Durante una visita a los centros “Renacer” y “Caminemos Juntos” en Oruro, que albergan a un total de 143 adolescentes con responsabilidades penales, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) identificó varias deficiencias en la atención y respeto a derechos fundamentales. El equipo revisó las condiciones de infraestructura y el cumplimiento de derechos en ámbitos como educación, salud y alimentación.
En el Centro de Reintegración Social “Renacer”, se encontraban 75 jóvenes varones, de los cuales 59 cumplen condenas y 16 están en detención preventiva, además de dos mujeres con medidas socioeducativas. En el Centro de Orientación “Caminemos Juntos” se atiende a 66 adolescentes de ambos sexos. La supervisión evidenció hacinamiento en áreas destinadas a varones y problemas en la infraestructura sanitaria, situación que fue reportada a la autoridad regional encargada.
Los funcionarios también conocieron que, aunque algunos adolescentes finalizaron su educación secundaria, su acceso a la educación dentro de estos centros es limitado. Además, la atención médica de emergencias no siempre es oportuna, lo que puede comprometer la salud de los internos.
Se detectó además una interpretación incorrecta por parte de las autoridades del sistema penal juvenil sobre la aplicación de medidas alternativas como la “Remisión en Sede Fiscal”, que permitiría evitar procesos judiciales en ciertos casos para proteger el desarrollo integral de los adolescentes, pero que no está siendo aplicada como corresponde.
Los resultados de la inspección fueron presentados en una reunión con representantes de diversas instituciones, incluyendo el Órgano Judicial, autoridades municipales y departamentales, Ministerio Público, Policía, servicios de salud y educación, así como la Defensoría del Pueblo. En ese espacio se acordó fortalecer la capacitación del personal y garantizar la estabilidad de los equipos que trabajan en estos centros, además de establecer mecanismos para asegurar el acceso efectivo a la justicia para estos jóvenes.
Esta supervisión se enmarca en las acciones nacionales para proteger los derechos de los adolescentes privados de libertad, conforme al Código Niña, Niño y Adolescente.
