La decisión de la expareja de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, de desistir del proceso penal por violencia familiar y doméstica en su contra generó críticas en círculos políticos, que coinciden en que el Ministerio Público debe continuar con la investigación para sentar un precedente frente a quienes usan influencias políticas para evadir la justicia.
Mary Carmen C.B., la denunciante, presentó la semana pasada ante la Fiscalía de Santa Cruz un desistimiento notariado de la acusación que hizo el 18 de septiembre, indicando que “un hecho de violencia familiar que a la fecha ha quedado superado con mi ex pareja, el cual me ha pedido disculpas por todo lo sucedido y mi persona ha accedido a ese pedido”. Sin embargo, la fiscal Jessica Echeverría informó que “el caso contra el hijo del primer mandatario sigue vigente” y que la orden de aprehensión contra Arce Mosqueira permanece activa, aclarando que “por más de que la víctima desista, el caso tiene que continuar bajo el principio de deber de la Fiscalía y la Policía” y que “no es necesaria la presencia de la víctima”.
Legisladores de diferentes partidos manifestaron que existen presiones para que la víctima retire la denuncia y criticaron la demora en la ejecución de la orden de aprehensión. El diputado Enrique Urquidi (Comunidad Ciudadana) afirmó que “es una medida que busca la impunidad del señor Arce Mosqueira” y denunció que las investigaciones parecen estar siendo obstaculizadas.
Gabriela Ferrel, también diputada, sostuvo que “la justicia debe actuar de manera independiente y no obedecer a presiones políticas” y subrayó la falta de transparencia en el proceso, exigiendo que la Fiscalía continúe las indagaciones.
Desde el MAS, el diputado Santos Mamani afirmó que el caso debe seguir porque “es un hecho de orden público” y la investigación debe avanzar “hasta establecer las responsabilidades legales”, adicionalmente solicitó que se ejecute la aprehensión.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró que la Policía cumplió con todos los procedimientos y afirmó que será el Ministerio Público quien decida sobre el desistimiento, ya que “de manera formal, la Policía aún no ha sido notificada” y que se emitirán los informes necesarios una vez ocurra.
