Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) recordó que el proceso de selección de empresas y tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) para la industrialización del recurso comenzó en abril de 2021, con una convocatoria pública internacional que atrajo a más de 21 compañías de distintos países. La iniciativa fue impulsada en el primer año de gestión del presidente Luis Arce, quien subrayó que la industrialización del litio fue asumida “con gran responsabilidad”.
De acuerdo con los informes técnicos de YLB, tras una evaluación detallada de las propuestas, se seleccionaron ocho firmas internacionales provenientes de Estados Unidos, China, Rusia y Argentina. Estas empresas realizaron pruebas de laboratorio con muestras de salmuera boliviana, y solo seis presentaron resultados, entre ellas Catl Brunp & Cmoc (CBC) y Uranium One Group.
Las pruebas concluyeron que las tecnologías aplicadas eran viables para los salares bolivianos, con tasas de recuperación de litio entre el 80% y 90%, muy por encima del rendimiento actual de menos del 25% mediante el método de evaporación.
En 2023, se firmaron convenios con ambas compañías bajo un modelo de negocio considerado “soberano”, lo que permitió avanzar hacia estudios preliminares técnicos, económicos y medioambientales. Tras su cumplimiento, YLB suscribió dos contratos principales:
En septiembre de 2024, un contrato de Asociación Accidental con Uranium One Group para instalar una planta de EDL en el Salar de Uyuni (Potosí), con capacidad para producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.
Posteriormente, un contrato de servicios con CBC Hong Kong CBC Investment Limited para la construcción de dos plantas industriales en el mismo salar, con una producción escalonada de 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Ambos contratos fueron enviados a la Asamblea Legislativa en noviembre de 2024, conforme establece la Constitución, pero permanecen sin tratamiento.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, advirtió que la falta de aprobación legislativa pone en riesgo la posibilidad de que Bolivia aproveche el alza proyectada del precio internacional del litio hacia 2030. “El rechazo a estos proyectos podría costarle al país una oportunidad histórica”, advirtió.
