El director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este miércoles que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no será trasladado a su departamento para participar presencialmente en la audiencia del caso «Decretazo», programada para el 25 de julio. La decisión se basa en reportes de Inteligencia de la Policía Boliviana que advierten sobre un “alto riesgo” de disturbios si el político opositor llega a la capital cruceña.
“Los informes que hemos recibido establecen que no existen garantías para resguardar la seguridad del privado de libertad ni de los efectivos policiales”, explicó Limpias. Asimismo, señaló que esta medida cuenta con el respaldo de las autoridades del penal de Palmasola, donde actualmente se encuentra recluido Camacho.
La decisión fue tomada luego de que se evaluara el historial de conflictos registrados en Santa Cruz, donde en años anteriores se produjeron manifestaciones en apoyo al gobernador que derivaron en la quema de instituciones públicas, como la Fiscalía, y enfrentamientos con fuerzas del orden.
“No podemos actuar de manera irresponsable y exponer a un detenido ni al personal de seguridad a posibles hechos violentos”, afirmó Limpias, en referencia a los antecedentes que figuran en los informes.
Pese a esta resolución administrativa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, declaró en días pasados que “toda resolución constitucional es de cumplimiento obligatorio”, en alusión a las decisiones judiciales que autorizarían el traslado de Camacho para ejercer su derecho a la defensa.
El juicio por el caso “Decretazo” hace referencia a un proceso en el que se acusa a Camacho de haber emitido un decreto cuando ya se encontraba detenido, lo que, según la Fiscalía, habría excedido sus atribuciones legales.
La negativa al traslado ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y el respeto a los derechos de los procesados, en un contexto marcado por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones.
