El viceministro Gustavo Torrico alertó sobre una presunta conspiración para desestabilizar el proceso electoral mediante la destitución del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según Torrico, esta maniobra estaría siendo impulsada desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objetivo de impedir la segunda vuelta presidencial prevista para el 19 de octubre. En caso de concretarse esta acción, el gobierno de Luis Arce no esperaría hasta el 8 de noviembre para entregar el poder, sino que activaría de inmediato una sucesión constitucional, tal como establece la ley.
La denuncia penal interpuesta por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha encendido las alarmas en el Ejecutivo. Torrico considera que esta ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia para controlar el poder judicial y deslegitimar el proceso electoral. Además, acusó a actores políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de colaborar en esta campaña, que a su juicio busca prolongar mandatos y generar un vacío institucional que permita justificar medidas excepcionales.
Torrico también criticó duramente al magistrado Saucedo por su supuesta complicidad con autoridades autoprorrogadas, y denunció un boicot sistemático contra el gobierno liderado por sectores opositores. Afirmó que, de concretarse la suspensión del TSE, se eliminaría el árbitro democrático y se abriría la puerta a prórrogas en todos los niveles de gobierno. “Nos vamos por la puerta grande”, declaró, pero advirtió que si se consuma el ataque al ente electoral, el cronograma de transición podría cambiar drásticamente.
