El Consejo de la Magistratura, de donde se extraviaron al menos 200 expedientes disciplinarios planteados contra jueces, vocales y personal de apoyo, avaló la designación de autoridades jurisdiccionales con antecedentes penales. Entre los observados, figuran jueces investigados por pedir soborno a ciudadanos acusados de violación y de familiares de víctimas de feminicidio.También existen familiares de magistrados y consejeros entre los jueces “designados”.Las evidencias de estas irregularidades están en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. Además, allí se incluyen testimonios de las víctimas y documentación del nombramiento de 160 jueces que implican a Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, dos consejeros suspendidos desde julio tras ser acusados, precisamente, en un caso de nepotismo.La diputada Estefanía Morales, vocal de esta entidad Legislativa, informó que durante la sesión ordinaria 37 se aprobó “por mayoría el informe alternativo que establece la prosecución de la investigación y la resolución de formalización de instrucción de sumario en contra de los consejeros Gonzalo Alcón y Dolka Gómez”. Precisó que este procedimiento se aprobó en el marco del Artículo 32 de la Ley 044 que regula el Juzgamiento de las altas autoridades del Estado.Esta norma autoriza al Comité de Ministerio Público a realizar “las investigaciones necesarias” contra los consejeros observados con miras a la propuesta acusatoria. El plazo de esta fase es de tres meses que se pueden ampliar a 30 días si el caso es complejo.El exdiputado Amilcar Barral, quien fue parte de la bancada de oposición en la legislatura 2015-2020, recordó ayer, en un contacto con esta redacción, que trabajó junto al MAS para promover esta investigación. De hecho, en el informe aparece el exdiputado Víctor Borda. El reporte preliminar CMPDLE 11/2019-2020, que plantea la imputación contra esas autoridades “por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales”, fue aprobado por unanimidad por la Comisión poco antes de que concluya la legislatura.Barral señaló que hubo un intento de archivar este caso cuando “llegaron los nuevos diputados del MAS” a fines de 2020. El exlegislador cree que los consejeros señalados tuvieron la intención de sobornar a los legisladores.El informe preliminar señala nombramientos irregulares de ciudadanos que fueron sentenciados como el caso del juez de instrucción en Cochabamba Wilson GS P con la condena 47/2019 de 30 de julio de 2019. También existen testimonios de familiares de víctimas de feminicidios como el caso que involucra al abogado Freddy GCh, actualmente procesado por la vía penal en El Alto.“Hay un buen grupo de jueces que han sido nombrados con antecedentes penales, jueces que estaban con detención domiciliaria por haber sido encontrados recibiendo dinero de personas que habían violado y otros delitos. Los testimonios están en la comisión y es el resultado de un trabajo de opositores y oficialistas de la gestión pasada”, afirmó Barral, quien sospecha que la desaparición de expedientes disciplinarios involucra a los consejeros procesados.Alcón y Gómez fueron cesados de sus funciones por orden de la Sala Constitucional Segunda de La Paz con la resolución 150/2021, por haber incurrido en incompatibilidades de funciones.El consejero Melvin Molina explicó que se verificó casos de nepotismo porque el esposo de Dolka Gómez es juez del Trabajo en Santa Cruz y el hermano de Gonzalo Alcón es juez del Distrito Judicial en La Paz. Además, Alcón, antes de ser elegido como consejero del Consejo de la Magistratura, fue comandante de la Armada Boliviana en 2013. En esa condición tuvo estrecho contacto con el expresidente Evo Morales.El diputado Renán Cabezas (MAS), presidente de la Comisión de Constitución, reveló que existen varios procesos legales planteados contra estos consejeros. “Ellos están suspendidos y en ese marco se están encaminando los procesos planteados en su contra”.El ministro de Justicia, Iván Lima, había observado la designación de unos 140 jueces a finales de 2020. EL DEBER lo contactó ayer para conocer la postura del Gobierno, pero indicó que estaba atendiendo obligaciones de su despacho. No obstante, el ministro remarcó el fin de semana que su prioridad era la reforma judicial que incluye contar con jueces probos y lamentó la anulación del último examen para la Escuela de Jueces, precisamente, por un tema de transparencia.
Magistratura avaló a jueces con sentencia y acusados de sobornos
