En un contexto de creciente debate político y judicial en Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) brindó este lunes un respaldo explícito al presidente Rodrigo Paz, al asegurar que las decisiones asumidas por el Ejecutivo en sus primeros días de gestión se enmarcan en la Constitución Política del Estado y responden al bien del país. La declaración se produjo durante la inauguración del Año Judicial 2026, evento oficial que congregó a autoridades del Órgano Judicial en la ciudad de Sucre,durante su discurso, el presidente del TSJ señaló que, conforme a la Constitución, “lo que la Constitución Política no prohíbe, está permitido”, en aparente referencia a varias medidas adoptadas recientemente por Paz, entre ellas decretos discutidos públicamente por diversos sectores sociales y políticos. El magistrado enfatizó que estas acciones, lejos de vulnerar el marco constitucional, están motivadas por la intención de preservar la estabilidad institucional y responder a los desafíos que enfrenta el país.
La posición del presidente del TSJ se produce en un escenario en que algunas organizaciones sociales han cuestionado la constitucionalidad de ciertos decretos y han demandado mayores espacios de diálogo con el Gobierno. Sin embargo, desde el Órgano Judicial se ha optado por una postura de apertura hacia la cooperación interinstitucional, remarcando que el respeto por los mandatos constitucionales es indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
El respaldo fue valorado positivamente por el entorno presidencial, que ha enfatizado la importancia de la coordinación entre los poderes del Estado para afrontar los retos económicos, sociales y judiciales del país. Desde el Ejecutivo se resaltó que este tipo de pronunciamientos contribuyen a afianzar la estabilidad democrática y a tranquilizar a la población frente a las críticas y tensiones políticas que se han evidenciado en las últimas semanas.
La declaración también se inscribe en un contexto más amplio de transformaciones institucionales y de diálogo interinstitucional en el país, donde tanto el Órgano Judicial como el Gobierno buscan proyectar una imagen de respeto por el Estado de derecho mientras enfrentan desafíos como el ajuste de normas y la modernización de procesos judiciales.
