobierno y como una maniobra para favorecer intereses transnacionales. Afirmó que el proceso electoral ha sido diseñado para facilitar el retorno del neoliberalismo y el avance de la derecha. La segunda vuelta se celebrará este domingo 19 de octubre, con la participación de Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Libre).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que, tras una reunión con autoridades del sector hidrocarburos, se ha garantizado el suministro de combustible para todos los tribunales departamentales durante la segunda vuelta electoral. Cada tribunal contará con una estación de servicio asignada en su región, con prioridad para la carga de diésel y gasolina, según lo acordado con YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La preocupación por la escasez de carburantes y las largas filas en los surtidores llevó al Órgano Electoral Plurinacional a solicitar al Gobierno medidas urgentes para asegurar la logística electoral. Gracias a esta coordinación, se estableció un plan de acción que contempla puntos focales en los nueve departamentos, garantizando el abastecimiento para los vehículos encargados del traslado de material y personal electoral.

Desde el 14 de octubre, las comisiones comenzaron el despliegue de las maletas electorales, cumpliendo con los plazos establecidos: 72 horas antes en zonas rurales y 24 horas en áreas urbanas. El vocal Gustavo Ávila destacó que el compromiso del Ministerio de Hidrocarburos y YPFB brinda certidumbre a la ciudadanía sobre el desarrollo normal del proceso electoral.

Durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicará sanciones económicas a los jurados electorales que incumplan sus funciones. Quienes no se presenten sin justificación o abandonen las mesas de sufragio deberán pagar una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, es decir, Bs 1.375, según lo estipulado en la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024.

Las sanciones no se limitan a los jurados. Notarios electorales que no colaboren en la organización de mesas, capacitación de jurados o distribución de material también serán multados con Bs 1.375. Asimismo, servidores públicos que usen vehículos oficiales sin autorización y ciudadanos que no voten ni presenten su certificado de sufragio en el plazo establecido enfrentarán multas de Bs 550, además de restricciones temporales en trámites públicos y bancarios.

El TSE también contempla sanciones para quienes incumplan resoluciones electorales, circulen sin permiso el día de la elección o no se inscriban correctamente en el Padrón Electoral. Las multas oscilan entre Bs 275 y Bs 550. En caso de no pagar, los jueces electorales podrán convertir la sanción en arresto de hasta ocho horas o trabajo social con fines públicos.

El Concejo Municipal de La Paz aprobó una ley que suspende temporalmente el servicio del parqueo tarifado en la ciudad, conocido como «Parqueo para todos», aunque el concejal Javier Escalier considera que la norma es “contraproducente y hasta engañosa”.

Esta ley entrará en vigor solo si es promulgada por el alcalde Iván Arias, quien también tiene la opción de observarla o enviarla a control constitucional, según explicó el concejal. Escalier advirtió que “esta norma no frena el parqueo tarifado, lo protege. Es una medida que solo da tiempo al alcalde Iván Arias para consolidar un sistema que perjudica a los paceños”.

De acuerdo con la ley municipal, quedan sin efecto las autorizaciones de uso temporal de bienes de dominio público emitidas por el Ejecutivo Municipal. El legislador indicó que, con la aprobación, el alcalde podrá remitir el texto al Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que paralizaría cualquier acción del Concejo o de la ciudadanía por varios meses.

“En lugar de resolver el problema, están creando una excusa legal que beneficia al Ejecutivo y a las empresas privadas”, afirmó Escalier. Además, recordó que desde junio advirtió sobre irregularidades en la concesión del parqueo tarifado y la falta de transparencia por parte del Ejecutivo Municipal.

El concejal subrayó que el municipio solo percibirá el 10% de lo recaudado, mientras que el resto beneficia a empresas privadas. “La Paz no puede aceptar un sistema tan injusto y opaco”, insistió.
Finalmente, el Concejo remitirá la ley al Ejecutivo, que decidirá si la promulga o la observa.

La Terminal de Buses de La Paz anunció la suspensión de salidas hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz debido a bloqueos registrados en distintos puntos de la carretera interdepartamental. El corte más crítico se encuentra en el sector de Parotani, donde transportistas instalaron barricadas desde la madrugada en demanda de una solución a la escasez de combustible que afecta al país.

Los bloqueos también se extienden al cruce de Tiraque y al Cruce Tarata, en la carretera antigua al oriente, generando una paralización total del tránsito hacia el eje troncal. Las autoridades de tránsito y el personal de la terminal recomendaron a los pasajeros no acudir al recinto hasta nuevo aviso, mientras se evalúa la evolución de la medida de presión.

Los transportistas exigen una respuesta inmediata del Gobierno ante la falta de gasolina y diésel, que aseguran ha perjudicado gravemente sus actividades. La protesta es indefinida y podría extenderse si no se alcanza un acuerdo, lo que mantiene en incertidumbre a cientos de viajeros que tenían previsto desplazarse desde la sede de gobierno hacia el centro y oriente del país.