El Tribunal Supremo Electoral (TSE) junto al Gobierno expresaron su rechazo al proyecto de ley impulsado por el senador androniquista Pedro Benjamín Vargas, que busca suspender el mandato de los actuales vocales electorales y prorrogar las funciones de las autoridades electas. Ambas entidades señalaron que dicha iniciativa atenta contra la institucionalidad democrática y amenaza el desarrollo del proceso electoral en marcha.
Óscar Hassenteufel, presidente en funciones del TSE, exigió que el proyecto sea «desechado de plano», subrayando que su oposición no se basa en intereses personales, pues su periodo está próximo a finalizar, sino en el fondo del asunto. Afirmó que tras esa propuesta hay acciones que «no guardan relación con el desarrollo democrático», durante una conferencia de prensa.
En tanto, María Nela Prada, ministra de la Presidencia, advirtió que el verdadero propósito de la ley es anular las elecciones generales previstas para el 17 de agosto y la segunda vuelta programada para el 19 de octubre. Esto con la intención de iniciar un nuevo proceso electoral que habilite al expresidente Evo Morales, a pesar de que enfrenta límites constitucionales para su participación. Declaró que la prórroga busca «habilitar a personas que no están habilitadas constitucionalmente, por ejemplo Evo Morales».
Hace pocos días, el presidente Luis Arce también se distanció de la iniciativa y afirmó que el Gobierno no está vinculado a ese proyecto, calificándolo como inconstitucional y contrario al orden democrático. En sus palabras: «Como Gobierno Nacional nos oponemos absolutamente a este proyecto de ley (…) reitero que no hay ninguna posibilidad de prórroga de mandato y que el 8 de noviembre entregaremos la Presidencia a quien la población respalde en los comicios».
Actualmente, la propuesta está en estudio en la Comisión de Constitución del Senado, que está a cargo de la senadora evista Patria Arce.
