El expresidente Jorge Tuto Quiroga manifestó este miércoles su rechazo a la posibilidad de que se designen magistrados de manera directa para cubrir las acefalías existentes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Asimismo, cuestionó la advertencia del Órgano Judicial de suspender actividades como medida de presión para exigir mayor presupuesto.
Durante una conferencia de prensa, el líder de la alianza Libre expresó su desacuerdo con un proyecto de ley que, según indicó, plantea otorgar al presidente Rodrigo Paz la facultad de nombrar autoridades judiciales de forma interina.
“Hemos visto un proyecto que circula en la Asamblea Legislativa. Hay gente del Gobierno proponiendo replicar el modelo de Evo Morales: meterle nomás y violar la Constitución”, afirmó Quiroga.
El exmandatario sostuvo que las vacancias en los altos tribunales deben resolverse respetando los procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y rechazó cualquier mecanismo que implique designaciones directas.
“La acefalía no se arregla con magistrados que no tengan legitimidad de origen y que no tengan el cumplimiento de la Constitución para ser seleccionados. Ese invento es de Evo Morales. Lo he rechazado cuando lo ha hecho Evo Morales y lo rechazamos cuando ahora intentan hacerlo”, declaró.
Quiroga reiteró que la posición de su organización política es mantener el respeto al marco constitucional y evitar prácticas que, a su criterio, se aparten de la institucionalidad.
“Nuestra posición como Libre es una sola: todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. No estuvimos disponibles para apoyar esas prácticas en el pasado ni estamos disponibles para que un gobierno que surgió de la voluntad de cambio replique acciones que fueron repudiadas en materia de justicia”, señaló.
En otro tema, el expresidente también se refirió a la posibilidad de que el Órgano Judicial lleve adelante un paro nacional para exigir atención a sus demandas presupuestarias e institucionales.
Si bien reconoció que las solicitudes relacionadas con recursos económicos pueden ser legítimas, consideró que la suspensión de funciones por parte de uno de los poderes del Estado no constituye un mecanismo adecuado.
“Entiendo la legitimidad de las demandas presupuestarias, tenemos que impulsar reformas, pero no puede un poder del Estado parar por definición. La continuidad de la función administrativa en poderes estatales está por encima de cualquier otro criterio”, sostuvo.
Finalmente, Quiroga insistió en que el funcionamiento del sistema judicial debe mantenerse de manera permanente y afirmó que las diferencias sobre el presupuesto deben resolverse mediante los canales institucionales.
“La necesidad de discutir el presupuesto está sobre la mesa con muchos otros sectores, pero el paro de un poder del Estado no es un recurso admisible en democracia”, concluyó.
