En su recta final, el Senado boliviano aprobó un informe que sacude el tablero político: la solicitud de investigar a exautoridades del Gobierno de Luis Arce por su presunta implicación en el fallido levantamiento militar del 26 de junio de 2024, conocido como el “Zuñigazo”. El documento, elaborado por una comisión especial, apunta directamente al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y a otros altos funcionarios, por supuesta manipulación de los hechos y uso indebido de recursos estatales para construir una narrativa favorable al oficialismo.
El informe, de más de un centenar de páginas, detalla irregularidades como la presentación pública de detenidos sin orden judicial, la producción de un documental con fondos públicos y la obstrucción a la labor investigativa del Senado. Aunque no se hallaron pruebas concluyentes de un golpe de Estado, varios legisladores coincidieron en que el episodio fue instrumentalizado políticamente. “No fue golpe ni autogolpe, pero sí una puesta en escena que dañó la imagen del país”, afirmó la senadora Cecilia Requena.
Con este informe, el Senado concluye su gestión 2020-2025, dejando un legado de controversia y demandas de justicia. La última sesión de la Asamblea está prevista para el 31 de octubre, antes de que los nuevos legisladores asuman funciones el 8 de noviembre. El caso del “Zuñigazo” promete seguir generando repercusiones en la nueva legislatura, que deberá decidir si da curso a las investigaciones recomendadas.
