El gobierno venezolano lanzó una costosa campaña publicitaria con afiches, mensajes y concentraciones para minimizar el impacto del aumento de la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos para la captura del presidente Nicolás Maduro.
La estrategia incluye material promocional distribuido entre funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Armada, quienes han sido convocados a participar activamente en la difusión del mensaje. Maduro ha aparecido públicamente junto a los ministros de Defensa e Interior para demostrar respaldo militar y policial.
Las autoridades venezolanas atribuyen el incremento de la recompensa a una supuesta conspiración desarticulada días antes, vinculada a la incautación de explosivos en Maturín. Paralelamente, se intensifican detenciones de dirigentes políticos y sociales para evitar manifestaciones, y se restringen las visitas a presos considerados opositores.
Entre los arrestados recientemente figura Omar Vázquez Lagonel, excomisario y dirigente sindical, quien desapareció de forma forzada en medio de un contexto de represión política. También fue detenida la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales, acusada de incitación al odio y conspiración.
Familiares de presos políticos denuncian hostigamientos y vigilancia constante, mientras organismos internacionales y defensores de derechos humanos exigen protección y liberación de los detenidos.
