Pueblos indígenas, comunidades campesinas, naciones originarias y organizaciones presentaron este martes un manifiesto con más de 30 demandas relacionadas con tierra, territorio y medio ambiente, dirigido a los candidatos que competirán en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre. “¡Nuestra madre tierra no está en venta!”, declararon al cierre del Foro por la Tierra-Territorio y Medio Ambiente, realizado durante dos días en Santa Cruz.
El documento, titulado «Compromiso de todos en defensa de la vida,» surge luego de profundas reflexiones y análisis sobre la situación de tierras colectivas y la crisis ambiental en Bolivia. Las organizaciones advirtieron que no aceptarán retrocesos ni promesas vacías, enfatizando que “el respeto a la Constitución, la defensa del territorio colectivo y el fortalecimiento del Estado Plurinacional no son negociables”.
Los candidatos Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz (PDC) fueron invitados a escuchar estas demandas, pero ninguno asistió. Solo Santiago Terceros, vocero departamental del PDC, recibió el manifiesto en representación de Rodrigo Paz.
Lucio Ayala, presidente del Territorio Multiétnico II (TIM II), destacó el trabajo conjunto de representantes indígenas y académicos de regiones altas y bajas, lamentando la poca atención dada por los candidatos a este sector: “Lamentablemente, habíamos invitado con anticipación a los candidatos, pero vemos que nos dan poca importancia a este sector”.
Uno de los puntos clave del manifiesto es el rechazo a propuestas de individualización de territorios colectivos durante la campaña electoral. “Rechazamos las intenciones de los candidatos políticos que quieren hacerse de la silla presidencial, haciendo de los territorios un sujeto de campaña, pretendiendo individualizarlo para convertirlo en mercancía de venta”, asegura el documento. Para los pueblos originarios, el territorio es su “Casa Grande”, un espacio vital que representa su presente y futuro.
Las demandas se agrupan en dos grandes áreas: Tierra-Territorio y Medio Ambiente. En lo territorial, urge la titulación colectiva de territorios indígenas pendientes, una auditoría al INRA y la ABT por irregularidades en la distribución de tierras desde 2014, y la defensa de los territorios frente a avasallamientos ilegales y actividades extractivas impulsadas por intereses personales. También piden el fortalecimiento de sistemas de vida, producción, alimentación y medicina tradicional con políticas públicas sin intermediarios.
En materia ambiental, exigen prohibir semillas transgénicas y tecnologías modificadas, así como rechazan la minería en territorios indígenas y áreas protegidas debido a sus impactos negativos. Solicitan una nueva Ley de Aguas con enfoque de derechos indígenas, protección de zonas hídricas y rechazan proyectos extractivos que dañen estos ecosistemas.
Entre las demandas urgentes está la abrogación de normas “incendiarias”, el cumplimiento de resoluciones agroambientales, la implementación de una estrategia nacional de agroecología, la creación de bancos de semillas nativas y el rechazo a los bonos de carbono, considerados una mercantilización de la naturaleza que afecta la soberanía territorial.
También manifiestan su rechazo al uso y comercio de mercurio y a la explotación de minerales críticos por sus daños en la salud y medios de vida de las comunidades afectadas, demandando atención y resarcimiento.
Las organizaciones se declararon en alerta y activaron mecanismos de monitoreo territorial para proteger sus tierras, advirtiendo que “la defensa de las tierras colectivas la haremos en y desde los territorios”. Denuncian que, pese a tener derechos titulados, el Estado “nos arrebata y despoja… otorgando derechos a terceros y permisos al extractivismo”.
Reivindican la independencia de sus estructuras y exigen diálogo transparente, rechazando la cooptación y la intermediación sin consulta a las bases. El manifiesto enfatiza que “el Estado Plurinacional y la Constitución Política del Estado no son dádivas, son conquistas históricas”.
El mensaje final a los candidatos es claro: “Quien aspire a gobernar Bolivia debe escuchar con seriedad y responder con hechos. Aquí se juega el futuro de los pueblos y de Bolivia entera”. El documento será entregado formalmente a los candidatos, legisladores y a la opinión pública como una agenda irrenunciable para el próximo gobierno, afirmando que “nuestra voz no será silenciada: defendemos el presente y el futuro de nuestra casa común y de la vida en el país”.
