El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que, en coordinación con la Fiscalía Superior en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, durante una audiencia de procedimiento abreviado se logró demostrar que Erick A. O., de 31 años, es responsable del delito de Producción de Material de Abuso Sexual de Niña, Niño o Adolescente, tipificado en la nueva Ley N°1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Además, se le imputaron los delitos de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente y Pornografía, cometidos contra su prima de 9 años, por lo que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer No. 7 de la Capital dictó una condena de 30 años de prisión en el penal de máxima seguridad de El Abra.
“Durante el desarrollo de la audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público acreditó y generó certeza ante la autoridad jurisdiccional sobre la autoría de Erick A. O., a través de los elementos de convicción colectados en etapa preliminar como el informe psicológico, las fotografías y videos obtenidos de un celular, material audiovisual de las agresiones sexuales que eran almacenados en un disco compacto, los informes del investigador, declaraciones testificales, valoración psicológica, entre otros, que permitieron que se emita la condena máxima”, explicó Tejerina.
El Fiscal asignado al caso, Juan Carlos Aguilera Numbela, detalló que estas agresiones ocurrieron en Vinto desde 2022, cuando la víctima tenía 6 años, y que el acusado fotografiaba y filmaba abusos que luego almacenaba en la nube. Durante el allanamiento, se incautó material audiovisual y se verificó el lugar donde se cometían los hechos.
Por su parte, la Fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, destacó la aplicación efectiva de la Ley N°1636, la cual ofrece herramientas jurídicas actualizadas para enfrentar las nuevas modalidades de agresión sexual contra menores, y reafirmó el compromiso institucional de fortalecer su correcta implementación mediante capacitaciones al personal fiscal, judicial y policial, además de otras entidades involucradas en la atención a víctimas.
