En 15 años YPFB aportó Bs 3.122 millones al bono Juancito Pinto

Los recursos económicos que genera la estatal petrolera favorecen a los estudiantes bolivianos. Desde la vigencia de la nacionalización de los hidrocarburos, YPFB destinó Bs 3.122 millones para pagar el bono Juancito Pinto, beneficio que llega a estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio de primaria y secundaria del país.Sobre el tema, el presidente de YPFB, Wilson Zelaya, destacó el aporte de esta empresa de los bolivianos en el pago de este beneficio, ya que esta institución “trabaja por el desarrollo del Estado, y también para beneficio de los sectores más vulnerables, como son los niños y jóvenes estudiantes del país. Como la primera empresa productiva del Estado, nos debemos a la sociedad boliviana, así lo hemos demostrado a lo largo de la historia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos”.El total destinado por el Estado al pago del bono incentivo para los estudiantes de colegio, este año asciende a Bs 486.163.000. De este monto, YPFB aporta con Bs 220 millones, lo que equivale al 45,25%. El monto señalado incluye los saldos no ejecutados de la gestión 2020, que se pagarán en esta oportunidad y que llegan a los Bs 19.158.600.EL DECRETODe acuerdo al Decreto Supremo 4606 son 25 las fuentes de financiamiento. La institución que más aporta este año es YPFB, le sigue la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), sólo por citar los más grandes.El Decreto Supremo 28899/2006 instituyó el subsidio de incentivo de Bs 200 a la permanencia escolar denominado “Bono Juancito Pinto” en el marco de la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario del Plan Nacional de Desarrollo.Tiene el objetivo de incentivar la matrícula, permanencia y culminación del año escolar de los niños y niñas en los ciclos primaria y secundaria, en las unidades educativas públicas de todo el territorio nacional.Los recursos transferidos a los beneficiarios, de acuerdo a la experiencia observada en más de quince años de vigencia, alivian los costos indirectos de la educación pública, tales como el transporte y la adquisición de útiles escolares.